Durante el mandato de Petro se cometieron en el Bronx múltiples delitos que no fueron debidamente combatidos por la Administración Distrital, afirma el concejal Jorge Torres Camargo.
Es el fundamento principal de la denuncia que interpone este jueves el concejal Torres, del partido Alianza Verde, contra Gustavo Petro “por el presunto delito de prevaricato por omisión, al no haber adoptado las medidas y utilizado los medios de policía necesarios para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de derechos y libertades públicas en el sector del ‘Bronx’ en el período 2012 – 2015”.
En el lugar es plenamente establecido que se cometieron homicidios, tortura, delitos asociados al tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, secuestro, explotación sexual de niños, trata de personas, entre otras actividades delictivas.
No hubo presencia efectiva de las autoridades distritales, no obstante el presunto conocimiento por parte del gobierno distrital de los hechos tras las denuncias presentadas por organizaciones y medios de comunicación en múltiples oportunidades.
Como se recuerda, la policía y la fiscalía, en operativos apoyados por la alcaldía de Enrique Peñalosa, se tomaron el Bronx y hallaron un escenario dantesco, donde los llamados habitantes de calle resultaban –en la mayoría de los casos- víctimas obedientes de las bandas criminales.
La fiscalía descubrió posteriormente cadáveres sepultados bajo metros de cemento, celdas de tortura y salas de pique, donde fueron asesinados y desembrados seres humanos.
Ese horror, a tan pocos metros del Palacio Liévano (sede de la alcaldía), era consentido tácitamente por el alcalde, como primera autoridad policial, según el concejal denunciante.
El Bronx ya fue demolido, pero las bandas criminales continuaron utilizando bajo chantaje a indigentes en el microtráfico y otros delitos, obviamente sin el poder abrumador que tenían en el lugar, convertido por años en refugio intocable del Estado, que fue indiferente muchas veces y complaciente las otras.
