La seguridad personal ¿un derecho fundamental?

24 de marzo del 2011

En Colombia, el tema de la seguridad y la defensa es pan de todos los días. No hay un noticiero o periódico que deje de informar sobre el conflicto armado y el aumento de las cifras de criminalidad en los departamentos y municipios del país. Sin embargo, la seguridad va más allá de acciones militares y de policía, ésta se fundamenta en la obligación del Estado por crear, mantener y garantizar las condiciones esenciales en las que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y libertades.

El problema surge cuando el Estado es incapaz de garantizar la seguridad de sus nacionales, lo que es evidente cuando son víctimas de situaciones que atentan contra su vida, integridad, libertad y patrimonio. Más grave aún, en los casos en los que algunas personas se ven forzadas a soportar un riesgo mayor al que jurídicamente están obligados, es decir, riesgos excepcionales, extremos o consumados; circunstancias que configuran el derecho a la seguridad personal reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos y ratificado en la Sentencia T-719/03 de la Corte Constitucional que lo elevó a  derecho fundamental.

No obstante, en Colombia más que un derecho fundamental pareciera que la seguridad personal es una concesión del Estado, pues a pesar de contar con programas de protección a víctimas y testigos a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación, no existe una política pública en materia de seguridad personal que permita articular los esfuerzos del Gobierno desde un enfoque preventivo y garantizar una protección efectiva y acorde con el contexto de sus posibles beneficiarios.

Históricamente, la respuesta del Estado ha sido deficiente y coyuntural, el derecho a la seguridad personal se ha manejado de forma reactiva y las acciones son “pañitos de agua tibia”  en momentos críticos, pero carentes de una adecuada planeación en el largo plazo que permita a quienes invocan este derecho sentirse respaldados por el Estado colombiano.

Ejemplos del costo de no formular una política pública de seguridad personal hay muchos,  los más dolorosos son los que causan la muerte de cientos de colombianos. El más reciente es el homicidio la de la jueza Gloria Constanza Gaona, encargada de llevar el caso de la violación y homicidio de tres niños en Tame, Arauca a manos de un teniente del Ejército Nacional y otros procesos relacionados con hechos cometidos por integrantes de las guerrillas de las Farc y el ELN.

Las autoridades afirman que sobre la jueza Gaona no pesaban amenazas que pusieran en peligro su vida e integridad personal, pero que aún así contaba con una medida de protección denominada Plan Padrino, que se ofrece a algunos funcionarios judiciales, y está a cargo de la Policía Nacional, medida que consiste en la designación de un uniformado responsable de comunicarse constantemente con el beneficiario para monitorear su seguridad.

Estas declaraciones hacen pensar que la seguridad personal es un favor que hace el Estado a unos pocos, sin tener en cuenta que situaciones como la de la Juez ameritaban que se realizara un estudio de seguridad que permitiera la asignación de medidas de protección acordes al riesgo que podía correr una persona a cargo de temas tan delicados.

Este caso deja varios interrogantes: ¿Cómo es posible hablar de justicia en un país en el que los funcionarios judiciales no cuentan con las garantías de seguridad para desarrollar sus funciones, y más en procesos tan sensibles como los que estaban a cargo la jueza Gaona? ¿cuántas vidas más se perderán para que el Estado formule una política pública de seguridad personal que garantice la vida, integridad y libertad de las personas con niveles de riesgo extraordinarios?  No lo sé, pero si sé que esa no es la esencia de un Estado Social de Derecho, como dice ser Colombia en el artículo primero de la Constitución Nacional.

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