¿Perderá Colombia?

13 de julio del 2018

Por Clara López Obregón.

¿Perderá Colombia?

En diciente caricatura, Matador concibió el congelamiento de la ley del procedimiento de la JEP por parte del Congreso como un golazo con el que “Perdió Colombia”. Y no es para menos. Si se impone la revancha, el país puede perder en más de un sentido.

La posición de las nuevas mayorías del Congreso erosiona la institucionalidad constitucional. Solo bastó que el Presidente electo pidiera frenar la creación del procedimiento de la JEP para que el Senado atendiera el llamado. Sin siquiera tomar posesión del cargo, Iván Duque ya da órdenes que se cumplen en el Congreso. La nueva mayoría está a la vista y el mensaje quedó claro.

Tanto el requerimiento del presidente electo, como el acatamiento de su voluntad por parte del Congreso, abren paso a la concentración del poder en el Ejecutivo, deteriorando la fórmula constitucional de la división de poderes diseñada para que el poder controle al poder. Sin esa máxima democrática, no hay blindaje jurídico que proteja los acuerdos, ni seguridad jurídica, ni siquiera garantías para que opere -democráticamente- la institucionalidad vigente.

El reglamento aprobado contiene dos artículos que van en contravía de la concepción de la justicia transicional aprobada en el Acuerdo del Colón al excluir a los miembros de la fuerza pública de la competencia de la JEP creada por la Constitución y al pretender convertir a sus magistrados en notarios, privados del deber constitucional de verificar la fecha de la ocurrencia de los hechos por los que se pide la extradición de un excombatiente, al prohibirles la práctica de pruebas. De ahí que ya haya sido demandada su constitucionalidad.

De ser declaradas inconstitucionales dichas limitaciones por vía del reglamento, subsistirá la tentación de reformar la constitución para darle visos de juridicidad al incumplimiento de los acuerdos de paz. Se reconduce por esta vía el cumplimiento de lo pactado al campo de la interpretación jurídica, lo que pone en duda la seguridad jurídica de los acuerdos.

Lo preocupante es que detrás de lo ocurrido en el Congreso, están los pulsos del poder y no los de la razón, ni del deber ser. A ello se suma la actitud imponente de los congresistas del ala extrema del Centro Democrático quienes advierten que ellos son la voz cantante del nuevo Presidente.

La realidad es que este no es solamente un pulso entre el presidente Santos y el presidente electo Duque. Hace parte de la erosión paulatina que ha sufrido el acuerdo de paz desde el plebiscito. Si bien éste se renegoció, quedando aprobado el Acuerdo Final del Teatro Colón con la mayor parte de las proposiciones del NO, el Gobierno que se instalará el 7 de agosto viene por más: la efectividad de la JEP para juzgar a los actores del conflicto que cometieron graves abusos contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y la participación política de los mandos de la guerrilla, ya desmovilizada bajo las reglas que hoy se busca cambiar.

La pregunta es si un Acuerdo firmado por el Presidente de la República en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, refrendado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional, puede ahora ser modificado unilateralmente. La respuesta es NO.

El Acuerdo Final no debe ser modificado en sus reglas esenciales mediante la imposición de nuevas mayorías. Está de por medio la Constitución y la palabra empeñada por Colombia ante la comunidad internacional.

El reto para el nuevo Gobierno y el Centro Democrático en el Congreso es doble: ¿van a imponer la revancha contra la paz o van a honrar el Acuerdo Final pactado y la Constitución? Y más allá de la paz, ¿van a gobernar sólo para el Centro Democrático o para todos los colombianos? De cómo asuma el joven Presidente estos desafíos depende que gane o pierda Colombia.

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