Por fortuna la ley no prohíbe en Colombia tener creencias religiosas. Eso solo pasa en los países más dictatoriales y atrasados, que de manera idiota creen que se debe regular todo por parte del Estado. Pasó en la Rusia comunista, en la Cuba de los Castro y pasa en los gobiernos fanáticos del Islam que no toleran más religión que la de Mahoma.
Nosotros tuvimos un régimen parecido, guardadas las proporciones, hace ya varias décadas cuando el país estaba consagrado al Corazón de Jesús y existía un tratado con el Vaticano llamado Concordato para garantizarle a la iglesia católica prebendas como la prioridad en la educación, el no pago de impuestos, la prevalencia del matrimonio religioso por encima del civil, el no divorcio y la total colaboración entre la iglesia y el Estado.
De este concordato derivó que la gran mayoría de nosotros fuéramos criados en la fe católica, como única y verdadera. Todas las demás religiones eran sospechosas y discriminadas. La mayor discriminación, claro está, era contra los ateos y los masones, que parecían peores que todo los demás. Nadie podía confiar en quien no tuviera Dios ni Ley. Los ateos sin Dios y los masones, aunque sí tienen Dios, al que llaman hermosamente “el supremo arquitecto del universo” prefieren no tener Ley o por lo menos leyes manejadas por manos distintas a las de su propia logia.
Así era como resultábamos matriculados en la región católica a los pocos días de nacer y de ahí en adelante llegábamos al colegio, a la confirmación, a la primera comunión, a la universidad y a veces hasta el matrimonio en manos de la curia, sin que siquiera nos permitieran preguntar por los misterios de la religión que se decía debía creerse como un acto de fe.
Pero todo esto cambió y a partir de la Constitución del 91 quedó establecida una separación total entre estado y religión, aunque varios siglos de dominación católica han dejado secuelas muy difíciles de borrar. Después de la Constitución hubo un auge de religiones cristianas y la presencia más tímida pero igualmente significativa de otras expresiones como la del Islam, la judía y por supuesto empezaron salir del closet la masonería y el ateísmo.
Todo esto está muy bien en una sociedad democrática, no teocrática, respetuosa de las creencias particulares. Lo que no está bien es que el Estado siga casado con la religión católica o con cualquiera otra. De ahí la explicación para que prosperara la demanda ante el Consejo de Estado en la que se eliminó del protocolo de la ceremonia del 20 de julio el llamado Te Deum, una misa en la que obligatoriamente debían asistir el Presidente y todo su gabinete.
Esta es la parte que el saliente Procurador nunca entendió, a pesar de que algunas personas afirman que es un buen abogado. Será abogado, pero de la Iglesia porque en sus funciones dio muestras frecuentes de su propensión a favorecer los principios de la religión católica, que es la que él profesa. Eso en mi leal saber y entender es prevaricar, pues va completamente en contravía de la Constitución que ordena la separación de la Iglesia y el Estado.
El señor Ordóñez dejó su cargo por un delito grave, como es el de comprar su puesto, pero debería haber salido por utilizar su investidura para imponer la fe, porque eso también hoy en Colombia es un delito para un servidor público, aunque muchos todavía no se dan por enterados y decoran sus oficinas con imágenes religiosas, ofrecen misas con los dineros públicos, entre otros muchos errores.
A nadie se le puede obligar a dejar su religión, asunto que puede ejercer libremente, siempre que no esté en el desempeño de un cargo público. De lo contrario, como Alejandro Ordoñez, habrá violado la Constitución que juró defender.
* Forma de gobierno donde los administradores estatales coinciden con los líderes de la religión dominante.
