Nuevamente, María Clemencia Mayorga Ramírez vocera de la Sociedad Colombiana de Pediatría, vuelve a ser noticia, pero como siempre, por sus polémicas actuaciones que van en contravía de sus principios como defensora de los derechos a la salud y a la vida digna, que dice ser.
Recientemente se descubrió que, mientras Mayorga Ramírez funge como magistrada del Tribunal Seccional de Ética Médica de Bogotá, realiza, simultaneamente, una intensa actividad político partidista contra el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.
La pediatra fue sorprendida, junto con el catedrático y exsecretario de salud de Bogotá, Román Vega, recolectando firmas para revocar al mandatario de la capital, en una actividad que deja muy mal parado al gremio de pediatras, teniendo en cuenta que sus acciones sobredimensionadas se desbordan de su objetivo principal, que, en este caso, es velar por la salud de los bogotanos.
Tras observar los evidentes intereses de la doctora Mayorga, los ciudadanos de a pie se preguntan ¿cuál es la neutralidad y objetividad de un magistrado del Tribunal de Ética Médica que abiertamente asume posiciones políticas a favor de un partido y en contra de un gobierno?
Desde todo punto de vista, resulta cuestionable que en esta respetada y honorable corporación tenga cabida una persona, que, como Clemencia Mayorga, ha perdido credibilidad por sus reiteradas salidas en falso, desinformando a la opinión pública, filtrando reportes amañados e incorrectos, con los que solamente busca confundir y crear caos.
De acuerdo a la Ley 23 de 1981, en su artículo 65, establece que para ser miembro del Tribunal de Ética Médica se requiere que sus miembros “gocen de reconocida solvencia moral o idoneidad profesional”. Igualmente, dentro de sus funciones, deben “mantener actitudes éticas, morales, de cortesía y protocolo en todas las actuaciones individuales, acordes con su dignidad de magistrado”.
A todas luces, la pediatra Clemencia Mayorga incumple con las normas mínimas de comportamiento, en su condición de profesional de la salud, convirtiéndose en un mal ejemplo para la nueva y amplia generación de médicos, que aguardan por una oportunidad de servicio en la red de salud pública del distrito.
En consecuencia, no es descabellado pensar que su reprochable conducta sea resultado de una especie de represalia por su salida de la Secretaría de Salud, dentro de un plan de reorganización que ha venido adelantando la actual administración y al que ella siempre se opuso.
María Clemencia Mayorga se ha caracterizado por ser una mujer de ideología de izquierda; fue presidenta del Sindicato Nacional de Pediatras de Colombia (Sicolped) y en ocasiones aprovechó ese cargo para atacar a los medios de comunicación por estar en desacuerdo con la manera como tratan los temas médicos.
Queda entonces, como reflexión para el gremio médico, considerar si se siente tratado de manera objetiva e imparcial por una juez que, como ella, claramente antepone sus intereses políticos y partidistas personales, en descredito de la dignidad que implica ser miembro de un tribunal de ética.
En conclusión, moral y éticamente, la pediatra Clemencia Mayorga Ramírez está impedida para seguir ejerciendo su cargo como magistrada, y debe renunciar al Tribunal de Ética Médica.
