Operación Fénix

11 de septiembre del 2011

La historia le está dando la razón a Colombia. Ante la evidencia encontrada en los computadores de Raúl Reyes y más recientemente del Mono Jojoy, Colombia no tenía otra opción. En una columna del año pasado en el periódico El Nuevo Siglo afirmé que “La Operación Fénix era necesaria en las condiciones específicas en las […]

La historia le está dando la razón a Colombia. Ante la evidencia encontrada en los computadores de Raúl Reyes y más recientemente del Mono Jojoy, Colombia no tenía otra opción. En una columna del año pasado en el periódico El Nuevo Siglo afirmé que “La Operación Fénix era necesaria en las condiciones específicas en las que se llevó a cabo. No es posible creer que un gobierno que tenía varios sectores políticos infiltrados por tentáculos de las Farc, como lo era “en aquel momento” el gobierno ecuatoriano, accedería a realizar una operación combinada entra las Fuerzas Militares de ambas naciones para atacar un blanco protegido desde Quito”. Esa idea de cooperativismo no se ajusta al momento coyuntural que se estaba viviendo aquel marzo de 2008.

Pero obviamente la justicia ecuatoriana no ha cedido en su empeño de buscar arrestar a los generales encargados de diseñar y aprobar finalmente esta histórica operación. Aun hoy, como lo confirmó el Juez de la provincia de Sucumbíos hace apenas unos días, pretenden arrestar a los generales Freddy Padilla de León, excomandante de las FF.MM., Jorge Ballesteros, excomandante de la Fuerza Aérea, Mario Montoya, excomandante del Ejército, Oscar Naranjo, director de la Policía Nacional y al almirante Guillermo Barrera, para que asistan a una diligencia judicial en dicho país.

Afortunadamente, como también lo hizo el expresidente Uribe en su momento, Santos ha salido a defender a los altos mandos militares y de policía, más aún cuando fue durante su gestión como Ministro de Defensa que se llevó a cabo la Operación Fénix. Ni el presidente como comandante supremo de las Fuerzas Militares, ni el Estado en su conjunto, ni la sociedad colombiana puede permitir semejante aberración del sistema internacional y de las normas internas colombianas. Primero porque el hecho fue, de lejos, una operación de Estado, no de los mencionados generales; segundo porque el derecho a la legítima defensa existe y debe ser custodiado por la normatividad internacional.

Me niego a creer que el arresto de estos generales se produzca, que lo dejemos hacer, pero si es así, la protesta colombiana debe ser profunda y contundente. Lo mejor que puede hacer Ecuador es reconocer que en su territorio había un campamente permanente de las Farc y que desde allí, el irónicamente denominado “Ejército del Pueblo”, atacaba tanto a la población civil como a los militares y policías colombianos, al igual que se refugiaban y conseguían la logística necesaria para sus actos aleves en Colombia. Como nación no podíamos permitir tal afrenta.

Por Dios, el Estado de Ecuador debe estar agradecido con Colombia en la medida en que también logramos con esta operación limitar la capacidad de reclutamiento que las Farc ejercían  en territorio ecuatoriano; como también frenar el deterioro de su seguridad en la parte nororiental de este país. Desestructurar parte de las capacidades de las Farc en territorio ecuatoriano es una ganancia de doble vía, que Correa y sus colaboradores no quieren reconocer.

A pesar de que ahora no mira con odio al presidente de los colombianos, creo que el odio y rencor los sigue teniendo, solo bastará un acontecimiento complejo entre los dos Estados para que vuelva a salir y en ese momento la historia de nuevo les dará la razón a los colombianos.

Recordemos, que la disyuntiva era clara, como lo dije en mi columna del Nuevo Siglo hace un año: “o se llevaba a cabo la operación o Colombia y su Fuerza Pública seguiría siendo el blanco predilecto de las Farc en la frontera. Cualquier mandatario que entienda el complejo panorama colombiano, habría tomado la decisión de atacar aquel campamento en Sucumbíos, aún sabiendo que desde el exterior recibiría arduas críticas, sobretodo desde gobiernos con compromisos ideológicos preocupantes y parcializados, aunque hoy se traten de negar para privilegiar, como es debido, la diplomacia sobre la confrontación”. Es esa la responsabilidad de un Presidente, actuar de otra forma sería prácticamente una traición al pueblo que representa.

Hoy la decisión es recordada, por la mayoría de colombianos, como la decisión correcta. Muy pocos en Colombia defienden la tesis de la violación de la soberanía ecuatoriana, que aunque cierta y aceptada por unos y otros, parece más una excusa de algunos para desconocer la necesidad del golpe militar y la realidad coyuntural que marcó la decisión del 1 de marzo de 2008. Ante todo, es perentorio decir que Colombia hizo uso de su derecho a la defensa de una amenaza terrorista que se resguardaba, y lo sigue haciendo aún hoy, aunque es posible afirmar que en menor medida, en las fronteras inhóspitas del país(es) vecino(s), con el fin de impedir que las Fuerzas Militares cumplan su misión en el marco de la constitución y la ley.

La alusión a la violación de la soberanía ecuatoriana deja de lado un aspecto fundamental del concepto y es, precisamente, la noción de legitimidad en contraste al uso arbitrario del poder por parte de los actores ilegales que se amparan en la fuerza y en la coerción para imponerse sobre los demás. Implica entonces la transformación de la fuerza en poder legítimo. El paso del poder de hecho al poder de derecho. Adicional a ello, la evolución del concepto ha traído consigo unos límites adicionales, justificados por la necesidad de respetar valores protegidos por el propio derecho internacional, como lo pueden ser la dignidad del ser humano y la conservación de la especie humana.

Es defendible y comprensible entonces la decisión de Colombia, en la medida en que las grupo ilegítimo de las Farc, violando los límites del concepto contemporáneo de soberanía, utilizan la fuerza para atacar la propia soberanía colombiana desde territorio adyacentes. Adicional ello, los canales de comunicación entre ambos Gobiernos se habían convertido en un diálogo de sordos, ya que la respuesta ecuatoriana estaba minada por intereses específicos a favor del grupo terrorista, comprobados luego de investigaciones profundas y académicas, como el Informe de Angostura, pedido por el propio presidente Correa; en éste se confirman las alianzas subrepticias entre Chauvín, Larrea y otros funcionarios del alto gobierno ecuatoriano con las Farc.

Ello, sin duda, le da la razón al gobierno colombiano que en su momento insistió en la falta de cooperación binacional frente al tema del combate al grupo terrorista en la frontera. Ante esas evidencias y la realidad de atentados, reiterados y sistemáticos, contra la población civil y la Fuerza Pública en zona limítrofe, una decisión distinta habría sido menos polémica, pero trascendentalmente más problemática para la nación colombiana y su lucha frontal contra el flagelo de la violencia. Recordemos que Colombia pidió perdón al hermano pueblo de Ecuador, pero también insistió en la cooperación internacional en la lucha contra esta organización terrorista, ya que sin ella el esfuerzo nunca será suficiente.

Ahora bien, existen algunas conclusiones del episodio que vale la pena comentar, como bien lo afirmé en la columna de El Nuevo Siglo:

a. La Operación Fénix demostró la capacidad y profesionalismo de las Fuerzas Militares, más tarde ratificada con la Operación Jaque y la Operación Sodoma. Estos dos hitos ponen en evidencia que la inteligencia dominante permite operaciones decisivas y precisas, con un alto valor agregado para el futuro de Colombia; las últimas operaciones militares en vastas regiones del país confirman con creces esta afirmación, a pesar de la percepción negativa de seguridad que se vive en algunas parte del territorio por cuenta de una adaptación de las Farc, asunto tradicional en el marco de las Guerras Populares Prolongadas (GPP);

b. Lo ocurrido trajo consigo una reacción diplomática agresiva de Ecuador hacia Colombia, patrocinada desde Caracas y La Paz, pero también algunas decisiones importantes en materia de defensa por parte de Quito, como lo fueron el aumentó de tropas en la frontera con Colombia y el desarrollo de una operación sin precedentes para detectar posibles campamentos móviles o permanentes de las Farc en su territorio; en otras palabras accedieron, posiblemente más por una posición de realpolitik que por convicciones profundas, a prestar atención en la frontera, ayudando enormemente a Colombia; y

c. Se desarticuló de forma importante y estratégica las relaciones políticas internacionales de las Farc con el mundo entero, ya que se neutralizó a Luís Edgar Devia, alías Raúl Reyes, encargado de su manejo, fortalecimiento y efectividad. Además se obtuvo evidencia probatoria que ha servido para investigaciones jurídicas de trascendencia internacional principalmente, ya que la Corte Suprema de Justicia en Colombia, en una decisión polémica, negó la posibilidad en que esta información se convirtiera en prueba para procesos nacionales.”

Por todo lo anterior, el 1 de marzo de 2008 será siempre recordado por la capacidad y profesionalismo de las Fuerzas Militares, pero también por la valentía y decisión de un gobierno que prefirió enfrentar miradas frías en los foros internacionales, a permitir que los terroristas siguieran minando las posibilidades de crecimiento del pueblo colombiano. Ahora lo que falta es proteger de manera absoluta a los generales que están siendo sujetos de un proceso judicial en Ecuador, instancia que no es reconocida por el Estado colombiano.

jafah2@hotmail.com

@javierflorezh

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