Nuevas facultades al Fiscal y el reto Saludcoop

El Gobierno Nacional acaba de otorgar un grueso de facultades, recursos económicos y planta de personal importante tanto a la Fiscalía  General como a la Defensoría del Pueblo, pese a esto no queda claro cuál sea el papel de este ente investigador frente  a los temas  críticos de la institución como el caso de los carteles  de la salud encabezado por Carlos Palacino, como el de la contratación de Bogota. Saludcoop y las organizaciones  criminales: talón de Aquiles de la fiscalía Es necesario que la Fiscalía General avance en las investigaciones respecto de Saludcoop, y del amigo, vecino, y cliente de Eduardo Montealegre, cabeza de esa institución y que a través  de la misma  muestre al país  el nuevo modelo investigativo encaminado a perseguir  organizaciones criminales, y no solo criminales, esto es en ámbitos  donde tal institución ha mostrado su talón de Aquiles. El riesgo que se corre es que tales  recursos logísticos, humanos y económicos se usen por el ente acusador para casos distintos a los en curso, corriendo el riesgo aun mayor  de que la fiscalía con otros  escándalos sobre corrupción desatienda mas los pendientes, como tendiendo una especie de cortina de humo. Cartel de la contratación con freno de mano de la fiscalía Pese a los anuncios de la fiscalía de vincular nuevos concejales de Bogotá como integrantes del cartel de la contratación,  tal investigación parece andar  más con freno de mano que con el acelerador a fondo. En efecto, es una especie de goteo judicial, en que cada seis meses la fiscalía da un paso adelante, dejando quizás los peses gordos por fuera o con tal grado de desafío a la sociedad como el caso de Emilio Tapia quien fuera fotografiado en un palco de varios millones disfrutando de las ferias de Cartagena con el dinero que le sustrajo a los bogotanos. Otras lupas: Devoluciones por valorización. ¿Y los intereses qué? Para  estos días se anuncia, por parte de la administración distrital, el inicio de la devolución de la denominada contribución de valorización por beneficio local, mostradas y aceptadas las inconsistencias de dicho cobro que fueron mostradas en su momento por la Red de Veedurías. Sin embargo, el asunto es que no solo se debe restituir las sumas pagas, sino también sus intereses, cuyo cubrimiento se hallaría aún pendiente después de los desembolsos planteados. Se  trata  de un perjuicio material o económico  causado por la administración distrital, léase Concejo de Bogota e IDU – Instituto de Desarrollo Urbano- conjuntamente. Corrupción a la Ecopetrol Se ha  advertido por la justicia  norteamericana el pago de millonarias coimas o mordidas para la adjudicación de contratos en la que  hasta  ahora  era tenida como una  de las empresas más transparentes del país, Ecopetrol, es decir  el último baluarte  de la integridad empresarial colombiana. Por mucho tiempo hubo reparos a ciertos procesos, rumores, pero ahora  nos encontramos frente  a una  realidad judicial. Sin embargo, es de esperarse que este no sea  el único caso en dicha  entidad, ni tampoco el ultimo, y por tanto solo validando y revisando, esto es activando mecanismos de control y seguimientos más participativos podrá  conocerse más sobre la realidad de esta compañía petrolera hasta ahora insigne, y donde no basta el mea culpa del cuerpo directivo, y la formulación de denuncias sobre temas respecto de los cuales la fiscalía debe tomar cartas – esperamos no lo haga con la lentitud de caso Saludcoop o del cartel de  la contratación en Bogota. Ecopetrol precisa del acompañamiento de veedurías ciudadanas serias, y no integradas por supuestos veedores condenados por la justicia por casos de corrupción a los que ha llamado para adelantar tal gestión.  Hace unos meses tal entidad invitó a Alberto Contreras, quien fue condenado por la justicia colombiana por abuso de confianza consistente en haberse sustraído o apropiado varias  decenas de millones de la cooperación internacional, concretamente de países bajos, como el propio embajador lo denunció. Luego el falso veedor, trató infructuosamente que la Corte Suprema de Justicia le revisara la sentencia. Y nos enteramos por información suministrada por la dependencia de contratación de  Ecopetrol. Alberto Contreras se ha hecho pasar por veedor por varias dependencias del Estado y del Distrito Capital sobre la base de la ignorancia de tal impedimento, y de la expulsión de que fuera objeto, hace tiempo de la veeduría a la que decía pertenecer. Mas aun incluso hube de aportarle  tal información a la Oficina de Participación Ciudadana del Ministerio del Interior a mediados del año anterior cuando Contreras se presentó como vocero de un miembro de la Comisión de Moralización, amigo suyo  -cuya  labor de veeduría es desconocida- como representante de las Veedurías.  Dicha  objeción se la presenté al presidente Santos en una reunión en el Palacio de Nariño, y en la Oficina de Trasparencia con Carlos Fernando Galán – hoy director de Cambio Radical- sin resultado alguno. @pablobustossanc reddeveeduriasdecolombia@gmail.com