Narcotráfico “made in USA”

Narcotráfico “made in USA”

2 de agosto del 2018

Es demasiado pronto para hacer una reflexión completa y profunda sobre la implementación del Acuerdo de Paz. Sin embargo, el fin del Gobierno de Juan Manuel Santos y el inicio de la era Duque es un momento propicio para hacer un corte de cuentas y reflexionar sobre su futuro y las dificultades para poner en marcha lo pactado en aspectos tan fundamentales de la terminación del conflicto como la solución al problema de drogas ilícitas.

Lo primero que hay que decir, es que no fuimos solos hacia la tragedia de las drogas. Estados Unidos nos metió en una guerra que aparentemente era contra la cocaína. Pero la obsesión de Nixon eran las miles de hectáreas dedicadas aquí y en México a los cultivos de marihuana.

No está muy claro qué determinó que Colombia pudiera, desde los tiempos de los cultivos y carteles de la marihuana, asumir el papel protagónico que aún exhibe. Siguió, como orientada por un cabestro, las rutas que trazaba la demanda en los Estados Unidos. Pero no hay indicios capaces de contestar por qué fue posible que eso ocurriera. Para el caso de la coca, no teníamos ninguna razón para hacer parte de la cadena de producción.

Hay una especie de rezago intelectual a la hora de establecer los factores que facilitaron nuestra emergente pero poderosa presencia en el mundo de las drogas. El ministro Alejandro Gaviria, compilador y autor de varios ensayos sobre el asunto, al reconocer “razones todavía no plenamente entendidas” atribuye nuestra exitosa participación a “eventos fortuitos y accidentes históricos que se perpetuaron por razones económicas”.

De una manera o de otra llegamos a una fiesta a la que no habíamos sido invitados, y somos desde hace ya demasiado tiempo, medalla de oro en el podio del primer exportador de drogas a Estados Unidos, y los costos de nuestra devota permanencia en ese trágico mundo, son de toda índole. Costos en asesinatos, en masacres, en contrabando de insumos, hoja, pasta o productos terminados; de corrupción, de capturas de fuerzas militares y de aparatos del Estado, de justicia deficiente, de descentralización fallida, de miedo y estigmatización.

De hecho, las respuestas del derecho penal colombiano al fenómeno de las drogas y a las conductas de quienes participan en toda la cadena del tráfico, carecían siempre de imaginación y audacia. El que nuestras políticas públicas sobre el tráfico de estupefacientes sean generalmente un calco de las que establece y financia Estados Unidos, plantea fundamentales desencuentros entre los intereses y los objetivos de la política antidrogas de este país y la de Colombia. No en vano, el país consumidor dedica el 40% de sus gastos a impedir el paso de la droga por sus fronteras, y el 60% restante a disminuir la oferta en los países productores. Ese desequilibrio termina por decidir los contenidos de esa política pública de la guerra.

Pero hoy se plantea un escenario diferente. Por primera vez en nuestra historia la lucha contra las drogas no se plantea solo a la producción, tráfico y consumo; por el contrario, en el punto 4 del Acuerdo de Paz por primera vez se asume este problema como un todo integrado entre producción, tráfico y consumo, también se asume la adicción como un tema de salud pública y la erradicación y la sustitución de cultivos con un enfoque sociológico, económico y político que parte del grave problema de tierras como una de las causas estructurales del conflicto. El problema está en que este moderno planteamiento se quedó en el papel, mientras que en la práctica el incumplimiento de los Acuerdos ha sido la constante –no se ha respetado la erradicación voluntaria, no se ha cumplido con los proyectos de sustitución de cultivos y no se ha garantizado la seguridad de las poblaciones al punto de estar frente a uno de los detonantes de los asesinatos de líderes sociales– y la política antidrogas continúa aplicando los parámetros dictados por Estados Unidos.

Finalmente, con el nuevo Gobierno que se posesiona, el panorama no parece mejorar. Temas como la resistencia a la dosis personal –y la propuesta de penalización–, la falta de un programa de atención integral a los consumidores y el interés por retomar la asperción aérea para la erradicación de cultivos, permiten intuir que tendremos cuatro años de política antidroga “made in USA”.

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