Por qué no hay justicia pronta y cumplida

11 de mayo del 2011

La falta de compromiso de la sociedad colombiana y de sectores del Estado con el espíritu y el texto constitucional se manifiesta en algunos aspectos relacionados con la administración de justicia.

La Asamblea Constituyente buscó la desconcentración y autonomía de la justicia, lo que la llevó a la creación del  Consejo Superior de la Judicatura, dentro de la Rama Judicial, con una Sala Administrativa y otra Disciplinaria. De igual manera, introdujo la Fiscalía General con el fin de que realizara la investigación penal y la acusación y  creó la Corte Constitucional como guardiana de la Constitución.

La justicia puede mostrar importantes realizaciones en la persecución de la parapolítica y el crimen organizado, gracias a la creación de la Fiscalía General y a la independencia con que ha actuado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Se destacan también fallos de la Corte Constitucional que denotan la autonomía e independencia de la mayoría de sus magistrados, como el que declaró inexequible la segunda reelección presidencial, impidiendo el mayor atentado a la integridad de la Constitución de 1991 y evitando caer en un peligroso desbalance entre los poderes públicos. El Consejo de Estado también ha hecho importantes aportes al desarrollo constitucional con la pérdida de la investidura de un gran número de congresistas; y es de resaltar su concepto previo desfavorable al Acuerdo de Bases Militares y su determinación de que el proyecto de acuerdo debía cumplir las solemnidades propias de un tratado internacional.

No obstante, existen aspectos institucionales que es necesario corregir:

Un primer tema tiene que ver con el formalismo reinante en la Rama Judicial, aspecto que no ha cambiado en los veinte años de vigencia de la Constitución, a pesar del principio constitucional de que en las actuaciones judiciales prevalecerá el derecho sustancial, principio que a pesar de ser medular y que lo introdujo la Constituyente con la esperanza de que hubiera un vuelco en la manera de administrar justicia, no ha tenido desarrollos en la normatividad vigente. En efecto, los procedimientos complejos, con la motivación de defender el debido proceso, cada vez hacen más complicado para el juez y para las partes actuar con eficiencia y con efectividad. A tal punto que un proceso civil, penal, laboral, o administrativo puede durar diez, quince y hasta más años. Por ello la gente se ha apropiado de la tutela y la utiliza para resolver cualquier problema, ante las dificultades, el costo y el tiempo que es necesario invertir para lograr una decisión dentro de los procedimientos ordinarios.

Los despachos judiciales se encuentran totalmente congestionados, sin que existan formas de seguimiento de la labor judicial en los procesos, ni indicadores de gestión, ni evaluaciones serias sobre su funcionamiento; las cifras que se manejan provienen de informaciones producidas por los mismos despachos, sin verificación física alguna sobre la cantidad y sin una metodología para medir la calidad de lo producido; sin que exista tampoco verificación alguna sobre el cumplimiento de los términos procesales por las autoridades judiciales. Los programas de descongestión sirven muchas veces para mayor demora de los procesos, pues los jueces de descongestión no tienen la formación ni la trayectoria para producir resultados, y menos cuando no conocen el proceso ni han ordenado ni practicado las pruebas.

De otra parte, el trabajo académico de jueces y magistrados hace que los despachos y los fallos se encuentren frecuentemente en manos de los auxiliares. Esta presencia judicial en las facultades de derecho tiene además la consecuencia negativa de que la academia pierda su autonomía para criticar la labor de la justicia.

Un aspecto que debe mejorarse sustancialmente, el cual propuse en la Comisión Cuarta de la Asamblea, pero desafortunadamente no fue acogido, es la escogencia de los magistrados de las Altas Cortes, con base en el mérito, la especialidad, y por su vocación para ser juez. En la actualidad sólo basta con cumplir unos requisitos mínimos y tener muchos amigos en la política, el Consejo Superior de la Judicatura y la Corporación respectiva para ser elegido, sin ningún parámetro conocido sobre calificación de conocimientos y trayectoria. Además, en contraposición con la Constitución que acabó con las consideraciones partidistas, en estos nombramientos juega todavía el esquema bipartidista, con exclusión de personas independientes o que hayan militado o hayan tenido relación con algún otro partido.

Es lamentable que la escogencia de los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se haya atribuido por la Constitución de 1991 al Congreso de la República, de ternas enviadas por el gobierno, cuyo resultado ha sido una corporación que salvo excepciones, está compuesta por personas con más trayectoria de activismo político que judicial, lo cual les resta independencia, lo cual se ha visto reflejado en fallos de tutela en los que han revocado sentencias condenatorias proferidas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, entre ellas algunas relacionadas con la parapolítica. ¡Imposible un peor desafuero!

La costosísima organización administrativa que se ha montado por el Consejo Superior de la Judicatura no ha garantizado un cambio en los aspectos negativos de la administración de justicia, sino que por el contrario ha sido factor para su reproducción. Se hace necesaria una reforma al Consejo Superior de la Judicatura, con la mira de que se preserve la autonomía judicial, pero dentro de su modernización, porque la justicia no está a tono con las necesidades de eficiencia y de resultados de la Colombia del presente y del futuro. Es inminente la utilización de las tecnologías de la información, la cual es todavía muy incipiente.

La Constitución, a pesar de sus imperfecciones en algunos aspectos, lo que ordena y promueve es que la justicia sea independiente y que las decisiones judiciales se tomen de manera pronta y cumplida, finalidad todavía lejana de alcanzar, para lo cual es necesaria la disposición para ejercer la autocrítica y una gran voluntad política e institucional para realizar los cambios que se requieren.

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