Entre los años 1995 y 2002, un grupo de docentes -por lo menos setecientos- adscritos a la Secretaría de Educación de Bogotá, fueron ascendidos en el escalafón docente, en la mayoría de los caso
Entre los años 1995 y 2002, un grupo de docentes -por lo menos setecientos- adscritos a la Secretaría de Educación de Bogotá, fueron ascendidos en el escalafón docente, en la mayoría de los casos de manera ilegal.
Las resoluciones fueron revocadas y cada uno de los maestros recibió la orden de reintegrar los dineros pagados, como fruto de los ascensos obtenidos de manera fraudulenta.
Contra estos docentes se iniciaron sendos procesos de carácter fiscal, penal y disciplinario para determinar las respectivas responsabilidades. Sin embargo, más del 90% fueron exonerados, por no encontrar probada la mala fe ni la ilegalidad de las certificaciones aportadas.
Y entonces aquí vienen los problemas para el Distrito. Gran cantidad de docentes presentaron demandas de nulidad y restablecimiento del Derecho ante la Justicia Contencioso Administrativa, por considerar que contrario a lo dicho por la Secretaría de Educación, sus ascensos no fueron conseguidos de forma ilegal y por tanto esta entidad carecía de competencia para revocar dichos actos particulares sin el consentimiento del beneficiario, es decir los propios docentes.
La justicia contencioso administrativa ha empezado a fallar estos procesos dando la razón a los docentes y resaltando la ilegalidad tanto de las Resoluciones que revocaron los ascensos en el escalafón, como de las resoluciones que ordenan a los docentes reintegrar los dineros percibidos con ocasión de dichos ascensos, ordenando en algunos casos reintegrar al docente demandante al grado que había sido ascendido, así como ordenando el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir con la indexación correspondiente.