Los 618 contratos de la Contralora General

29 de abril del 2013

La Contralora General ha acusado varios problemas, uno de ellos como lo denunciamos primero el del cambio injustificado de sede, por una en arriendo en un exclusivo sector comercial de la ciudad, con un costo superior a los 70 mil millones de pesos, incluyendo uno de los cánones de arrendamiento más altos del sector público colombiano.

Otro asunto, de igual forma digno de reconocimiento son los contratos firmados por la misma en número superior a los 600, desde el 17 de febrero de 2012 hasta el 5 de diciembre del mismo año.

Listados y “corbatas”

Dicho monto de contratos, para ser más exactos 617, consta en un listado de 37 páginas entregado por ese órgano de control, donde se relacionan número de contrato, fecha del mismo, nombre del contratista, su número de cédula, NIT, objeto del contrato, monto del mismo, así como número y monto de la disponibilidad presupuestal, entre otros.

Perlas fuera del océano

Llaman la atención contratos como el de 174 millones de pesos, suscrito con el periodista Javier Ayala Álvarez, identificado con cédula de ciudadanía 17.066.228, cuyo objeto contratado fue “prestación de servicios profesionales de asesoría de información y comunicaciones, con el fin de estimular la participación”.

La senadora chocoana Astrid Sánchez Montes de Oca, quien entró a reemplazar al senador Merlano, y quien a su vez tiene dos hermanos en prisión: uno el representante Odín, y el exgobernador José Patrocinio. Aquella fue contratada para “prestar servicios profesionales para brindar la -sic-asesoría jurídica especializada”, por un monto de 48 millones de pesos. De hecho, salió de la Contraloría al Congreso. La misma repitió con un contrato posterior, el 443-12, por valor de 20 millones de pesos.

El exprocurador Edgardo Maya Villalón, como asesor jurídico en políticas públicas: 72 millones de pesos. Carlos Ossa Escobar, excontralor General de la Nación, asesor en la preparación de informes del contralor: 72 millones de pesos.

Francisco Javier Ricaurte con 54 millones de pesos, como asesor jurídico. Gloria Cuartas, 16 millones de pesos para el seguimiento de políticas públicas de lucha contra la pobreza.

Los de 100 millones para arriba

Claro está, otros asesores de la contralora recibieron contratos por más de 100 millones de pesos, como Psicólogos Asesores y Cía. Ltda. por 500 millones de pesos, Ulahi Dan Beltrán López, Luis Gregorio García Triana –asesoría en la vigilancia de la red vial-, Honora Luz Murillo Cárdenas- para atender requerimientos en participación ciudadana- , Carlos Eduardo Naranjo Flórez – asesor jurídico del despacho-, Antonio José Cuesta Villalba, Luisa Alexandra Aldana, Betty Fernández Ruiz- 146.533.333 de pesos para proyectar y asesorar al jefe de investigaciones especiales-, el excontralor Antonio Hernández Gamarra – 165.333.333 de pesos, por prestación de “servicios profesionales de apoyo en la asesoría del despacho de la señora Contralora”; Carlos Ivan Rodríguez Melo – 140 millones de pesos como asesor en sector salud-, el periodista Oscar Alarcón corrió con menos suerte – 81.333.333 de pesos-, así como Juan Guillermo Ríos Rendón – 60 millones de pesos por “apoyo en asesoría al despacho”,  Gustavo Enrique Saldarriaga Lopera -150 millones de pesos- Carlos Alfonso Negret Mosquera – 120 millones de pesos-.

Mauricio Evaristo Fernando Devis Morales- 120 millones de pesos-, Laberinto Producciones 180 millones de pesos, para comunicaciones. Plaza y Caballero Consultores -237 millones de pesos-.

El trasteo a la nueva sede arrendada valió más de 233 millones de pesos– exactamente 233.467.617 de pesos- con Transportes Mudanzas Chico S.A.

El contrato rey y reina: el de arrendamiento

El contrato de mayor valor es el suscrito con Rafael Augusto Salazar López, como representante legal de Proyectos y Desarrollos I S.A. por el arriendo de la nueva sede por 61.440.291.771 de pesos y 4.583. 712.754 de pesos.

El contrato estuvo seguido en su importancia cuantitativa por el suscrito con Ossa &Asociados Viajes y turismo Grupo Nobel -1.481.075.304 de pesos-

Control al control

El listado parece de alguna manera traslucir cómo la Contraloría no ha sido ajena a las prácticas que este mismo órgano de control increpa a sus vigilados, y por las que no pocas veces han sido estos sancionados. Ello sin contar que tal despliegue o mejor esperpento contractual habría sido empleado como parte de una estrategia orientada a atornillar a la contralora por encima de la propia contraloría, mediante contratos carentes de escrutinio público alguno, que parecieran hallarse por fuera del alcance del control fiscal en Colombia.

@pablobustossanc

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