Nueva denuncia contra 72 congresistas por Reforma a la Justicia

17 de diciembre del 2012

La Corte Suprema acaba de abrir investigación criminal contra los doce parlamentarios que participaron de la Comisión de Conciliación donde se metieron los orangutanes a la mal llamada Reforma a la Justicia, hundida recientemente. De otra parte, la Corte Constitucional acaba de declarar la inconstitucionalidad del orangután madre, es decir, del Acto Legislativo 1 de […]

La Corte Suprema acaba de abrir investigación criminal contra los doce parlamentarios que participaron de la Comisión de Conciliación donde se metieron los orangutanes a la mal llamada Reforma a la Justicia, hundida recientemente. De otra parte, la Corte Constitucional acaba de declarar la inconstitucionalidad del orangután madre, es decir, del Acto Legislativo 1 de 2011, lo que constituye una de las decisiones más importantes en mucho tiempo, pues fue con base en la misma que el Congreso expidió aquella Reforma a la Justicia.

Se hace por tanto necesario analizar cómo se relacionan las dos decisiones y sus consecuencias respectivas, de las que se desprende la posible responsabilidad disciplinaria y penal de no menos de 72 parlamentarios, que estaban siendo procesados por la Corte Suprema y el Consejo de Estado.

Corte Constitucional tumba orangután mayor y enreda a congresistas

La Corte Constitucional, al tumbar el Acto Legislativo 1 de 2011, determinó que los congresistas actuales habían abusado de la facultad para reformar la Constitución al excluir el conflicto de intereses, que no es otra cosa que la imposibilidad de participar en asuntos que beneficien directamente a los parlamentarios – que fue lo que de paso hicieron en la Reforma a la Justicia, y sin esta reforma jamás hubieran podido ser aprobada–. Al tocar las causales de desinvestidura habían sustituido la Constitución por otra, roto la separación de poderes, privilegiado su interés particular, desconocido el interés público y quebrado los mecanismos de control político de la ciudadanía.

Aquí la Corte Constitucional, tanto los magistrados que votaron a favor como los que salvaron el voto o se opusieron, dejaron en claro que esta reforma solo los podía eximir mientras estuvo vigente de responsabilidad por perdida de investidura ante el Consejo de Estado, pero no los excusaba de responsabilidad disciplinaria ante el Procurador General ni la penal ante la Corte Suprema de Justicia.

Corte Suprema va por los doce del patíbulo de la Reforma a la Justicia

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, palabras más palabras menos, en otra decisión no menos importante ordenó investigar a los doce parlamentarios por la Reforma a la Justicia –cuyo detalle como denunciante que en representación de Red-Ver soy no puedo presentar para no violar la reserva del sumario–. Tales parlamentarios habían excedido el marco de sus competencias constitucionales y – más allá de su voto inviolable habrían podido transgredir normas penales. Entre las irregularidades a investigar están el decidir si se investigará y juzgará a los secretarios generales de Senado y Cámara –, los beneficios otorgados a los investigados por delitos de corrupción ante la Fiscalía General, dejándolos a las puertas de las cárceles, así como a otros parlamentarios presos por delitos de corrupción como por paramilitarismo. Ni hablar del desmonte de la pérdida de investidura.

La responsabilidad disciplinaria y penal del Congreso de la República en la Reforma a la Justicia: una sanción pendiente

Con base en el dueto de fallos judiciales mencionados, surgen nuevas acciones de orden contra los parlamentarios que se hallaban en trámite de pérdida de investidura ante al Consejo de Estado, así como para los procesados penalmente ante la Corte Suprema de Justicia. Hasta ahora se había dado por sobreentendido, por los congresistas mismos, que en materia o disciplinaria el conflicto de intereses había perdido vigencia, así como en materia criminal, pese a que la reforma aprobada por ellos mismos no lo decía. Con esta decisión queda clara la competencia de las autoridades disciplinarias y, en concreto, del Procurador para investigar a los 72 parlamentarios que aprobaron la ¨Reforma a la Justicia ¨ estando en conflicto de intereses, beneficiándose directamente de la misma. Quizás el Procurador, tras su reciente reelección, se habrá de declarar impedido frente a semejante transgresión no solo del orden jurídico sino del pacto social que sustenta nuestra identidad patria.

@pablobustossanc

* Los comentarios, textos, investigaciones, reportajes, escritos y demás productos de los columnistas y colaboradores de Kienyke.com, no comprometen ni vinculan bajo ninguna responsabilidad a la sociedad comercial controlante del medio de comunicación, ni a su editor, toda vez que en el libre desarrollo de su profesión, pueden tener opiniones que no necesariamente están acorde a la política y posición del portal.

Ver comentarios
KONTINÚA LEYENDO