¿Lobo con piel de oveja?

Seguramente las 212.814 personas que votaron el 14 de marzo del 2010 para que Juan Lozano llegara con la más alta votación del país al “honorable” Senado de la República, no tienen ni la menor idea de que este político, que militó en las filas del galanismo, el gavirismo, el vargasllerismo, el uribismo y ahora en el santismo, que además fungió de profesor universitario y periodista de los más prestigiosos medios y universidades del país, y es autor de numerosos textos, ponencias y conferencias dedicadas a la lucha anticorrupción, tiene una delicada investigación penal en su contra (tramitada por la Corte Suprema de Justicia), que podría dar al traste con su rutilante y exitosa carrera.

El proceso de marras es uno de los secretos mejor guardados, pues el Senador Lozano, allí donde lo ven con su carita de “yo no fui”, se ha valido de toda suerte de artilugios y contactos para mantener en el anonimato tan complejo sumario. Y es que no resulta lógico que un hombre que se llena la boca hablando de la moral y de las adecuadas prácticas políticas, no le haya contado a la ciudadanía que se encuentra subjúdice, por algunas de sus actuaciones (cuando fue Ministro de Vivienda y Desarrollo Territorial) que podrían eventualmente configurar los delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, sin perjuicio de las acciones disciplinarias y fiscales a las que haya lugar por cuenta del grave deterioro a las finanzas públicas que habrían implicado las acciones y omisiones del buenazo de Juanito. La historia es esta: a mediados del año 2007, al poco tiempo de que la abogada Clara Lucía Uribe se posesionara como Directora de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico C.R.A (organismo gubernamental responsable de regular la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo), la acuciosa funcionaria descubrió las inconsistencias en los balances y estados financieros de la entidad sobre ocho vigencias fiscales y los manejos turbios en el cobro de tarifas en varias ciudades del país. La doctora Uribe evidenció, además, las irregularidades del marco regulatorio de los acueductos y alcantarillados, y el posible apoderamiento de “6,1 billones” de pesos a diciembre de 2006, por parte de los operadores privados, vía contribuciones especiales que hacían los usuarios, que, en vez de ir a las arcas de la Nación, fueron a parar a los bolsillos de empresarios avivatos. El entonces ministro Lozano conminó a la valiente funcionaria a que hiciera caso omiso de esos hallazgos y le pidió no denunciar los hechos ante los Entes de Control. Obviamente, la doctora Uribe hizo lo correcto y, por encima de lo dispuesto por su jefe, puso en antecedentes a la Procuraduría y la Contraloría a través de sendas denuncias. A partir de ese momento empezó a recibir sufragios y amenazas anónimas y fue víctima de un complot en el interior de la entidad (según lo relatado por ella misma en la denuncia contra Lozano), dirigido por el hoy Senador, por cuenta del cual le iniciaron una investigación disciplinaria que ya fue archivada a su favor. En la Corte se está moviendo duro el tema, mientras en la Procuraduría y la Contraloría las quejas duermen el sueño de los justos. Detrás de todo este escabroso asunto hay poderosos intereses y mucho dinero en juego. Ojalá la justicia actúe y se conozca la verdad. Juan Lozano tiene derecho a la presunción de inocencia, como lo tenían varios candidatos a los que no les dio el aval en las pasadas elecciones, en su calidad de Director del Partido de la U, porque se encontraban incursos en investigaciones o por simples rumores callejeros. Si Lozano fuera medianamente coherente, debería renunciar mientras se aclara este entuerto. La ñapa: ¿será que la Directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos renunció porque no aguantó las presiones para firmar la prórroga de la concesión de Cerromatoso?

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