Las bacrim, un problema heredado del gobierno Uribe

11 de enero del 2012

Dice el viejo y conocido refrán que “no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ni peor sordo que el que no escucha”. Justamente, por ese pequeño detallito hoy el país se ve enfrentado a soportar una segunda ola de violencia paramilitar, esta vez por cuenta de desmovilizados que retornaron a las armas […]

Dice el viejo y conocido refrán que “no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ni peor sordo que el que no escucha”. Justamente, por ese pequeño detallito hoy el país se ve enfrentado a soportar una segunda ola de violencia paramilitar, esta vez por cuenta de desmovilizados que retornaron a las armas con los que no hicieron parte de las negociaciones en el gobierno de Álvaro Uribe.

Cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) y las ONG como Corporación Nuevo Arco Iris, Human Rights Watch, etc., presentaron informes desde el año 2008 dando cuenta sobre grupos delictivos que hacían presencia en municipios donde se encontraban los grupos de autodefensa como Tierralta, Puerto Libertadores, Medellín, el Urabá, etc., el gobierno de Álvaro Uribe no prestó atención y las tildó de aliadas de la guerrilla, desconociendo los asesinatos, extorsiones, desapariciones e intimidación a la población civil que ejercían en estos lugares. Hoy, cuando el problema se desborda y no hay forma de negarlo, las autoridades no saben qué hacer porque con la captura y el posterior juzgamiento de determinado integrante de estos grupos no basta, debido a que nuevamente las instituciones en los departamentos y municipios han sido capturadas por este fenómeno.

Es curioso que una persona como Álvaro Uribe que conoce el conflicto armado y su impacto desde el nivel local hasta el nacional, porque como Concejal, Alcalde, Gobernador y Senador tuvo que ayudar a enfrentarlo, desde su calidad de Presidente de la República, en el gobierno anterior se haya dado la pela por una desmovilización que se limitó a la entrega de unos cuantos fusiles, sin que previamente se haya suministrado información que permitiera desmantelar las estructuras económicas y políticas de las autodefensas con el fin de evitar que resurgieran.

El no tener en cuenta este aspecto hizo que estos grupos continuaran en su actividad delictiva reagrupándose en cien núcleos armados, usando 21 nombres diferentes, ubicados en 246 municipios, la mayoría de la Costa Atlántica, según el primer informe de la Corporación Nuevo Arco Iris publicado en el segundo semestre de 2008. Para el mismo período, el entonces director de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos MAPP–OEA Sergio Caramagna, reveló que en la zona del Urabá nuevos paramilitares ejercían mayor presión a los jóvenes para reclutarlos tanto en Urabá como en barrios marginales de Medellín (Noroeste), y en los departamentos de César y Magdalena (Norte).

Como era de esperarse, tales informes fueron desestimados por el entonces gobierno del expresidente Álvaro Uribe, quien además de no aceptar la realidad en materia de orden público, no ejecutó acciones para evitar que estos se tomaran nuevamente las instituciones en departamentos y municipios, lo que hace que hoy sea difícil enfrentarlos con todo el peso del Estado, debido a que estos tienen personal a su servicio en las fuerzas militares y de policía, como también en los juzgados y las seccionales departamentales y municipales de la Fiscalía, lo mismo que en las entidades que pertenecen a las alcaldías y gobernaciones, hecho que hace cualquier intento por desmantelar este fenómeno una causa perdida.

 Por todo lo anterior me sorprenden los últimos trinos de Álvaro Uribe donde deja ver su descontento por la realidad que aqueja a municipios y veredas en el país en materia de orden público, cuando él como primer mandatario no ejecutó las acciones necesarias para que este fenómeno no llegara alcanzara los niveles tan altos que hoy presenta. Debería saber que un grupo armado como estos no se organiza de la noche a la mañana, que se necesita más de dos años para que estos se agrupen, se expandan y capturen al Estado como hoy sucede. Por tanto, no creo que el exmandatario tenga la autoridad moral para aconsejar al gobierno de Juan Manuel Santos lo que debe hacer para enfrentar este problema, mucho menos sugiriendo bombardeos, sin tener en cuenta que los integrantes de las bandas emergentes no se camuflan en la selva, como sucede con las Farc y el ELN, sino en medio de la población civil. Pero además, que a estos señores se les persigue en calidad de delincuentes, no como rebeldes, y que por tanto las condiciones en materia de persecución y acción judicial, son distintas.

@sevillanojarami

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