Negros nubarrones en el país

16 de marzo del 2016

“El señor presidente debe evaluar su gobierno y sus políticas.”

El próximo 23 de marzo se cumple la fecha acordada por el presidente Santos y el jefe de las FARC, para firmar el pacto del fin del conflicto armado mediante la dejación de las armas y la reinserción a la vida civil de los insurgentes.

Todo parece indicar que aun no es posible que eso pase completamente porque todavía se lee que faltan aspectos importantes, aclaraciones y acciones necesarias para que el acuerdo final se logre y se ponga fin a más de 60 años de existencia de la fuerza guerrillera más activa en el país. “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”, es el eslogan en La Habana.

En todo caso, lo que parece claro, es la voluntad de las partes de no levantarse de la mesa, firmar el próximo 23 de marzo, aspectos vitales que fortalecen el proceso y avanzar rápidamente para el acuerdo final.

Eso es lo importante, la comandancia guerrillera y el gobierno confirmarán que en los próximos meses se pondrá fin a la existencia de las FARC como fuerza insurgente y su paso definitivo como partido político legal que competirá, con la pretensión de ganar espacios de poder, en lo regional y nacional, y eso es bueno para airar la democracia, por cierto, bien restringida, por la manipulación de los denominados partidos del establecimiento, aliados del gobierno y principales responsables de la crisis en la que se debate el país.

En lo de la paz falta la concreción con el ELN para que esta fuerza alzada en armas también avance en los entendimientos necesarios para la firma de acuerdos que les permita la dejación de las armas y su reintegro a la civilidad que justifique que la lucha armada no debe ser instrumento de acción política para conquistar los cambios que construyan auténtica democracia.

Sin embargo se advierten grandes nubarrones que atentan contra los acuerdos de paz y que son factores demasiado preocupantes para su materialización.

Experiencias en los procesos anteriores pasaron con los saboteadores bien peligrosos, las fuerzas de la ultraderecha y del paramilitarismo que actúan descaradamente contra la institucionalidad. Los asesinatos de lideres de derechos humanos, amenazas contra dirigentes políticos, sociales y de oposición y acciones armadas recientemente, así lo demuestran.

El gobierno y las fuerzas militares deben saber que son movimientos de paramilitares que se reorganizan con apoyos de sectores que conspiran contra el proceso de paz y las necesarias reformas. Hay que combatirlos con el rigor de la ley y la fuerza si no quieren el fracaso de un esfuerzo grande y necesario para el cese final de la violencia .

La defensa de la paz y la consolidación de la democracia es obligación del Estado y la sociedad. Trabajar por la reconciliación en un frente por la convivencia no necesariamente significa ni obliga a un apoyo al gobierno de turno y menos, si se tienen diferencias grandes en puntos sustanciales de su programa y se evidencia su falta de liderazgo y compromiso con medidas que saquen al país de la crisis institucional que fortalezcan el Estado de derecho como mandato constitucional y popular.

Por ejemplo el paro de hoy 17 de marzo, convocado por las fuerzas sindicales, sociales, empresariales y políticas alientan el apoyo a la paz pero se constituyen en un rechazo rotundo a las políticas antipopulares y antidemocráticas del gobierno del Sr. presidente Santos, ausentes de compromiso con la población pobre y media del país y responsable de la profunda crisis social y económica que nos hace cada vez más inviable como nación democrática y respetuosa de la vida y la democracia.

El señor presidente debe evaluar su gobierno y sus políticas. La opinión mayoritaria del país dice que va mal y eso debe preocuparlo y más aun si su bandera es la firma de los acuerdos de paz.

La crisis es seria. La economía va muy mal. Se aumenta la pobreza y el desarrollo económico retrocede, por su parte, el desempleo aumenta. El apagón es inminente a pesar de las medidas de ahorro, los impuestos suben y el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y empleados medios merma. La crisis institucional no se resuelve, la dependencia de los grupos económicos transnacionales es mayor y la inconformidad crece en todos los niveles. ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

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