En los últimos seis años en Colombia los derechos de los niños han comenzado por fin a tener la debida importancia. El avance en la construcción e implementación de una política pública al respecto ha sido significativa y hoy en día podríamos decir que el desarrollo integral de los niños está en la lista de prioridades de la agenda presidencial.
Es de todos conocido que los Derechos Universales de los Niños están estipulados y aprobados como tal por la Asamblea General de Naciones Unidas desde el 20 de noviembre de 1959 y aunque Colombia los acogió, creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en 1968 y en ese sentido hay años de gestión, apenas ahora se siente que el tema se aborda con contundencia y verdadera visión a futuro.
Los niños y su bienestar ya son tema y cada día que pasa se evidencia cómo las denuncias al respecto aumentan, lo cual debe verse desde un punto de vista positivo y es que ya hay quienes no toleran como antes el abuso sexual, el maltrato físico, el sicológico, la negligencia y el descuido. Eso ha sido gracias a la información y la pedagogía al respecto. Ahora, cómo vamos a lograr que se reduzcan los hechos es a lo que debe estar orientada la política pública.
Y mientras todo este cambio se suscita no solo en Colombia, sino en gran parte de América Latina, desde finales del año pasado estamos viendo las noticias de la gravísima situación en la que se encuentran los niños en Siria. Es una tragedia frente a la cual de manera alguna podemos seguir permaneciendo impávidos. Somos miembros de una comunidad internacional y en la medida en que entre todos estamos luchando por ellos y la prevalencia de sus derechos, debemos asumir que tanto los niños sirios, como todos los niños en el mundo son nuestros.
El viernes pasado, según un reporte de Unicef ya 384 niños han muerto en Siria y 380 se encuentran detenidos desde el comienzo del conflicto en ese país árabe hace 10 meses. Pero la alarma no es nueva. A finales de noviembre la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas reveló los resultados de un informe en el cual reportaban que los niños estaban siendo víctimas de torturas, abusos sexuales, y violaciones generalizadas a sus más mínimos derechos.
Sobre la base de los testimonios de las 223 personas entrevistadas, la conclusión que emitió en su momento el Comisionado Paulo Pinheiro, es que “los niveles de fuerza excesiva, el escalamiento de los ataques, su naturaleza repetitiva y la clara coordinación, ha llevado a que la comisión concluya que los crímenes han sido cometidos acorde con una política estatal”. Para reforzar su punto, el informe cita –entre otros testimonios desgarradores- a un desertor de la fuerzas militares quien tomó su decisión de abandonar las filas después de ver el fusilamiento de una niña de dos años en Al Ladhiqiyah el 13 de agosto, por parte de un oficial “quien afirmaba que no quería que ella creciera y se convirtiera en manifestante”.
Hace ya casi un año cuando Colombia asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se vislumbraba que la agitación en el mundo árabe estaría dominando la agenda. Esa nueva posición claramente nos ha obligado a pensar en grande y en la medida en que conformamos esa importante junta directiva mundial; seamos un país que todavía vive los oprobios de la guerra; tengamos un problema serio con la vulnerabilidad en la situación de los derechos de los niños; pero al mismo tiempo contemos con una buena experiencia reciente en el estudio y la implementación de una política pública al respecto, tenemos lo que en Inglés llaman leverage (influencia).
En palabras de Pinheiro: “Las víctimas no pueden esperar nada distinto de las Naciones Unidas y sus países miembros”. ¡Llegó la hora de pisar duro, porque evidentemente tenemos con qué!
