Un nuevo plebiscito. O una segunda vuelta del plebiscito por la paz. Ese parece ser el camino más sensato y seguro para salir del pantano jurídico y político al que hemos caído con la victoria del NO el pasado 2 de octubre. Ello, después de los ajustes y precisiones que conduzcan a una versión corregida y mejorada del Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Ajustes y precisiones que deberán permitirnos pasar del Acuerdo Final al Acuerdo Definitivo de Paz.
Sin ruborizarse por su incoherencia, algunos de los más radicales voceros del NO se apresuraron a expedir partida de defunción a los Acuerdos de Paz. Malévolamente pretendieron interpretar la votación del NO como la derogatoria total de lo acordado y firmado entre el Gobierno y las FARC. “Borrón y cuenta nueva”, es lo que buscan. Siguen vendiendo la falacia de que lo acordado es una manguala o un truculento pacto entre el Presidente y las FARC para repartirse el poder, instaurar una dictadura marxista y “castrochavista” y expropiar y enviar a la cárcel a empresarios, militares y al expresidente Uribe. La misma propaganda negra que diseñaron y usaron, según lo reconoció el gerente de la campaña uribista del NO Juan Carlos Vélez, que ahora se empeñan en convertir en mandato popular o en voto programático.
Otras voces del NO resultan más sensatas. Por fortuna. Recogen más genuinamente el sentimiento del votante que expresó sus dudas y preocupaciones a aspectos del Acuerdo o la falta de información, resistiéndose a su aprobación total. Voces que, ahora como en campaña, insisten en que el NO significa ajustes y correcciones. Aclaraciones y precisiones que en todo caso no signifiquen modificaciones a la esencia de una negociación política entre un Estado y una organización rebelde. Negociación que compromete la palabra del Estado Colombiano ante su contraparte y ante la comunidad internacional. Escuchar esas voces e incorporarlas al acuerdo, como se disponen a hacerlo las partes, reconoce el veredicto popular expresado el 2 de octubre al tiempo garantiza la paz como un derecho contra mayoritario expresado en el artículo 22 de nuestra Constitución Política. También por fortuna, la estrecha victoria del NO y el limbo político generado está convirtiendo la paz en un asunto ciudadano. Una suerte de aterrizaje en el país, en sus calles y plazas, de un proceso que se sentía lejano geográfica y políticamente. Las movilizaciones espontaneas de los últimos días, juveniles, ciudadanas, plurales, civiles y autónomas, claman por un Acuerdo Ya. Una suerte de nuevo mandato ciudadano por la paz se está fraguando como reacción a la incertidumbre de los últimos días.
Corresponde a los negociadores del Gobierno y de las FARC saber escuchar esas múltiples voces. Incorporar los ajustes que sean viables y pertinentes para el cierre definitivo del conflicto. Y al Presidente Juan Manuel Santos corresponde convocarnos, en el menor tiempo posible, a un nuevo plebiscito de refrendación del Acuerdo Definitivo de Paz. Una especie de segunda vuelta que recoja el clamor popular y ciudadano por la paz y que derrote definitivamente a los pregoneros de la guerra. No es un capricho, ni una jugarreta política o jurídica. Así lo había advertido la propia Corte Constitucional (C-379/16) al pronunciarse sobre “los efectos de la aprobación y del rechazo del Acuerdo Final refrendado por plebiscito especial”. Dice la Corte que “la consecuencia correlativa de la votación desfavorable o de la falta de votos suficientes para la misma, es la imposibilidad jurídica para el Presidente de adelantar la implementación de ese Acuerdo en específico…” Y añade que “esta conclusión no es incompatible con que, ante la negativa del pueblo…. se ponga a consideración del pueblo una nueva decisión, con una condiciones diferentes a las que inicialmente se pactaron y fruto de una renegociación del Acuerdo anterior”.
“Un error no se corrige con otro error” ha dicho Enrique Santiago, el español asesor jurídico de las FARC. Lo dice para oponerse a un nuevo Plebiscito. Habría que decirle que las cosas jurídica y políticamente se corrigen como se hacen. Y que un mandato popular que insinué la continuidad del conflicto debe ser sustituido por un nuevo e inobjetable mandato popular por la paz y la reconciliación.
