Peligran la reforma a las regalías, la ley de víctimas y muchas más

10 de noviembre del 2010

El gobierno de Juan Manuel Santos arrancó con medidas políticas y administrativas contundentes y plausibles en materia de relaciones con la comunidad internacional, las altas cortes y la oposición; a la vez, radicó numerosos proyectos de ley y actos legislativos trascendentales para el devenir próximo de la nación.

Pero, por la ansiedad propia del momento político, parece que le restó importancia u olvidó que las reformas legislativas que afecten a los pueblos indígenas y afro-colombianos deben consultarse previamente con estos. Una consulta debidamente informada y concertada con las autoridades tradicionales negras e indígenas que, de no realizarse antes de la presentación del proyecto legislativo, pueden generar un vicio de inconstitucionalidad insubsanable.

Esto de conformidad con la convención 169 de la OIT, que hace parte del bloque de constitucionalidad en Colombia y de la calidad de derecho fundamental y parte integral de la protección de la identidad y existencia cultural, étnica y material de estas comunidades, que la Corte Constitucional ha otorgado a la consulta previa a lo largo de su jurisprudencia.

Recientemente, por ausencia de consulta previa o faltas en el procedimiento en la misma, la Corte Constitucional ha tumbado proyectos de ley como la Ley 1152 de 2007 o Estatuto de Desarrollo Rural, la Ley Forestal, la exequibilidad condicionada de la Ley 1151 de 2007 (Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010) y ordenó suspender la ejecución de todo proyecto, programa o presupuesto del Plan, que pudieran llegar a afectar a comunidades indígenas o afrocolombianas, hasta tanto no se hubiera realizado integral y completamente la consulta previa específica.

Con estos antecedentes, hoy está en peligro de caerse por inconstitucionalidad el acto legislativo de reforma a la regalías, que no se consultó con los pueblos indígenas y afros a pesar de tocar temas como: el subsuelo, la explotación de recursos no renovables, la financiación de proyectos regionales, la preservación del medio ambiente y el agua potable que afectarán irremediablemente territorios indígenas y afros en muchas zonas del país.

Mucho menos se tuvieron en cuenta las actuales zonas indígenas y negras mineras, o los derechos de estas comunidades a la intervención y la prelación en proyectos mineros, o las zonas indígenas restringidas o la participación de estas comunidades en las regalías de municipios y departamentos productores.

De igual forma se afectará el nuevo Plan de Desarrollo (2010-2014); el proyecto de ordenamiento territorial y, lo más grave, la ley de víctimas y de restitución de tierras; ya que, siendo los pueblos indígenas y afro-descendientes parte importante del total de la población víctima del conflicto y contando con que estaban asentados en buena parte de los territorios despojados, la ausencia de consulta previa generará la inconstitucionalidad de la ley, perjudicando paradójicamente y de forma absurda a las mismas minorías étnicas, que son proporcionalmente quienes más víctimas aportan al conflicto.

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