La prueba de fuego de los avales

EL 25 de julio es la fecha límite. Ese día se cierran las inscripciones de candidatos a las elecciones territoriales que han de realizarse el próximo 25 de octubre. Ese día sabremos cuantos de los políticos comprometidos en actividades ilegales y criminales pasaron la prueba del control de los partidos políticos, lograron controlarlos o mantuvieron su influencia en ellos. También sabremos cuantos y quienes tuvieron éxito en la recolección de firmas para empaquetarse bajo el rótulo de “movimientos significativos de ciudadanos”, que en esta elección suman la cifra récord de 810. Dos grandes escándalos en la historia reciente del país pusieron al descubierto la fragilidad de nuestro sistema político ante fenómenos ilegales y criminales. Fragilidad construida en una larga tradición de clientelismo, gamonalismo y patrimonialismo promovida y practicada sempiternamente por nuestras élites políticas. El denominado “proceso ocho mil” constituyó la más grande operación de penetración de la mafia en la política colombiana. Y luego la parapolítica reveló la más macabra articulación de estructuras políticas, bandas armadas de derecha y economías ilegales, de la que hayamos tenido noticia. Como casi siempre en este asunto hemos actuado detrás de los acontecimientos. Resultado de las investigaciones de organizaciones civiles, de las denuncias y debates públicos, el Congreso de la República expidió la ley 1475 del 2011, otra de las tantas reformas políticas después de la Constitución de 1991. En ella se establece que “los Partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos de elección popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos...” Es lo que en el argot electoral se denominan “los avales”. Pero la Ley advierte que se constituyen en faltas imputables a los directivos de los partidos “inscribir candidatos que no reúnan los requisitos y calidades, se encuentren incursos en causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad  o hayan sido condenados o llegaran a serlo durante el periodo para el cual resultaren elegidos, por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, narcotráfico, contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad”. Pero aun así, buena parte de los Partidos han mostrado su verdadero talante ético y el tamaño de su compromiso con el destierro de la ilegalidad en la política con el ejercicio del otorgamiento de avales para los próximos comicios. Porque aunque se cuidan en cumplir la ley, poco parece importarles si se convierten en fábrica de avales o si los candidatos avalados, aunque estén limpios penal, fiscal o disciplinariamente, tengan vínculos directos con estructuras ilegales. Los casos de Oneida Pinto candidata avalada por Cambio Radical a la Gobernación de La Guajira a pesar de sus evidentes vínculos con el detenido Kiko Gómez, o los de Didier Tavera en Santander o Luis Pérez en Antioquia avalados por el Partido Liberal son apenas el comienzo de la feria de candidatos cuestionados que estamos a punto de presenciar. La Fundación Paz y Reconciliación ha identificado 140 candidatos de dudosa condición ética en 19 departamentos, de los cuales el 78% tienen altas probabilidades de ser elegidos. En una lectura de contexto, esta organización tipificó estos “candidatos criminalizados” en cuatro grupos: los herederos de la parapolítica, los vinculados a organizaciones criminales o mafiosas, los que fueron alguna vez condenados por la Contraloría, la Procuraduría o la Fiscalía, y los vinculados a redes de contratistas. Los Partidos tienen la primera responsabilidad en la limpieza de la actividad pública. Más allá de cumplir un marco legal que sigue mostrando sus límites, el otorgamiento de los avales constituye una oportunidad de oro para recuperar un poco de la confianza ciudadana que han perdido con toda razón. Y con  ello ayudar a enaltecer su propio oficio.