Las Farc tienen razón

14 de febrero del 2016

¿Cuál es el mecanismo jurídico idóneo para garantizar el acatamiento institucional de los acuerdos que se logren?

abdelaespriella@lawyersenterprise.com

Olvidemos por un momento que la guerrilla de las Farc ha traficado droga, asesinado a miles de colombianos y cometido los actos terroristas más abominables y reprochables que una mente criminal pueda cosechar; dejemos de lado tanto dolor y resentimiento y hagamos un análisis desapasionado y objetivo sobre la situación jurídica de los líderes y miembros de ese grupo armado ilegal.

El proceso de paz en La Habana avanza, a pesar de los innumerables obstáculos que se atraviesan en el camino. Las partes están sentadas y, a menos que acontezca algo extraordinario, entiendo que tienen toda la voluntad política de sellar el acuerdo; en otras palabras, partiendo de la base de que habrá “humo blanco” en la mayoría de los puntos en discusión, es menester estudiar el alcance legal del acuerdo final, en lo que atañe a las personas que hacen parte de las filas de las Farc, porque es justo en ese tema en donde está el quid del asunto.

No hay duda alguna de que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, se pueden aplicar penas alternativas frente a los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Estoy convencido de eso. La cárcel no es la única vía posible. Si ello fuera cierto, las Farc hace rato le habrían dado un portazo a la salida negociada del conflicto. Solo los paramilitares entregaron las armas antes de asegurar su futuro y, por ello, terminaron encerrados y extraditados, craso error que la guerrilla no está dispuesta a cometer.

Dicho lo anterior, procedo a enunciar el interrogante que será al tiempo el punto de inflexión, a través del cual se definirá la suerte de los diálogos: ¿cuál es el mecanismo jurídico idóneo para garantizar el acatamiento institucional de los acuerdos que se logren? Obviamente, no puede ser un plebiscito sin fuerza vinculante, cuyo umbral ha sido manipulado deliberadamente y que adolece al tiempo de varios vicios constitucionales insubsanables. Las Farc y sus abogados no son tontos; saben que el mentado plebiscito por la paz les dará el mismo “blindaje” que podría dar un techo de palma ante la fuerza arrasadora de las llamas.

La constituyente es la única figura que les asegura a las Farc que el día de mañana los vayan a dejar hacer política, al tiempo que evitará que pasen sus últimos días en una fría prisión federal en los Estados Unidos. Lo demás es paja y retórica barata. El derecho es lo que es por su esencia y no por lo que cada uno espere de él. No es extraño, entonces, que “Timochenko” y compañía desdeñen del plebiscito, pues tienen claro que ese puede ser el pasaporte al desastre.

Me atrevo a asegurar que, sin constituyente, las Farc no harán la paz. El Gobierno, haciendo gala de su proverbial ceguera, insiste en un mecanismo que sabe no es garantía para una de las partes, y, a pesar de ello, y guiado por el afán de la foto y el Nobel, está cavando la tumba de su proyecto estrella. Parafraseando al gran pensador y líder venezolano Nicolás Maduro: con el plebiscito, el presidente Santos se puede estar “autosuicidando”.

La ñapa I: Es respetable y necesaria la opinión del Procurador General. No hay nada más nefasto para una democracia que el unanimismo.

La ñapa II: Gran fallo de la Corte Constitucional, en defensa de nuestros páramos que producen el 70% de las fuentes hídricas de Colombia, y que vienen siendo devastados por la minería.

La ñapa III: El cinismo del Ministro de Hacienda, frente al escándalo de Reficar, ratifica algo que siempre he pensado: en Colombia hay ciertas elites que tienen licencia para mentir y delinquir.

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