Por una nueva política de seguridad en la capital

17 de enero del 2016

Como lo prometió en su campaña y como lo reclaman los ciudadanos mayoritariamente, según todas las encuestas el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño, hará de la seguridad una de las prioridades de su gobierno. Así ha quedado evidenciado en las decisiones y anuncios luego de su triunfo electoral y en sus primeras semanas como […]

Como lo prometió en su campaña y como lo reclaman los ciudadanos mayoritariamente, según todas las encuestas el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño, hará de la seguridad una de las prioridades de su gobierno. Así ha quedado evidenciado en las decisiones y anuncios luego de su triunfo electoral y en sus primeras semanas como mandatario de la capital. Reiteró su propósito de crear una Secretaría de Seguridad, anunció la intervención de 750 puntos críticos o “calientes” de la ciudad y, junto al nuevo comandante de la Policía Metropolitana, Hoover Penilla, ha iniciado acciones para recuperar el espacio público y para perseguir las bandas dedicadas al narcomenudeo y al robo de celulares.

Son buenas noticias como plan de choque. Pero son insuficientes o podrían ser desacertadas si se convierten en el sentido de la política de seguridad para este cuatrienio. Sería más de lo mismo en una ciudad que ofrece nuevas realidades y desafíos que deben ser bien leídos e identificados por los tomadores de decisión en esta materia. Porque está suficientemente bien documentado que los típicos delitos urbanos, como el hurto callejero, a residencias, a vehículos o establecimientos comerciales o la distribución de narcóticos, están asociados a la existencia de grandes mercados ilegales o criminales con poca vocación de permanencia territorial y con una gran capacidad de movilidad espacial. Porque también es conocida la presencia de redes transnacionales articuladas a la comisión de estos y de nuevos delitos. Y porque la seguridad ciudadana está también amenazada por emergencias y desastres naturales y ambientales.

La urgente creación de la Secretaría de Seguridad requiere un Proyecto de Acuerdo que el Alcalde debe poner a consideración del Concejo capitalino en el primer periodo de sesiones ordinarias, que arranca el primero de febrero. El debate de este proyecto no puede ser un mero asunto burocrático. La reingeniería institucional implica responder las preguntas por el sentido y el contenido de la política pública para precisar los instrumentos y recursos adecuados. Sabemos que la ciudad no puede seguir gestionando su seguridad con la dispersión institucional de hoy. Que debemos integrar en una sola entidad la dirección de esa política, hoy en manos de la Subsecretaría de Seguridad; se requieren las decisiones de inversión en infraestructura y operación del Fondo de Seguridad y Vigilancia. Y resulta imprescindible una adecuada e institucionalizada articulación entre Alcaldía, Policía Metropolitana y Fiscalía General.

Será inevitable la liquidación legal del Fondo de Seguridad y Convivencia y su transformación en un componente esencial de la nueva Secretaría. Esta entidad, creada mediante un Acuerdo del Concejo del año 1980, cuenta hoy con 656 servidores públicos, entre funcionarios y contratistas. En el último cuatrienio, el presupuesto de inversión ha sido de 600 mil millones de pesos aproximadamente, 150 mil millones por año. Pero ha estado en el ojo del huracán por colisión de competencias con otras instancias e instituciones del Distrito o con el propio Alcalde, por posibles hechos de corrupción o por equivocaciones en inversiones que están bajo su competencia. Pero la reestructuración debe ir mucho más allá.

Este “borrón y cuenta nueva”, para que lo sea, implica una revisión de la política de seguridad de la ciudad. Hay que poner en su justo lugar la existencia de economías ilegales en el comportamiento de los delitos urbanos, hay que revisar los 12 delitos de alto impacto, que hoy son materia de intervención y medición por las autoridades; hay que examinar el funcionamiento de las instancias que sistematizan y administran la información sobre seguridad desde la Secretaría de Gobierno; hay que evaluar la pertinencia y calidad de los instrumentos tecnológicos, como cámaras, sistemas de video vigilancia y de emergencias, y hay que coordinar y cualificar las labores de inteligencia que exigen la desarticulación de organizaciones delictivas complejas.

No se trata de crear una nueva instancia burocrática. Es la oportunidad para dar un salto cualitativo en la política de seguridad de la capital.

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