La piedra de escándalo

La piedra de escándalo

7 de enero del 2017

Wikipedia define la palabra escándalo como “un incidente ampliamente publicitado que incluye acusaciones de proceder incorrecto, degradación o inmoralidad”. Para la Real Academia de la Lengua Española la atribuye a “un hecho considerado inmoral o condenable y que causan indignación y gran impacto públicos”. Traemos a colación estas dos acepciones de la palabra escándalo para contextualizar lo acaecido en la población de Conejo (Municipio de Fonseca) en La Guajira el pasado fin de año en la Zona de pre-agrupamiento de las FARC.

Allí como en todo el país se festejaba el fin del año 2016 y el llegada del nuevo año 2017, pero sobre todo se celebraba alborozadamente el fin de un conflicto armado que ha asolado al país por espacio de más de 50 años y fue en ese ambiente festivo y distensionado en el que hacían parte de la Misión de Verificación de la ONU presentes en el sitio accedieron a bailar con integrantes de las FARC. Es una verdad de a puño que la paz se construye desde los territorios y cada uno de estos tienen sus peculiaridades y quienes las habitan su propia idiosincrasia. En el Caribe colombiano bailar no comporta la connotación de intimidad que pueden darle en otras latitudes, así de claro y sencillo.

En este contexto vemos en este incidente intrascendente y frívolo nada incorrecto, degradado o inmoral condenable o que sea motivo de indignación ciudadana, como para desatar una tormenta en un vaso de agua. La revelación del video que sirvió de piedra de escándalo dio pie para magnificar este hecho, que no tiene por que empañar el proceso en curso del establecimiento de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) para la dejación de armas por parte de las FARC, derivando en la separación por parte de las Naciones Unidas de quienes siendo parte de la Misión se vieron involucrados en este enojoso episodio. Esta medida nos parece desproporcionada y sienta un precedente funesto, porque muy seguramente situaciones como estas se van a repetir en el decurso del proceso, seguirán apareciendo más fotos y videos tan “comprometedores” como el de Conejo. Entonces, de dárseles este mismo tratamiento se estaría minando la confianza entre las partes, tan indispensable para el buen suceso del mismo.

Así como recientemente el Gobernador de Antioquia Luis Pérez y el Alto Comisionado para la Paz demandaron de las FARC el cumplimiento del Acuerdo Final y de los protocolos para su implementación, es bueno precaver que hacia el futuro hechos como este, que pueden llegar a presentarse, dado que las autoridades civiles y de policía deberán interactuar allí con los integrantes de las FARC, no vayan a poner en riesgo la continuidad del proceso. Ello, para evitar que los enemigos agazapados de la paz le sigan metiendo palos en las ruedas para impedir que se construya confianza entre las partes y así poder construir la paz estable y duradera que todos anhelamos.

No hay que perder de vista que este proceso es único en su género en el mundo, es inédito y por ello mismo su implementación se está dando haciendo camino al andar, lo cual explica los contratiempos que se han venido presentando con la logística indispensable para habilitar las zonas de pre-agrupamiento primero y las zonas veredales transitorias después. Pero en donde hay voluntad hay caminos y todos los inconvenientes y los entuertos que se han ido presentando se han ido superando con éxito y eso es lo más importante. Se impone el consejo del escritor español Miguel de Unamuno: hay que tener cabeza fría y corazón caliente, para poder abrirle camino a la concordia y a la reconciliación en medio de la crispación que embarga al país y la hiperestesia colectiva que lo obnubila.

Y a este propósito, resulta de la mayor conveniencia apretar el paso para la puesta en marcha la estrategia de corresponsabilidad entre Nación y territorios de la política pública atinente a la atención y reparación integral de las víctimas del conflicto (Decreto 2460 de 2015), que estuvieron en el centro de las negociaciones y ahora deben estarlo en la implementación de los acuerdos. Esta es una de esas responsabilidades que la Nación endosó a los departamentos, pero sin asignarle los recursos necesarios y suficientes para asumirla. Se deberan arbitrar oportunamente para no postergar por más tiempo su cabal cumplimiento, que entraña, como lo está exigiendo la Procuraduría General de la Nación desde ya a los gobernadores, la oferta institucional para asegurarle a las víctimas el goce efectivo de sus derechos fundamentales. En el mismo sentido se había pronunciado la Corte Constitucional mediante la sentencia T-025 de 2004 y el auto de seguimiento a la misma 373 de agosto de 2016.

 

Medellín, enero 7 de 2017

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