OCDE, medidas contra la corrupción y reformas sociales

18 de noviembre del 2018

Opinión de Roger Carrillo.

OCDE, medidas contra la corrupción y reformas sociales

Durante la visita a Francia que realizó el presidente Ivan Duque el pasado 11 de noviembre, los temas trascendentales de la agenda, estuvieron marcados por el proceso de paz, la reunión con los miembros de la OCDE y con empresarios del país galo.

De gran relevancia, fue su intervención de presentación, ante los 37 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en París (Francia), el presidente de la República, Iván Duque Márquez, firmó dos documentos muy importantes para el proceso de adhesión a este organismo; fueron dos memorandos de entendimiento con la organización para afrontar la corrupción de Colombia y mejorar en el diseño de políticas sociales en educación y salud.

Para el país es una muy buena noticia los avances que se han realizado en la materia, de la reunión sostenida con el organismo, se puede resaltar que en materia de corrupción la OCDE apoyará a Colombia con mecanismos técnicos y el conocimiento previo para identificar las mejores políticas públicas que puedan desarrollarse en el país con respecto a este tema. Asimismo, es importante referirse, al memorando firmado con el objetivo de diseñar políticas sociales más efectivas en el gasto en educación, la reforma estructural del sistema de salud y la generación de empleo.

En Colombia, se han dado avances importantes en la creación de diferentes mecanismos; durante el último decenio, el país ha adoptado y puesto en práctica importantes reformas para fortalecer las políticas públicas, muchas de ellas activadas y respaldadas por el proceso de adhesión del país a la OCDE. La creación de altas instancias, como la Comisión Nacional de Moralización, las Comisiones Regionales de Moralización y la Secretaría de Transparencia, son prueba de ello.

Así mismo, debemos hacer referencia a la Ley 1474 de 2011; el Estatuto Anticorrupción redefinió el marco legal para combatir la corrupción que busca fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y mejorar la eficacia del control público de los bienes y recursos del Estado.

De otra parte, en el ámbito administrativo, la Política Pública Integral Anticorrupción (PPIA, documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES 167) desarrolló el marco principal de lucha contra la corrupción, y está diseñado en torno a cinco estrategias principales: mejorar el acceso y la calidad de la información pública para prevenir la corrupción; mejorar las herramientas de administración pública para prevenir la corrupción; incrementar la incidencia del control social en la lucha contra la corrupción; promover la integridad y la cultura de legalidad en el Estado y la sociedad; y reducir la impunidad en hechos de corrupción.

Sin embargo, a pesar de todas estas medidas, en el país, la corrupción y la falta de integridad en la toma de decisiones públicas, son una amenaza latente para el crecimiento incluyente y equitativo, menoscaban los valores de la democracia y la confianza en los gobiernos e impiden una prestación eficaz de los servicios públicos. Por tal motivo, los dos memorandos de entendimiento y colaboración firmados ante la OCDE se encuentran interrelacionados. ¡La cultura corrupta afecta directamente las políticas sociales de un país!

Ante este escenario -si bien es necesario investigar y sancionar los casos de corrupción- el tema es mucho más complejo, debe implementarse un proceso de cambio cultural, y por ende se deben adoptar medidas preventivas de fondo, para hacer frente a las debilidades sistémicas e institucionales que propician la corrupción, inclusive desde los programas escolares y la catedra universitaria.

El problema en el país es de gran complejidad, y ante la gran variedad de violaciones a la integridad y prácticas corruptas, es importante garantizar un enfoque preventivo contra la corrupción, el cual requiere un sistema coherente y eficaz de integridad pública, involucrando a todos los actores que hacen parte del sistema.

En este sentido, resulta neurálgico entender, que la gestión de la integridad pública no es responsabilidad solamente de un organismo anticorrupción especializado, sino también de todas las organizaciones del sector público, así como el sector privado, la sociedad civil y la ciudadanía quienes comparten la responsabilidad en la lucha contra la corrupción y en garantizar la integridad pública, definida por la OCDE como el posicionamiento consistente y la adhesión a valores éticos comunes mínimos para vivir en comunidad.

Por este motivo, es importante impulsar y fomentar una cultura de integridad en el servicio público, haciendo una revisión sobre el marco normativo, así como el fundamento organizacional para asegurar su implementación, con fuertes directrices sobre la manera en que Colombia pueda fortalecer el camino hacia una cultura de integridad en el sector público, mediante orientación, concientización y desarrollo de las capacidades relevantes de cada actor involucrado.

El nuevo gobierno tiene una tarea muy importante en este sentido, con el fin de incorporar las políticas de integridad en todos los ámbitos, desde la gestión de recursos humanos, además de mejorar el sistema de declaración financiera y de conflictos de interés, asegurar el cumplimiento de las normas de integridad, así como su monitoreo y evaluación permanente. Es un objetivo al que debemos llegar unidos como país, porque necesariamente el cambio cultural también viene desde casa.

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