Pensiones y equidad

9 de marzo del 2011

El tema del reajuste de las pensiones por las dificultades de su pago y de la sostenibilidad del sistema pensional aparece en el panorama colombiano cada cierto tiempo. Y la última vez que se planteó fue con la inclusión en el proyecto de plan de desarrollo para el actual cuatrienio, del aumento de la edad a 65 y 62 años para hombres y mujeres respectivamente.

Lo complicado es que siempre el problema se quiere solucionar con medidas parciales, sin tener en cuenta la totalidad del panorama pensional en el país. Y mucho menos, sin partir de un criterio de equidad.

Para empezar, sólo acceden a pensiones quienes tienen durante veinte años vinculación laboral formal, y en la actualidad el acceso promedio de la población es del 27 por ciento y el de los estratos 1 y 2 es apenas del 4 por ciento.

Pero donde todo se complica es en lo relacionado con las pensiones de los funcionarios, pues aunque la reforma constitucional de 2005 estableció de manera pomposa que “a partir del 31 de julio de 2010 no podrán causarse pensiones superiores a veinticinco salarios mínimos legales, con cargo a recursos de naturaleza pública”, las excepciones hacen que esta regla quede en el dominio de la teoría, y lo denunciado por la revista Semana  sobre “El Carrusel de los Magistrados” es una prueba fehaciente de ello.

Para los privilegiados nombrados por los Magistrados no importa que, a pesar de haber cotizado sobre un salario de cuatro millones de pesos,  gracias a una “palomita de un mes” se obtenga una jugosa pensión de 13 millones de pesos, porque desde luego la diferencia entre lo cotizado y la mesada lo cubre papá Estado. (Lo peor es que, por razones obvias, no tranquiliza en manera alguna el que la Cámara de Representantes vaya a asumir la investigación).

Y es que la proliferación legislativa y reglamentaria sobre pensiones es tan exhaustiva, que para un ciudadano de a pie es muy difícil  acceder a la información, saber cuáles son las normas vigentes y cuáles se aplican a su caso concreto. El galimatías es tal que da la impresión de que existiera una política, o al menos una intención, de disminuir el costo pensional a base de hacer difícil el proceso de obtener una pensión, negar la existencia del derecho o hacer mal la liquidación, con la esperanza de que muchas personas no presenten recursos, o no demanden. ¿Es esto equitativo?

En el extraño mundo de la confusión imperante en el año 1993, cuando se expidió la Ley 100, muchas personas atraídas por la propaganda de los fondos privados, se trasladaron masivamente a dichos fondos, pero luego se dieron cuenta que las condiciones para la jubilación en el Seguro Social eran mejores por lo cual regresaron;  pero para la liquidación de su pensión les aplicaron un decreto absurdo, que establece que no se les aplica el régimen de transición de dicha ley, si sus cotizaciones hubieran obtenido mayores rendimientos en el Seguro Social, a los obtenidos en el respectivo fondo. Como si las personas antes de trasladarse al fondo privado hubieran sabido que los rendimientos iban a ser inferiores! Aunque el Consejo de Estado y la Corte Constitucional ya han dilucidado en parte el asunto, ¿a cuántas personas se les dejó de aplicar el régimen de transición con condiciones más favorables? ¿Es esto equitativo?

Para resolver los problemas de inequidad en el sistema pensional se deben oír voces autorizadas como la de Eduardo Sarmiento que propone fórmulas para ampliar el acceso de los sectores de menores ingresos y limitar los subsidios; y, sobre todo, se debe acabar con todos los posibles carruseles y con la excesiva y confusa normatividad.

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