La SIC y su rentabilidad social

26 de febrero del 2018

Opinión de Alexis Faruth Perea.

La SIC y su rentabilidad social

Una de las entidades públicas que ha adquirido mayor protagonismo en el país en los últimos 5 años ha sido la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La cual ha colocado la palabra “cartel” en la mente de los colombianos para distinguir con ella acuerdos desarrollados en distintos sectores por empresas que afectan un importante valor social como la competencia. Se habla así, del cartel de los pañales, el de la seguridad, el de las
frutas, el de la contratación o del cemento.

En este sentido, la SIC se ha ganado la confianza del ciudadano de a pie quien ve en ella una entidad que defiende sus intereses bien sea directamente, a través de la protección de los derechos del consumidor, logrando en los últimos años que estos vean que importantes jugadores del mercado los miran con respeto, como de forma indirecta mediante la protección de la competencia, la que en últimas es una forma de protegerlos pues con ella se logra que tengamos acceso a más bienes a menores precios.

Pero sin duda, para lograr este fenómeno han intervenido, a mi juicio, varios factores a saber:

1. La decisión política del actual Superintendente Robledo, que ha cumplido con su deber sin ceder frente a las presiones y la politiquería.

2. La nuevas leyes de competencia y consumo. En efecto, las leyes 1340/09 y 1480/11 dieron herramientas importantes a la entidad al consagrarla como la autoridad única de competencia (con sus excepciones) y como supervisor y juez en materia de consumo;

3. El fortalecimiento institucional. La SIC desde el año 2012 ha venido en un proceso de fortalecimiento institucional notable, contando en la actualidad con más funcionarios que antes de dicho año y con una preparación muy superior.

4. Los incentivos legales. El aumento del valor de las multas, pasando de 2.000 a 100.000 S.ML.M.V., para personas jurídicas (actualmente $ 78.124.200.000) y de 300 a 2.000 en el caso de las naturales; el que estas multas sean a favor de la propia entidad, aunque el Superintendente ha aclarado que en la actualidad se pagan a favor del tesoro nacional; y la estructuración de un programa de delación de conductas anticompetitivas que permite al primer miembro de un cártel que confiesa la exoneración total de la multa, el 50% para el segundo y el 30% para el tercero, que ha motivado que una vez visitadas y ante el riesgo de ser descubiertos y sancionados algunos partícipes de carteles prefieran confesar, fortaleciendo exponencialmente su capacidad sancionatoria; y

5. La acción decidida de la entidad de luchar (como nunca se había visto) contra los carteles y demás prácticas anticompetitivas, al igual que el juzgamiento severo de las conductas que vulneran los derechos de los consumidores como la publicidad engañosa y el desconocimiento de las garantías.

Gracias a lo anterior, desde 2013 la entidad ha impuesto multas por casi 1,5 billones de pesos, cifra histórica en el sector público y que se ha reflejado en el respaldo que ha dado el gobierno a la entidad y al superintendente frente a las fuertes críticas de importantes empresarios, quienes si no le temen a Dios le teme a la SIC.

La cifra antes dada ha tenido un impacto notorio en los estados financieros de la SIC pasando de contar con activos cercanos a los 300 mil millones a 31 de diciembre de 2013 a poco más de un billón de pesos en 2017; un patrimonio de que pasó de los 250 millones en 2013 a los 828 mil millones en 2017; y unos excedentes que pasaron de poco más de 71 mil millones en 2013 hasta alcanzar su máximo en 2016 donde se ubicaron en casi 540 millones. Aunque para 2017 registraron un fuerte descenso al situarse en poco más de 35 mil millones.

Por su supuesto, no todo es perfecto, existen temas como: los límites a las visitas administrativas; el conteo del término de caducidad de la facultad sancionatoria de la entidad o la proporcionalidad de las sanciones que merecen ser más dilucidados, pues su entendimiento no es pacífico entre quienes defendemos a personas investigadas por ella. Esto hace pensar que dado el crecimiento citado ha llegado el momento de convertir a la SIC en una Fiscalía económica como en Chile y en crear un Tribunal independiente que juzgue las conductas por ella investigada.

Ahora, hay que reconocer que la SIC ha generado importantes ganadores con su gestión como son: 1. La propia SIC, al mejorar en capacidad técnica, patrimonial y operativa; 2. El gobierno, el cual viene recibiendo importantes recursos generados por las multas impuestas por la entidad; 3. Los abogados, ya que dado el aumento de las investigaciones y la extensión de las mismas hacia segmentos como las PYMES se ha visto el surgimiento de figuras emergentes en el derecho de la competencia que no trabajan para los grandes bufetes sino que tienen su propias boutiques legales a
través de las que empresas medianas y pequeñas tienen acceso a una defensa técnica adecuada.

Pero sin duda, la principal ganadora de esta gestión ha sido la sociedad, la cual ha vislumbrado como en términos de rentabilidad social la acción de la entidad ha sido aportante pues sus actuaciones contribuyen a que haya cada vez más transparencia en los mercados lo que en un futuro se verá reflejado en el bolsillo del consumidor al poder tener mayores excedentes gracias a que conseguirá más bienes a menores precios.

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