No hay derecho a que estas alturas del paseo, el país no tenga certeza sobre la duración del periodo del próximo Fiscal General de la Nación. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que está instituida, en virtud de la Constitución y La ley para disipar ese tipo de dudas (aun cuando dichos conceptos no son de obligatorio cumplimiento), no ha contestado un requerimiento que en ese sentido realizó -a raíz de la nulidad decretada contra la elección de Viviane Morales- el Gobierno Nacional. Es inaceptable que los Magistrados de dicha sala, que a diferencia de los miembros de la Sala Contenciosa Administrativa del mismo Tribunal (que tienen un gran cúmulo de trabajo), se tomen todo el tiempo del mundo para resolver un asunto fundamental para la administración de justicia.
También carece de cualquier presentación que el Consejo de Estado, pretenda “tirarle la pelota” a la Corte Suprema, para que esta defina, sin tener atribuciones legales para ello, cuál debe ser el periodo del próximo Fiscal. Que quede claro: la competencia para esos efectos, de acuerdo con la Constitución y el Código Contencioso Administrativo, recae única y exclusivamente en el Consejo de Estado. Resulta extraño, entonces, que unos juristas tan calificados como los de dicha corporación no entiendan algo que es evidente hasta para un estudiante de primer año de derecho.
La definición del periodo del próximo Fiscal tendrá incidencia directa en la conformación de la terna. Si es de cuatro años (periodo personal), lo más probable es que de ella hagan parte abogados tan importantes como Fernando Carrillo o Fernando Arboleda Ripoll; si es por el resto del periodo Institucional, de seguro la actual Fiscal encargada Marta Lucía Zamora será la protagonista. Es obvio que nadie que no esté en la Rama Judicial o en la planta de la Fiscalía se va a meter en semejante “vaca loca” por tan corto tiempo, a sabiendas de lo que ello implica. Hay muchos procesos importantes en ciernes y todo el odio y la intriga del mundo rondando en el ambiente.
La Constitución Política y la Ley Estatutaria de Justicia son muy claras. La jurisprudencia, por su parte, ha sido reiterativa en ese sentido: el periodo del Fiscal General es Institucional, lo que implica necesariamente que quien resulte elegido por la Corte Suprema ejercerá el cargo hasta agosto del 2013. Falta ver qué dice el Consejo de Estado, que al final es quien tiene la última palabra, nos guste o no. A lo mejor se inclinen por el periodo personal de cuatro años, para resarcir en parte el desbarajuste institucional que han causado con la abrupta salida de Viviane Morales. Lo cierto es que, si de terminar el periodo se trata, considero que la actual Fiscal encargada tiene todas las credenciales para quedarse en el cargo. Es una mujer preparada, valiente y con una vasta experiencia. Así no le guste a Uribe, Zamora es la mejor opción.
Lo que bajo ninguna circunstancia puede ocurrir es que de la terna hagan parte abogados penalistas litigantes. Flaco favor le hace a la justicia que haya un Fiscal con intereses creados sobre los procesos a su cargo, y en el peor de los casos, que operen fiscalías paralelas en reconocidos bufetes.
El nuevo Fiscal debe ser un funcionario de carrera o con experiencia en la Rama Judicial, o un gran jurista otoñal que esté por encima del bien y del mal, que no haga parte de los círculos de litigantes ni de las roscas políticas, y que sea prenda de garantía por su probidad y ponderación para todos aquellos que se encuentran encartados en un proceso penal.
La ñapa I: Le salió mal a Santos su intento de que Cuba participara en la Cumbre de las Américas.
La ñapa II: Excelente labor la del General Oscar Pérez, al frente de la Policía Metropolitana de Barranquilla.
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