Moral pública, derechos humanos y derecho internacional humanitario

27 de enero del 2011

Antes de entrar en materia, es importante tener claro el origen del vocablo “moral” y su significado, partiendo de su etimología. Así pues, el origen etimológico de la palabra que nos oficia, es la voz latina mos-moris: costumbre. Partiendo de este concepto, tendremos que identificar de manera inequívoca, la moral como un parámetro de conducta y actuación generalizada y repetida, sobre la base del “deber ser”. Esto aplicado al proceder de los gobernantes y quienes administran justicia, necesariamente debe dar como resultado, actuaciones sistemáticas que propenden por el bien común de una nación.

Ahora bien, si aplicamos lo anterior a la observancia de los DDHH, nos encontramos en armonía entre la actuación local, y los postulados y políticas públicas del Derecho Internacional Humanitario.

Desafortunadamente en Colombia lo que acá se expone, es letra muerta, al punto de estar “acostumbrados” a la impunidad y a la nefasta cultura “del no reclamo”; o más popularmente conocida como el “deje así”. El problema de esta postura social aunada a la amnesia selectiva del Estado y sus órganos encargados de administrar justicia, es mucho más grave de lo que aparenta ser. En la actualidad los ojos de la comunidad internacional y las ONG´s de DDHH, como Humans Rights Watch, por mencionar la más sonada, están vueltos hacia Latinoamérica y con gran énfasis en Colombia, que es sin duda, uno de los países más contraventores del ordenamiento internacional.

Exige categóricamente y de manera atinada José Miguel Vivanco, Director para Las Américas, de HRW al Presidente Santos, la concreción de sus promesas frente a los DDHH. Un ejemplo claro de esto es la famosa Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pues piensa aquél, que éste no ha materializado su “deuda moral” con las víctimas de la violencia colombiana, pues la contradicción entre reparar a las víctimas y tomar como fecha de corte 1991 para esto, es evidente y no supone un consecuente proceder, al dejar por fuera de la naciente norma a quienes han padecido los embates de la guerra de la década de los 80.

Otro punto disonante de este aspecto, es creer que con un simple endurecimiento de penas, se va a garantizar la defensa de los derechos humanos. Esto no es más que un paliativo que a la postre genera una pésima imagen, que deja ver la mediocridad del Estado y la falta de entereza para concebir una legislación autónoma que garantice estos pilares, haciendo remiendos ordinarios de una confección legal jurásica y paquidérmica.

En una reunión que se llevó a cabo el 26 de enero pasado en el América Tenis Club de Bogotá, a la cual asistieron los ponentes; Honorables Senadores: Juan Fernando Cristo (Partido Liberal), Roy Barreras (Partido de la U), Hernán Andrade (Partido Conservador), Luis Carlos Avellaneda (Polo), y Jorge Eduardo Londoño (Partido Verde), se ventilaron varios temas acerca de la Ley de Víctimas que tendrá que cursar su trámite legislativo a partir del ocho de febrero de 2011, en la cámara alta del Congreso de la República.

Sin duda uno de los temas más álgidos, es el de establecer una fecha de corte a partir de la cual la ley consagre el reconocimiento de víctimas, que tendrán obviamente que acreditar su condición de tales, en los términos del derecho probatorio. Actualmente el proyecto de ley hace referencia a la “prueba sumaria” para dicha acreditación. Hoy celebramos la concertación entre los ponentes y el gobierno, al llegar a un consenso concluyendo que la fecha a partir de la cual deben reconocerse las víctimas para ser reparadas, sea 1982.

El proyecto de Ley de Víctimas contempla un pilar importante y que en teoría incluye a las del narcotráfico, al hablar del principio de igualdad, expresando que los beneficios contemplados en la ley serán reconocidos sin distinción de sexo, raza, la condición social, la profesión, el origen nacional o familiar, la lengua, el credo religioso, la opinión política o filosófica, ni mucho menos el victimario que causó el daño a ser reparado.

El terreno esta abonado, pero aun nos falta dar la pelea humanitaria en los debates del Senado. Para lograr los objetivos trazados, se debe adelantar una agenda colaborativa en busca de los presupuestos propios de un Estado de Derecho; es decir, que sea dirigida a las víctimas no a los victimarios, que no sea excluyente de las víctimas del narcotráfico, que sea justa y sobre todo que tenga un campo de aplicación en una temporalidad racional. De lograrlo, esto sería un “vitrinazo” de primer nivel para el país ante la crítica mundial. Llamaría la atención de la comunidad internacional haciendo a Colombia atractiva en materia de justicia transicional, estabilidad y seguridad jurídica, e inclusive acercaría un poco más la posibilidad de acuerdos bilaterales de inversión y el esquivo TLC con Estados Unidos de Norteamérica.

Si la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, fuera sancionada hoy, tal y como quedó aprobada en la cámara baja del Congreso de la República, ésta no pasaría el más simple de los análisis de constitucionalidad. Adicionalmente, las víctimas de los años 80, de inmediato acudirían a la Corte Constitucional con su demanda de inexequibilidad en contra de la precitada norma por violar abiertamente la Carta Política, con lo cual el gobierno no cumpliría con su compromiso legislativo.

De la comisión de la verdad, escribiré más adelante.

Twitter: @colconmemoria

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