Montealegre: dolor de democracia

En repetidas ocasiones he escrito sobre la politización de la justicia y la judicialización de la política, dos situaciones patológicas de las que un sistema democrático debiera huir como de la peste. Francisco Rubio Llorente, en un ensayo que es clásico sobre el tema, 'Los Jueces y la política', resume una norma de conducta universalmente aceptada (menos en Colombia): los operadores de la justicia solo deben hablar a través de sus decisiones, aún en el caso de que deban defenderse ellos mismos de acusaciones injustas. Esa es la razón de ser de la figura del delito de desacato. El juez (en nuestro caso el fiscal, que es funcionario judicial), no puede entrar en polémicas públicas, como sí lo hacen, más aún, es obligación que lo hagan, los servidores de las otras ramas, como ministros y senadores. Los funcionarios judiciales tienen la obligación de mantener, en la realidad y en la apariencia, su condición de órganos imparciales. No pueden meterse en política; ni siquiera hacer paréntesis políticos, vía puertas giratorias que permiten pasar de ser candidatos al congreso a integrar la lista de elegibles como magistrados. Esa prohibición se respeta con sentimiento casi sacramental en Europa y los Estados Unidos. Hay que insistir en esa doctrina. Hacer lo contrario nos sume en el fangoso mundo de ser republiquetas o “democracias” de opereta. El domingo pasado sentí dolor de democracia. Leer en 'El Tiempo' la entrevista de Eduardo Montealegre (fiscal en funciones) a Yamid Amat, ruboriza a cualquier demócrata. En el caso de Montealegre no solo intervino en política, sino que intervino para favorecer los intereses políticos del terrorismo. ¡Qué de declaraciones de amor político de Montealegre a las Farc! ¡Qué de odio a quienes las han combatido, particularmente a Uribe! ¡Qué de esfuerzos para entronizar en el poder, en alianza con Santos, a la organización criminal que masacró a diputados, gobernadores, soldados, policías…! ¿Creen que exagero calificando a Montealegre de “profariano”? Pues Montealegre no sólo interviene en política, lo que de por sí es un adefesio, sino que le propone a Santos una vía para que cogobierne con las Farc: que “Gobierno e insurgencia (nótese, “insurgencia”, “rebeldes”, nunca terroristas) pueden crear normas jurídicas con fuerza vinculante que entran (así, por el solo hecho de ser acordadas por Santos y Farc) a formar parte del bloque de constitucionalidad". ¡Eso es una enormidad! Olvídense, recomienda Montealegre, del congreso o de mecanismos de participación como la constituyente, y convirtamos en legislación la voluntad de Timochenko y Santos; eso es lo que traduce semejante barbaridad montealegrina. Montealegre termina mañana su período judicial. No sería raro que de inmediato se incorpore al equipo asesor de las Farc para reforzar a su compadre ideológico, Enrique Santiago. Eso tiene para él un aliciente: los magníficos honorarios que devengan todos los que se arriman a la paz. Una sola Ong, Ideas para la Paz, cuyo anterior director fue el mismísimo Comisionado Sergio Jaramillo, ha recibido, hasta hoy, 7.900 millones –sí, no hay ningún error de transcripción de la cifra- para hacerle propaganda a la “paz”. El Centro Democrático, el partido político que no pudo destruir Montealegre a pesar de que fue uno de sus objetivos explícitos, va a luchar sin descanso para que los actos de Montealegre no se suman en el olvido y la impunidad. Su tremenda corrupción, que supuso el tránsito de miles de millones de pesos a los bolsillos de sus amigos y validos a través de una contratación desenfrenada, va a ser develada tarde o temprano. Montealegre fue la vileza encarnada. Su nulidad intelectual, ruindad moral y complicidad íntima con Farc, convirtieron a la fiscalía en un verdadero Patio de Monipodio en el que campeó la impunidad para el crimen y la persecución para los contradictores políticos. Montealegre, haciendo eco a su jefe, Juan Manuel Santos, llegó a tildar al Centro Democrático como “organización criminal y fascista”.