La escasa participación política de la mujer

1 de junio del 2011

La Constitución de 1991 recogió y consolidó las reivindicaciones que durante años habían sido fruto de la lucha de las mujeres por sus derechos civiles y políticos. El respeto por la dignidad humana de las mujeres tiene reconocimiento expreso en el texto constitucional (artículos 13, 40 y 43) lo que constituye sin duda un paso enorme, cuando la entidad de persona y de ciudadanía de las mujeres fue puesta en duda por siglos. Es preciso resaltar que en el lenguaje mismo de la Constitución se habla de los derechos de las “personas”, palabra neutra que abarca a todas las de la especie humana.

Dado el sentido pluralista de la Constitución Política, ésta ordena a las autoridades garantizar la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública. La única normatividad expedida en desarrollo de este artículo constitucional – 40 – es la Ley de Cuotas (581 de 2000), la cual se quedó corta al exigir un mínimo de participación de la mujer en cargos decisorios de la administración pública de solo el 30 por ciento, cuando más de la mitad de la población del país son mujeres y cuando el nivel de preparación en las distintas profesiones es similar o mayor al del hombre.

Aunque la Constitución tiene un fuerte arraigo liberal, al establecer el artículo 13 la igualdad de todas las personas ante la ley, a continuación dispone que “el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados”. Esta norma que es pilar del Estado social de derecho ha dado lugar a importantes desarrollos jurisprudenciales donde se justifica ampliamente la “discriminación positiva” por parte del Estado en relación con grupos minoritarios o vulnerables, a través de leyes, como la ley de cuotas,  que busca favorecer la participación política y en las instancias decisorias, de las mujeres.

Aunque en la Rama Ejecutiva a nivel nacional ha habido alguna participación -en la actualidad hay 5 mujeres entre 13 miembros del gabinete ministerial-, a nivel territorial su presencia ha sido muy pobre: entre 2001 y 20 03, 2 de 32 gobernadores eran mujeres y solo el 7 por ciento eran alcaldesas; entre 2004 y 2007 solo hubo una gobernadora, un 7 por ciento de mujeres en alcaldías, un 13 por ciento en concejos municipales y 16 por ciento en asambleas; en la actualidad hay una sola gobernadora (en Córdoba) y 99 alcaldesas correspondientes al 9 por ciento.

En la Rama Judicial la situación es dramática: una sola mujer en la Corte Constitucional entre 9 Magistrados, 3 en la Corte Suprema entre 23, 9 en el Consejo de Estado entre 27 Magistrados y 2 mujeres en el Consejo Superior de la Judicatura entre 13. En estos niveles de la justicia lo mejor para un mayor acceso de las mujeres sería la designación por méritos, porque ella permitiría que muchas mujeres que tienen una larga trayectoria como jueces y magistradas de los tribunales, o que cuentan con títulos académicos y trayectorias profesionales importantes, lograran llegar a las corporaciones judiciales.

Ahora bien, debe reconocerse que se ha presentado un efecto multiplicador en todo tipo de espacios de representación, al abrir la posibilidad a la mujer de hacer presencia en ellos: sindicatos, organizaciones territoriales, juntas de acción comunal, directivas universitarias etc. Y en el momento actual se cuenta con una Contralora General y una Fiscal General de la Nación.

Las mujeres están en igualdad de condiciones para ser elegidas, bajo el punto de vista formal. Pero, al igual que en muchos países, “los costos cada vez más elevados de las campañas electorales prácticamente imposibilitan que sea electo/a un/a ciudadano o ciudadana que no cuente con el aparato de grandes partidos políticos o con respaldo financiero personal” (Bareiro, Line, Riquelme Jane C., 1997:4) Ello hace que sea extremadamente difícil para una mujer sustituir a un hombre que detenta un escaño en el Congreso y que por su posición puede lograr financiación. Con el agravante en el caso de Colombia de la presencia en la política del poder paramilitar mafioso y del narcotráfico que han llevado al Legislativo a tener un alto porcentaje de personas, tanto hombres como algunas mujeres, afines a esos grupos y a sus prácticas, contrarios al interés de la sociedad.

En el Congreso de la República la presencia de mujeres es paupérrima: para el período 2002-2006, el 9,8 por ciento de los senadores  elegidos fueron  mujeres, y en la Cámara el 12,6 por ciento. En el período 2006-2010 el porcentaje de senadoras se elevó al 12 por ciento, pero el de representantes mujeres cayó al 8,4 por  ciento. Y en el actual período el porcentaje está en 16 por ciento en el Senado y en 12 por ciento en la Cámara. Se puede decir que desde que las mujeres empezaron a incursionar en el Congreso, su participación se ha mantenido similar. Y es que no hay un solo partido político comprometido con la participación política de las mujeres, como sucede en los países europeos.

Es un tema que debe revisarse mediante una legislación acorde con las tendencias internacionales y tener una actitud creativa como por ejemplo que el Estado conceda estímulos a los partidos que efectivamente logren escaños ocupados por mujeres en los cuerpos de elección popular.

Con la escasa participación política de la mujer, Colombia se encuentra entre los países más rezagados – 113 entre 134 -, en el mismo lugar del Congo, según Florence Thomas, perdiendo además la oportunidad de contar con los inmensos aportes de la mujer en las decisiones públicas.

* Los comentarios, textos, investigaciones, reportajes, escritos y demás productos de los columnistas y colaboradores de Kienyke.com, no comprometen ni vinculan bajo ninguna responsabilidad a la sociedad comercial controlante del medio de comunicación, ni a su editor, toda vez que en el libre desarrollo de su profesión, pueden tener opiniones que no necesariamente están acorde a la política y posición del portal.

Ver comentarios
KONTINÚA LEYENDO