El gobierno del Presidente Duque presentó ante la Asamblea de la ANDI reunida en Cartagena lo que el diario económico La Republica calificó como una “reforma tributaria empresarial” y sí que lo es. El argumento principal del Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, consiste en aparentar una injusticia: que las empresas pagan el 85% del recaudo total del impuesto a la renta, mientras que las personas naturales solo el 15%, la inversa de lo que sucede en los países desarrollados.
Para corregir esa supuesta injusticia, plantea bajar los impuestos a las empresas y compensar la reducción de ingresos del tesoro con la ampliación de la tributación a personas naturales en renta y la extensión del IVA a toda la canasta familiar, con grave afectación de clase media vulnerable.
Son muchas las falacias que encierran las matemáticas acomodaticias del Ministro de Hacienda. En primer lugar, silencia la crítica concentración de los ingresos que es el dato relevante pues trata de la capacidad de pago de las personas. En Colombia, la mitad de los trabajadores, unos once millones, devengan menos del salario mínimo, mientras que el 1% más rico de la población recibe el 20% del ingreso nacional.
Según un estudio de Alvaredo y Londoño (2013)1, para pertenecer a ese selecto grupo de unas 180 mil personas, se requería un ingreso de $101 millones de 2010, alrededor de $8,4 millones mensuales, ajustados a hoy, $10,7 millones. Pero es tal la concentración de ingresos en pocas manos que el uno por mil (,001) más acaudalado de ese 1%, 281 individuos, promediaban ingresos de $12.600 millones anuales, ajustados a hoy, $16.120 millones o más de $1.343 millones mensuales cada uno; una diferencia de 1716:1 frente al salario mínimo legal vigente.
Una segunda falacia de las matemáticas ministeriales consiste en dar a entender que las personas naturales que no declaran renta no pagan impuestos, cuando el IVA del 19%, que hoy supera en recaudo al impuesto de renta, lo pagan todos y, en mayor proporción de sus ingresos, los más pobres y las clases medias y trabajadoras. Para los menos aventajados, ese impuesto al consumo equivale a un impuesto sobre su salario, pues cada vez que satisfacen una necesidad básica, casi una quinta parte del valor pagado irá con destino al fisco.
La tercera falacia es la supuestamente elevada tarifa del impuesto a la renta en Colombia, en comparación con otros países. Según cálculos de Villabona y Quimbay (2017)2, la tasa efectiva para el total de las empresas se ubica en el 17%, un poco más de la mitad de la tasa nominal de renta del 33% que se busca rebajar por tercera vez en cinco años. La tasa efectiva del 1% más acaudalado, a su vez, se situó entre el 7% y el 8%.3 La diferencia entre la tasa efectiva y la nominal se debe a la gran cantidad de exenciones y beneficios tributarios que han introducido no pocos elementos de inequidad entre sectores productivos y entre personas que restan progresividad al sistema tributario.
Lo que corresponde, en vez de mimetizar con matemáticas acomodaticias nuevas rebajas de impuestos para los más pudientes del país, es introducir una tabla progresiva para las sociedades, reduciendo la tasa a las pymes, mi-pymes y fami-empresas y completando el gasto público social con impuestos a las grandes rentas de capital que hoy no tributan su parte. Con seguridad el fisco y Colombia entera saldrían ganando.
- Facundo Alvaredo and Juliana Londoño Vélez. High Incomes and Personal Taxation in a Developing Economy: Colombia 1993-2010. CEQ Working Paper, 19 March 2013
- Jairo Orlando Villabona Robayo y Carlos José Quimbay Herrera. Tasas efectivas del impuesto de renta para sectores de la economía colombiana entre el 2000 y el 2015. Innovar, 27(66), 91-108. Julio de 2017.
- Alvaredo y Londoño, Op. Cit.
