La ley de tierras: ¡que ponencias vergonzosas!

11 de enero del 2011

El proyecto de ley de víctimas, o de “normas transicionales para la restitución de tierras”, va camino a convertirse en el desastre legislativo más grande de todos los tiempos.

Lo que sucede con esa iniciativa en el Congreso es aterrador y, en torno suyo existe, antes que discrepancias espontáneas, profundas diferencias de visión que lo convierten en un ejercicio destinado a la frustración. Se ha dicho que cuando no hay buenas soluciones, es muy mala idea elegir entre dos males. Tal vez en este caso, por una irremediable insensatez, estamos participando en una farsa de solución.

Es un desafío abordar ese tema de la “restitución de tierras”: exige claridad política para definir el rumbo de una iniciativa tan excepcional y exige profesionalismo legal, pues hay que excepcionar normas centenarias.  A esos dos elementos se suma otro decisivo: congresistas ponentes dispuestos a escucharse entre sí, y a escuchar a los demás.

En los “debates” a esa iniciativa no están participando las personas con más experiencia, seguramente por miedo a expresar sus opiniones en ese ambiente de estigmatización que se han creado en el Capitolio. Quienes participan en esas discusiones tampoco están dedicando tiempo al detalle de ese ‘Frankenstein’ normativo. Y es seguro que los parlamentarios tampoco tienen suficiente información, datos precisos y números seguros en los que deberían basar sus análisis para normas de tamaña factura. Deja mucho qué desear la ligereza con la cual se usan conceptos tan decisivos a nivel político y legal, y preocupa la escasa reflexión sobre las consecuencias de las normas que al parecer se van a aprobar.

Las diferencias de opinión, en cualquier aspecto, son naturales y deseables, y convenimos en que los desacuerdos pueden ayudar a lograr decisiones. Pero en torno al tema de “restitución de tierras” las objeciones son fundamentales y los desacuerdos se enfocan en el punto principal, en la esencia de la propuesta.

Quienes dicen representar a las víctimas (Colectivo de Abogados y Mesa Nacional de Víctimas) afirman que el proyecto no es acorde con los parámetros internacionales, ignora la existencia del “conflicto armado”, no reconoce la condición de víctima a los desplazados y no garantiza la restitución de territorios colectivos a comunidades negras e indígenas. En fin, insisten en que no hay consenso ni consultas técnicas ni mecanismos de restitución plena y oportuna. Los más ‘filigranudos’ echan de menos que no existe un enfoque diferencial  para “poblaciones de especial protección constitucional” y afirman que se deja al Gobierno la reglamentación de aspectos “centrales”. Es decir, que para que podamos hablar de reparación es necesario incluir medidas de “indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición”.

En otra orilla del río están voces que representan tendencias políticas conservadoras, columnistas de diversa estirpe, profesores universitarios. No se cansan de decir que la iniciativa es inútil en generación de ingresos para los beneficiarios, que es propicia a los oportunistas que desean un título para venderlo sin lograr el efecto del retorno a las parcelas e, incluso, genera parálisis de la agricultura y la ganadería porque nadie se atreve ya a invertir un peso en una finca “que no (se) sabrá en manos de quién quedará”. Algunos calculan que vale 80 billones (¡40.000 millones de dólares!), otros dicen que 40 billones y la mayoría no sabe a ciencia cierta lo que va a costar. No falta quien afirme que puede ser un nuevo peligro para la paz pues “el 70% de los desplazados no posee ningún título para acreditar sus derechos” por lo que “debe probarlos con base en discutibles testimonios de terceros”. Y, que en pos de las buenas intenciones, se terminará reemplazando a unos desplazados por otros.

Y a esos desacuerdos se suma un hecho de gran relevancia: la mala calidad de las ponencias de ese proyecto de ley, su pésima factura lógica, su mala redacción, la mescolanza de criterio que las permea: no se sabe qué significa “conflicto armado interno” ni “satisfacción integral”, “justicia transicional” (aunque “no implica una transición propiamente dicha”, o sea que hay una transición que no se sabe para dónde va) o “actores armados”. Aparecen juicios de valor muy primarios a lo largo y ancho de esos papeles legislativos, no hay una definición de “víctima” (lo cual se terminará definiendo en una sentencia de aquellas), el victimario no aparece por ningún lado (es más, desaparece, porque la “atención y reparación se hará con independencia del agente perpetrador”), lugares comunes y cifras sacadas del sombrero.

¿Cómo así que en una ponencia se expresa “solidaridad con las víctimas del conflicto”? ¿Qué intención se esconde detrás de esa humanitaria afirmación? Pero aún más: no hemos podido saber si los tugurios urbanos entran o no en las violaciones manifiestas del derecho internacional humanitario. ¿Y cómo así que “es muy difícil presumir la buena fe en las regiones conflictivas”?

En esas ponencias, además, hay temas legales estudiados con el rigor de un tinterillo, como el valor normativo de los muy sonados “estándares internacionales de justicia transicional”, o la tal “inversión de la carga de la prueba” por aquello de la presunción de ausencia de consentimiento (de dudoso futuro constitucional), o la desaparición de la idea de que la reparación debe ser por “violaciones manifiestas”. O qué tal esto: “el proyecto de ley no matiza la condición de víctima bajo ninguna circunstancia sino que, a la inversa, reconoce y acepta el sufrimiento y menoscabo de derechos”. Carreta. Paja.

Ni qué decir de los errores de redacción, de sintaxis y de ortografía, y de esos retazos de capítulos pegados sin criterio. A estos ponentes, como a Víctor Frankenstein, los perseguirá la sombra de su creación toda su vida.

Y en esta Torre de Babel todos quieren alcanzar el cielo de una ley de restitución hablando idiomas incomprensibles. No hay quien haga el consenso. La mayoría de los congresistas no entienden el problema. Nadie sigue lo que hablan los demás. Los mejores se abstienen de contribuir con sus ideas y conocimiento y nadie explica su posición claramente, como no sea para hacer farándula. Hay actitudes competitivas en falsas solidaridades sociales y miedo a expresar ideas y opiniones. Quienes no apoyen el Frankenstein serán calificados de victimarios. Las objeciones son mal vistas y no hay clima para propuestas de cambio. ¡Qué ponencias vergonzosas!

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