Hace 25 años

9 de marzo del 2015

“La dejación de armas del M-19 tiene importantes lecciones para el proceso de paz en curso.”

Fue hace 25 años. El Movimiento 19 de abril le daba de nuevo una bofetada al dogma de las izquierdas. Esta vez a la lucha armada que se había canonizado como “la forma superior de lucha” de los quijotescos revolucionarios latinoamericanos de las décadas del sesenta, setenta y ochenta. Decidieron dejar sus armas para venirse a pelearse sus sueños y propuestas en la actividad política legal. Óigase bien, “dejar” que no es lo mismo que entregárselas al contendiente militar como si hubiese sido vencido en combate. Y después este paso audaz fue seguido por buena parte de la insurgencia guerrillera de aquel entonces agrupada en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. El EPL, el Movimiento Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y la Corriente de Renovación Socialista hicieron parte de ese exitoso ciclo de paz inaugurado por el M.

Esta dejación de armas del M-19 tiene importantes lecciones para el proceso de paz en curso. Proceso que precisamente discute el destino de las armas de la guerrilla una vez se firme un acuerdo entre las partes. Demostró que las armas se volvieron incomodas para la lucha por transformaciones democráticas. Que contribuye a estigmatizar las opciones de izquierda. Que espanta a las grandes mayorías urbanas cansadas de la violencia y el terror. Que generan una estela de dolor y muerte por donde pasan. Y que en el contexto colombiano, las armas de la revolución son vulnerables ante el poder corruptor del narcotráfico.

El M-19 y los demás grupos desmovilizados lograron en un poco más de un año la reforma constitucional más importante del siglo XX que no se pudo lograr en el campo de batalla. Me dirán que ese pacto constitucional fue también el resultado de la rebelión armada que precedió a la paz. Pero la audacia estuvo en entender cuando había que cambiar las armas por las urnas, los tiros por la palabra y el argumento, los ejércitos por la ciudadanía movilizada. Y todo ello se hizo sobreponiéndose a un asesinato todavía impune después de 25 años, el de Carlos Pizarro, ocurrido a un pocos más de un mes de la firma del acuerdo. O a la ofensiva feroz del paramilitarismo contra la propia Constitución.

Las FARC y el ELN han dicho que no entregarán sus armas. Y a lo mejor no les faltan razones. Están como el M19 hace 25 años, conjugando el verbo “dejar” a cambio del verbo “entregar”. Pero deben entender que un proceso de paz serio pasa por la recuperación del monopolio de la fuerza en manos del Estado. Que revolver política con armas es dolorosamente arriesgado, además de ineficaz. Y que lo mejor es acordar un mecanismo y un depositario neutral de las armas que han de dejarse como gesto de paz y como símbolo de la seriedad del proceso. Pero al Estado le corresponde igualmente ofrecer las garantías y certezas a la guerrilla de que es posible competir de igual a igual en la política colombiana. Que la paz no es una celada para asfixiar política y socialmente a las guerrillas desmovilizadas y a las izquierdas, como lo dicen sectores del establecimiento y del propio gobierno Santos. Y que es capaz de sustituir a la guerrilla en los 280 municipios donde esta ha ejercido poder territorial.

@AntonioSanguino

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