Mineros muertos: ¿hasta cuando?

31 de enero del 2011

En este país saturado de muertes, asesinatos y tragedias, frente a la nueva tragedia de la mina “La Preciosa” en Sardinata, no solo se ha conmovido sino que se ha puesto el tema de la minería sobre el tapete. No es el primer accidente ni de esta mina ni del sector como tal. Como lo mencionaron los medios de comunicación, “la explosión fue la cuarta que se presenta en esta mina desde 2007 y antes de esta última explosión, ya habían muerto 40 personas”. Como era de esperarse, el Gobierno salió a clausurar la mina y sus administradores están sorprendidos, porque según ellos, se cumplieron todas las normas. El Presidente Santos regresó antes de lo programado para darles el pésame a las numerosas familias afectadas. Se ha recordado que “La Preciosa” “es considerada no solo la mina de carbón más grande de Norte de Santander, sino la más organizada y tecnificada. Su propietario, Gabriel Tamayo Giraldo, asegura que habían tratado de aliviar la carga laboral de los mineros con la compra de equipos para un trabajo más productivo y más descansado”. Pero la verdad, es que nada de eso evitó la nueva tragedia que se suma a las ocurridas en muchas otras explotaciones similares en el país. Además, se viene la crisis de la desocupación de muchas familias de esa región que aseguran que no existe otra actividad distinta.

Llegó la hora de revisar la minería en Colombia porque parece increíble que los 73 muertos de Amagá, no hayan sido suficientes para abordar seriamente el tema. El punto de partida debe ser aceptar, con todo lo que esto significa, que Colombia es un país minero y que esta realidad puede ser una bendición o una maldición según se tomen las medidas adecuadas y las estrategias económicas y sociales para evitar los males que se pueden derivar de esta actividad, y se usen bien los recursos que generan. En segundo lugar, se debe reconocer que de las cinco locomotoras anunciadas por el gobierno, la única que realmente tiene dinamismo es la minería en todas sus modalidades, y esta realidad exige muchos más esfuerzos en términos de políticas dirigidas a manejar el sector. En tercer lugar, es fundamental tener claro el diagnóstico del sector en el cual coexisten, desde hace mucho tiempo, pequeña minería, con poco apoyo gubernamental pero que representa la alternativa de vida de muchos sectores pobres que no tienen otra posibilidad; minería ilegal, que lejos de formalizarse ha venido ampliando su margen de acción sin que existan cifras ciertas; gran minería a donde llegan los apetecidos recursos de inversión extranjera que tanto valoran los gobiernos.

Como ni la gran minería garantiza el cumplimiento de todas las normas ambientales, con reconocidas excepciones, es fundamental aceptar que la institucionalidad para abordar eficientemente el creciente y dinámico pero heterogéneo sector, no existe. Y tiene que existir para que esta bonanza minera no se convierta en otra de las muchas tragedias que golpean a los sectores pobres y al medio ambiente. ¿Cómo es posible, como lo señaló recientemente el Ministro de Minas, que Ingeominas solo tenga 16 funcionarios para vigilar el funcionamiento del sector? Además, se requiere entender por qué el mapa de permisos otorgados para explotar minas en el país casi que lo cubre totalmente, según los expertos, y las razones por las cuales el Gobierno anterior dio una gran parte de ellos.  Sinceramente, o se regula el sector como toca o en vez de volvernos como Canadá nos convertiremos en otro Angola.

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