Lo nuevo en la concentración de contratos en Bogotá

14 de mayo del 2019

Opinión de María Fernanda Rojas

Lo nuevo en la concentración de contratos en Bogotá

Como caso de concentración contractual y muestra de que los llamados de atención que hacen los entes de control poco importan, mencioné en un debate en el Concejo de Bogotá a Carlos Alberto Pinzón Molina.  Que como persona natural ha firmado contratos entre 2017 y 2019 por $6.210 millones de pesos bajo diversas tareas.

La Contraloría Distrital y la Veeduría habían notado la concentración en esta persona desde el año 2010 y habían advertido sobre ese riesgo. También señalaron problemas con el desarrollo de sus contratos tales como ignorar las observaciones de interventores, sobrepasar del tope definido para la modalidad de mínima cuantía, incumplir tareas a poco tiempo de vencerse los plazos contractuales, entre otros.

Señalé además que la Asociación de Hogares Sí a la Vida, sobre la que también había pronunciamientos de entes de control desde años atrás (como el que se hizo en 2011 en el que se dijo que la dirección de la oficina era en realidad un apartamento), concentra entre 2018 y 2019 contratos por valor de $3.064 millones de pesos.

El contratista Carlos Pinzón y la Asociación de Hogares Sí a la Vida parecen tener una estrecha relación. Al observar certificados expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá entre agosto y noviembre de 2018, se encuentra que el señor Pinzón y la Asociación compartían la misma dirección, e incluso, el mismo número de teléfono fijo.

Pero además de estos dos agentes, encontramos un nuevo jugador, un nuevo caballo que participa en la carrera. La Fundación Social para la Recreación, la Cultura y el Deporte -Funinder-. Esta no sólo en 2018 reportó la misma dirección del señor Pinzón y de Hogares Sí a la Vida, sino que el mismo Carlos Alberto Pinzón figura como representante legal de la entidad. Esta fundación firmó en 2018 un contrato con la Alcaldía de Chapinero por $170 millones para organizar las escuelas de formación deportiva.

Igual que para los otros contratistas, la Contraloría ya había llamado la atención sobre Funinder. En el contrato 076 de 2013, firmado con Barrios Unidos (por $157 millones), se encontró que no aparecía el acto administrativo que autorizaba la contratación, los informes financieros eran ilegibles y no había carpeta de supervisión.

Si esta relación es tan estrecha como parece, este grupo tenía de 2010 a 2013 (un periodo de cuatro años) una concentración de más de $11.500 millones de pesos según la información que puede rastrearse en muestras que toma la Contraloría Distrital. Entre 2017 y lo corrido de 2019 (poco más de dos años) ya está cerca de alcanzar los $10 mil millones de pesos. Esto pesar de las advertencias del pasado.

Este grupo se ha presentado, con sus distintos nombres, en un mismo proceso de contratación. En la selección abreviada 13 de 2013 a cargo de Migración Colombia, Carlos Pinzón participó como persona natural. También entró en ese proceso la Asociación de Hogares Sí a la Vida (al parecer muy relacionada con Pinzón). Como es de esperar, entre más caballos se tienen en una carrera más posibilidad hay de ganar. En este proceso el proponente ganador fue Carlos Pinzón Molina que terminó firmando el contrato por $206 millones de pesos.

Pero este no es el único caso. En el proceso adelantado por la Veeduría Distrital en 2018 para contratar el servicio de apoyo logístico, los tres contratistas mencionados manifestaron su interés de participar: Carlos Pinzón como persona natural, Sí a la Vida y Funinder. La Veeduría realizó un sorteo para conformar una lista corta de proponentes. En ese sorteo quedaron fuera estos contratistas. Mala suerte en esta ocasión.

Además de los nombres ya mencionados está el de CPM Deportes, Recreación y Turismo que también representa Carlos Pinzón. Aparece con la misma dirección de las otras fundaciones relacionadas con este contratista. Ha tenido varios contratos especialmente en el nivel nacional. Hace tan sólo 2 meses firmó un contrato con la Comisión de la Verdad por $4.000 millones para actuar como operador logístico.

A pesar de la gran cantidad de contratos que asumen estas organizaciones, en varios de los procesos de selección se certifican como mipymes con sólo 10 trabajadores. Número que parece muy bajo ante la variedad de tareas de las que se encargan.

Se ha dicho que no existe ilegalidad en que un mismo contratista tenga varios contratos a cargo, y es cierto, y es ese precisamente el problema. La ausencia de una norma que limite esta concentración es un vacío que pone en riesgo el cumplimiento efectivo de las funciones contempladas en los contratos.

La concentración contractual, en sí misma, no es una prueba de corrupción, pero es una buena vía para iniciar una indagación que muestre si hubo irregularidades en la selección repetida de un mismo grupo de contratistas. Concentrar tantos negocios en pocas manos es un riesgo para la transparencia y además desplaza a pequeños contratistas que podrían prosperar en una estructura de contratación con más acceso para todos.

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