¿No has terminado de pagar tu celular y ya no sirve?

27 de octubre del 2018

Esta semana conocimos la significativa multa impuesta a Apple y Samsung por incurrir en obsolescencia programada. El regulador italiano de la competencia anunció multas por 10 y 5 millones de euros a estas compañías por prácticas comerciales injustas que conllevaron a limitar deliberadamente la vida útil de los celulares. La noticia llegó a varios rincones […]

¿No has terminado de pagar tu celular y ya no sirve?

Esta semana conocimos la significativa multa impuesta a Apple y Samsung por incurrir en obsolescencia programada. El regulador italiano de la competencia anunció multas por 10 y 5 millones de euros a estas compañías por prácticas comerciales injustas que conllevaron a limitar deliberadamente la vida útil de los celulares. La noticia llegó a varios rincones del mundo, incluido Colombia, y abre de nuevo el debate sobre la regulación en esta materia en la oferta electrónica desechable y el derecho de los usuarios a saber la disponibilidad para actualizar sus dispositivos sin que se vuelvan obsoletos a los pocos meses de haberlos comprado.

El concepto de obsolescencia programada por supuesto no es nuevo, ni es la primera vez que se discute en el país. Sin embargo, a pesar de que está demostrado que su práctica malintencionada y sistemática afecta directamente los derechos de los consumidores, en el país se ha hecho muy poco -por no decir nada- al respecto. Por el contrario, países como Francia ya trabajan en una normatividad clara que obliga a las compañías a informar al usuario la posibilidad de reparar sus dispositivos tecnológicos y la existencia de piezas individuales. Además, desde febrero de 2015 el Senado francés tipificó a la obsolescencia programada como un delito, definiendo la misma de la siguiente manera: “La obsolescencia programada consiste en acortar la vida útil de un producto intencionadamente para que el consumidor tenga que comprar uno nuevo”. La Unión Europea, por su parte, avanza en un proyecto de ley para frenar esta práctica en algunos mercados.

Debemos reconocer que la obsolescencia programada se inventó casi al mismo tiempo que inició la comercialización en masa de productos que aún hoy son indispensables para todos. Se cuenta que en 1881 Thomas Edison crea una bombilla que tenía 1.500 horas de vida útil, luego algunos científicos prolongan su tiempo hasta 2.500 horas, pero en 1925 varios fabricantes constituyen el ‘comité de las 1.000 horas’, también conocido como el cartel Phoebus con el que las principales empresas fabricantes se repartieron el control de la producción mundial de este producto buscando asegurar la venta del mismo con un ciclo de vida corto que asegurara su consumo permanente. Así, a lo largo de la historia muchas empresas han recurrido a la misma táctica con diversos productos, pero los tiempos han cambiado y los consumidores de hoy no se dejan meter tan fácil los dedos a la boca.

Volvamos al caso de Samsung y Apple. Según la autoridad italiana, a la primera se le sancionó porque instó a los propietarios del Samsung Note 4 a instalar una nueva versión de su sistema operativo Android, pensada para la nueva versión del Note 7, sin informarles que esto ralentizaba el funcionamiento de sus equipos. A la segunda se le impuso la multa más elevada porque además de insistirle a los usuarios del iPhone 6 que instalaran el nuevo sistema operativo iOS 10, optimizado para el nuevo modelo iPhone 7, no les informaron la alta demanda de energía que provocó que los equipos se apagaran de repente. Igualmente, la compañía sacó una nueva actualización sin avisar que reducía la velocidad del aparato, pero tampoco ofreció una ayuda técnica para solucionar esos problemas a los usuarios.

Nuestros abuelos decían: Lo que no sirva que no estorbe. Y estamos de acuerdo que cuando un objeto deja de ser útil o funcional, después de un tiempo considerable, debe ser reemplazado. Pero, ¿cómo puede ser que una persona se endeude dos años para pagar un equipo de alta gama que al año va a comenzar a fallar? ¿no tenemos al menos el derecho como usuarios a saber la vida útil del aparato y la disponibilidad para actualizarlo o conseguir las piezas necesarias para repararlo?

A lo anterior hay que sumarle el tema ecológico. Se calcula que en el mundo se producen entre 45 y 50 millones de toneladas de basura electrónica al año. En Colombia se espera que este año produzcamos 286 mil toneladas de residuos electrónicos. En contraste, según estimaciones del Ministerio de las TIC, los colombianos cambiamos el teléfono celular una vez cada dos años en promedio, entre otras razones porque se ralentiza, se acaba la capacidad de almacenamiento, mejora el procesador en otros modelos y, por supuesto, los nuevos equipos traen mejor cámara, aplicaciones y herramientas de entretenimiento.

Es natural que en el mundo actual las innovaciones se hagan con mayor rapidez y eso también nos lleve a cambiar constantemente los equipos tecnológicos. No queremos quedarnos en la era de las cavernas ni mucho menos. Sin embargo, debemos abrir en Colombia una discusión seria sobre la protección al usuario frente a la obsolescencia programada de los aparatos electrónicos, en especial los celulares cuya oferta varía constantemente. No es lo mismo para una persona que tiene los recursos y puede renovar su equipo cada vez que sale una nueva versión que para alguien que vive de la economía informal o no le es posible comprar un teléfono cada año.

Lo mínimo que podemos exigir como usuarios es que nos informen con veracidad sobre la vida útil del equipo que estamos comprando, las actualizaciones que vendrán y la posibilidad de reparar el equipo al menos en el próximo año. La invitación es a que abramos la discusión sin miedo y sigamos el ejemplo de otros países que han establecido reglas claras frente a la obsolescencia programada cuando se practica de manera malintencionada. En las naciones donde se han tomado medidas se demostró que las compañías iniciaron procesos de transparencia ante el consumidor e, incluso, la calidad de los equipos mejoró considerablemente frente a otros países con una regulación débil o nula.

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