La urgente ley de bosques

Hace 20 años se instituyó en Colombia el principal instrumento de política sectorial para el fomento de la reforestación comercial, llamado Certificado de Incentivo Forestal -CIF, creado por la Ley 139 de 1994. Según el Documento Conpes No.3743/2013, el CIF ha servido para incentivar la siembra de 229.950 hectáreas forestales comerciales entre 1995 y 2012, con una inversión de 391.556 millones de pesos. En un documento de la FAO sobre políticas de incentivos para la forestación en América Latina, encontré que en Chile con 271.000 millones de pesos plantaron 811.000 hectáreas en un periodo igual. Es decir, con la inversión nuestra, los chilenos hubiesen plantado 1.2 millones de hectáreas. ¿Qué hicieron ellos para ser tan eficientes y competitivos? En Chile la política de forestación partió de tres premisas: (1) el país ostenta una importante superficie de terrenos cuya aptitud central era la forestal; (2) existía la necesidad de recuperar suelos para el uso productivo; y (3) había la necesidad de generar riqueza, sobre todo a nivel regional. En ese contexto fijaron dos objetivos fundamentales: uno productivo, es decir, generar materia prima que permitiera diversificar la oferta exportadora; y otro ambiental, es decir, avanzar en la recuperación de suelos que se encontraban expuestos a la erosión en diversas regiones del país. Paso seguido, crearon la Corporación Nacional Forestal (Conaf) como entidad de derecho privado dependiente del Ministerio de Agricultura, con el objetivo de administrar la política forestal de Chile y fomentar el desarrollo del sector. En pocos meses crearon oficinas regionales en todas las provincias del país para facilitar a los pequeños propietarios la inscripción de sus predios para el estudio de aptitud forestal y el consiguiente plan de manejo. Una vez evidenciaban el establecimiento de la plantación, el Estado otorgaba la bonificación forestal, equivalente al 75% de los costos netos. Así mismo, ejecutan gestiones coordinadas ante el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), que se ocupa del financiamiento y asistencia técnica de los pequeños agricultores y ganaderos, y otorga créditos de enlace para la forestación y silvopastoreo. En Colombia, para que un campesino -que tenga su vereda en Cajibío, Cauca, o Sambrano, Bolívar,- pueda acceder incentivo forestal, debe cumplir con mas de 14 pasos ante Finagro. En primer lugar ese campesino debe conseguir en su localidad un computador con internet para entrar a la web de Finagro y leerse las 57 páginas de los términos de referencia de la convocatoria pública. Luego debe ingresar a unos enlaces (operaciones en línea y ventanilla única forestal ARTEMISA) para crear el usuario y la contraseña en la solución tecnológica para diligenciar la inscripción. Además, debe anexar el certificado de antecedentes disciplinarios de la procuraduría y el certificado de responsabilidad fiscal de la contraloría. Luego debe tramitar la planilla CIF y adjuntar formato PEMF, evaluación financiera, georreferenciación, análisis de suelos, fotografías aéreas y certificado de tradición y libertad. Posteriormente un técnico forestal debe visitar el predio para realizar la validación técnica, se efectúa la validación jurídica y elaboración de la minuta del contrato y por último debe expedir las respectivas póliza a favor de Finagro. Si los recursos no se han agotado, le giran la platica del subsidio seis meses después. No se rían que es en serio. ¿Ya ven por qué el gobierno incumplió la meta de llegar a 600.000 hectáreas reforestada en el 2014? Claramente, urge una Ley de bosques en Colombia. idangond@hotmail.com