La prensa y la justicia

2 de junio del 2011

Con excepción del narcotráfico, la mayoría de los sucesos que aquí son noticia se perciben desde afuera con relativa apatía. Pero en Colombia padecemos delirio de importancia global; siempre creemos que el mundo nos observa y nos censura o aplaude. Somos proclives al escándalo y escarnio público; esa tendencia traza una dinámica cotidiana tipo “montaña rusa” que hace imposible el tedio y alimenta la sostenibilidad de medios de prensa fuertes que, gracias a su robustez, denuncian sin miedo y ejercen una vigilancia crucial.

Pero ese papel fiscalizador ha excedido su ámbito natural y las barreras de la ética periodística. En parte por culpa del estado, incapaz de implementar una política criminal exitosa. A partir de esa falencia, cada periodista colombiano se ha vuelto una encarnación potencial de Bob Woodward y Carl Bernstein. La prensa ha llenado parcialmente el vacio investigativo, pero también ha sufrido la embriaguez que causa no ser el órgano adecuado para digerir el inmenso poder de señalar, acusar y derrumbar castillos. Entretanto, se ha perdido de vista que así como editores, redactores y reporteros tienen la convicción honesta de tener una misión, las empresas de prensa contemporáneas tienen el objeto de ser influyentes y tener éxito comercial.

La influencia y la pauta compiten con la información veraz como combustible y finalidad de unos medios que forzosamente precisan incluirse en los hábitos del público para acceder a la inmensa torta económica de la publicidad. Por eso, y no solo por ser guardianes de la cosa pública, los gerentes apremian a los directores para “mejorar contenidos” y estos hincan espuelas a los editores, que a su vez lanzan sus sabuesos a la caza de temas que detonen escándalos para atrapar la atención del público. Es necesario reconocer que generalmente se trata de denuncias con sustento, pero muchas de ellas, que en otro país causarían silenciosas investigaciones judiciales, aquí son pan de cada día, horneado por la unión de hecho prensa-poder judicial.

Los medios denuncian, Los fiscales investigan, filtran información a la prensa, ésta entrevista y vapulea a los implicados, y lo dicho engrosa los expedientes. Se publican grabaciones -tan ilegales como las del DAS- sin reparar cuánto ultraje la intimidad, y se pega todo el mundo morbosamente de revistas, periódicos y noticieros, que tienen como fuente hasta los servicios secretos extranjeros que operan en el país. Ya montado el tinglado mediático-judicial, los jueces quedan conminados ante la opinión pública a tener que condenar, con pruebas o sin ellas, en un país que entiende como justicia solo el condenar y encarcelar.

Durante esa tragedia, el público goza, insulta por internet, participa en programas de radio, y clama ansioso para que el juez baje su pulgar de modo que el gladio de la justicia se clave en la carne del caído, mientras revistas, canales y periódicos se llenan de la publicidad que colma las arcas de sus dueños.

La divulgación de conversaciones ilegalmente grabadas, ilustra el desafuero de la prensa: Desde el caso del miti-miti hasta la parapolítica, los medios publicaron conversaciones, sin tener que explicar cómo las obtuvieron, amparados en una tesis elemental, debía privilegiarse la necesidad pública de conocer la gravedad de los contenidos. Esa noción avasalló la ilegalidad de las grabaciones y circularon todo tipo de conversaciones. Bastaba el prestigio del medio para darles credibilidad; tanto, que terminaron elevando la mera publicación a la categoría de indicio y prueba subsidiaria.

Pero apareció el hallazgo de cientos de horas de grabación a los magistrados, y ¡Oh sorpresa! La ética periodística dio un viraje; súbitamente los contenidos dejaron de ser lo malo, pues se trataba de conversaciones privadas del máximo órgano del poder judicial, fuente y materia prima de los escándalos periodísticos; eran ilegales, y en ese caso sí debía prevalecer la intimidad personal.

Ni una sola conversación fue publicada. ¡Imposible! ¡Se violaban derechos fundamentales! Y la prensa siempre recia para denunciar, se tragó los contenidos. Sabrá Dios cuánto había de exégesis jurídica y cuanto de indigestión política en los diálogos de los máximos jueces. Pero en su caso, lo malo no fue el contenido, sino el grabador, y estalló el escándalo del DAS, que bajo los mismos parámetros clausuraría al Mossad, la CIA, el Mi6, o cualquier agencia de inteligencia estratégica del mundo.

La justicia ganaría si volviera a la solemnidad del silencio con resultados, a producir fallos basados en acervos probatorios sin fisuras ni filtraciones, a despojarse del ego mediático y apegarse a una prudente imparcialidad que asegure nuestros derechos fundamentales, con énfasis obsesivo en el artículo 29 de nuestra carta magna, epicentro de su vocación garantista.

Y la prensa tendría que “sincerarse”, establecer filtros, y elevar las barreras éticas. De lo contrario no quedará títere con cabeza, porque nadie está exento de ser presa de sus necesidades de escándalo. E influye el ánimo de lucro, pero no menos la vanidad de algunos comunicadores y columnistas que denunciando y especulando van llegando a confines de gloria jamás soñados; han sacado a la luz delitos reales, pero también han perpetrado irremediables canalladas simulando ser implacables mientras cosechan grandes réditos personales.

Esta verdad que disgustará a algunos, y sobre la que no eludo un debate que empiece por desechar la trivialidad de descalificarme, la entendí perfectamente un día que reclamé inconforme al dueño de un medio por una publicación tendenciosa. Este toleró paciente mis reparos, pero al rato me dijo con gran franqueza: “Mira, tu y yo somos amigos y tienes razón, pero se sale de mis manos, entiéndeme, yo aquí soy dueño es de lo que produzca esto…”

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De otro tema: Quienes entendieron la libertad de Bernardo Moreno como un revés para la Fiscal General se equivocan. Ella cumplió su papel pidiendo asegurar. El Magistrado Luis Fernando Ramírez optó por no encarcelar, aunque vaya a ser juzgado. Esa valerosa decisión restableció en Colombia el pisoteado Principio de Presunción de Inocencia. Para una constitucionalista integral como Viviane Morales, ése también es un triunfo. Por algo no apeló.

Twitter: @sergioaraujoc

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