Las organizaciones criminales muy campantes

1 de febrero del 2018

El panorama se cierra con las acciones del sistema judicial, que hoy ostenta un vergonzoso récord de corrupción.

En abril del año pasado el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, en el Foro Seguridad y Defensa: Logros y Retos de la fundación Buen gobierno, afirmó que la seguridad había pasado del primero al cuarto lugar en la preocupación de los colombianos y resaltó los avances en la reducción del homicidio, el secuestro e incluso la incautación de drogas ilícitas. Mas allá de las cifras que citó para sustentar sus afirmaciones el trasfondo de los resultados favorables de ese momento tiene que ver con el fin del conflicto con la guerrilla de las FARC y no creo que hoy se pueda afirmar que nos preocupa menos a los habitantes de ciudades como Bogotá o Cali, Cartagena o cualquier otra la seguridad, porque estamos viviendo muy de cerca la inseguridad.

Con el tiempo transcurrido desde la firma de los acuerdos, la verdadera -la del teatro Colón en Bogotá, el 24 de noviembre de 2016- ya no se trata de si estamos más seguros porque las FARC dejaron de asesinar o secuestrar, sino de la realidad que estamos viviendo y que tiene otros actores intimidando y atacando a los ciudadanos y a que las autoridades parecieran estar enfrascadas en perseguir a delincuentes comunes que ocupándose del tema macro de la criminalidad, que a mi parecer lleva rato organizada como una industria trasnacional, con actores que tienen “patronos” y llegan a la puerta de nuestras casas, como la de la joven embarazada del barrio Rosales en Bogotá a quien tres hombres armados, le dispararon en el cuello, le robaron su camioneta y la dejaron tendida en el piso del garaje de su edificio, o la del joven de Ciudad Kennedy al que asesinaron por robarle su bicicleta y decenas de casos más.

Los cincuenta años de enfrentamiento con la guerrilla de las FARC concentró nuestra atención en sus acciones contra la población civil y mientras tanto el crimen organizado creció y hoy no es que esté mostrando sus fauces, es que las estamos viendo en toda su dimensión. No es que en todos estos años pasados no hubiesen actuado cometiendo delitos como el robo de carros, el asalto a casas y apartamentos o asesinando a quienes se opusieran al robo de un teléfono celular, una Tablet, una joya o un reloj de alta gama. Lo que sí está quedando claro es que se trata de organizaciones criminales que amenazan a toda la sociedad. Las autoridades no pueden seguir tratando cada caso de manera aislada, concluyendo que se trata de bandas bajo denominaciones como apartamenteros o jaladores de carros, entre otras. Estas bandas son parte de una gran organización, que como dice el código penal colombiano, ejercen el concierto para delinquir y le reportan a jerarquías más altas que dominan el funesto negocio de la reventa de lo robado a gran escala, dentro y fuera del país.

A lo anterior se suma lo que ya ha ocurrido en algunos países de la región donde se ha llegado a acuerdos de Paz como El Salvador, en el que muchos de los exguerrilleros terminaron delinquiendo y asociándose con estructuras criminales porque no sabían cómo vivir de otra manera. De los acuerdos con los paramilitares nacieron las BACRIM y los sicarios de los carteles de la droga reclutados por Pablo Escobar o Rodríguez Gacha, cuando estos cayeron siguieron asesinando a menor precio, por encargo del mejor postor. Con las últimas noticias sobre la participación de ciudadanos venezolanos en actos terroristas como el llevado a cabo en la estación de Policía en Soledad Atlántico, se están prendiendo alarmas y se analizan opciones como la de que actúan con apoyo del gobierno del vecino país para desestabilizar a Colombia, o porque se trata de delincuentes comunes a quienes los atrae el dinero que les pagan por poner bombas. Como delincuentes les falta trabajo en su país, porque muchas de sus posibles víctimas se fueron y los que quedan no tienen dinero y se están despojando de sus enseres para sobrevivir.

El panorama se cierra con las acciones del sistema judicial, que hoy ostenta un vergonzoso récord de corrupción, a que los jueces; algunos comprados por abogados que defienden delincuentes; no administran justicia como debe ser y dejan libres a los culpables así hayan sido pillados en flagrancia, a que las normas legales le dan hoy más oportunidades a algunos abogados que recurren a toda clase de artimañas para ponerle palos a las ruedas de la administración de justicia y tal vez a que a las autoridades les conviene más que la gente no denuncie, porque en las mediciones el aumento o disminución de delitos se cuentan por los casos denunciados y no por todos los cometidos, si no pasan a la justicia no forman parte de la estadística.
A las organizaciones criminales hay que perseguirlas, combatirlas y desmantelarlas porque si no se hace, todos los colombianos seguiremos viviendo en peligro. Supe que en Cartagena hay un grupo de expertos de Colombia y Estados Unidos que ya tienen detectadas en la ciudad las redes de crimen organizado de todos los niveles de criminalidad y están en la tarea de desmantelarlas y combatirlas desde la cabeza y no con la captura de ladrones y asesinos a sueldo que entran y salen fácilmente de la cárcel con una reseña más en su negra hoja de vida. A ellos eso, les importa un comino.

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