Pretelazo recargado, Corte Inconstitucional y  plantones por la justicia

22 de marzo del 2015

Es necesario un cambio profundo en el aparato judicial, su integración y contenidos, sus procedimientos y alcances.

El intrincado y telúrico fenómeno de corrupción que envuelve y pasa por el presidente  de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, ha erupcionado  junto  el volcán de la profunda crisis de impunidad pasada por clientelismo y bañada por nuevos acuerdos indeseables que llamamos “Preteltazo recargado”, que han desvirtuado el contenido y alcances de la justicia constitucional -Corte Inconstitucional- y por esta vía evidenciado las latencias de la crisis más profunda del Estado Social de Derecho de la historia de la Colombia contemporánea, y generando la necesidad de una amplia y masiva movilización ciudadana -Plantones por la Justicia- en demanda de justicia, lucha contra la impunidad y la exigencia de renuncias y cambios profundos y reales en el aparato judicial.

Anunciada fuga del país de la familia  del magistrado Jorge Pretelt:

Hace ya carrera en el país  que quienes se creen con los recursos y privilegio escogen cuando acudir al llamado de la justicia y cuando eludirla mediante la salida del país, gracias a la lentitud  de la justicia anunciada, casi telegrafiada  especialmente desde la Fiscalía General, que cada vez de manera extremadamente selectiva, casi con pinzas  selecciona en el laboratorio de los enemigos del Fiscal General el listado escueto y reducido de casos donde se enfilan las baterías con mayor o menor razón, más con criterios de conveniencia que de juridicidad y lucha contra la impunidad.

Martha Ligia Patrón, la esposa del Presidente de la Corte Constitucional, se ha dicho  y anunciado de viva voz,  y sus hijos van a salir del país para eludir la acción de la justicia tras ser llamada a interrogatorio  por la Fiscalía General por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado, destrucción y apropiación de bienes protegidos  derivados de un presunto despojo de tierras.

Extrañamente la Fiscalía solicitó solo medidas cautelares respecto de las tierras pero no medidas sobre las personas investigadas, como es la esposa de Pretelt,  y lo propio respecto de  este mismo  por parte de la Comisión de Acusaciones, quienes podrían sumarse a la ya lista larga de prófugos internacionales de la justicia patria. La Red de Veedurías solicitó se adoptaran las medidas para evitar  dicha fuga y asegurar la comparecencia ante la justicia.

Denuncia sobre las grabaciones

Si bien el escándalo de Fidupetrol fue decisivo, muy superior en gravedad son los contenidos de las grabaciones publicadas por RCN TV respecto de la presunta exigencia por parte del magistrado Jorge Pretelt de decisiones judiciales en favor de dirigentes de grupos armados al margen de la ley donde habría mediado una retribución en favor del juez de Montería Carlos Martínez Isaza, como era su promoción mediante su designación como Fiscal Delegado ante la Corte Suprema, que en efecto se dio por parte del entonces Fiscal General Guillermo Mendoza Diago.  Razón por la cual se presentaron las denuncias respectivas por parte de la Red de Veedurías ante la Comisión de Investigaciones y Fiscalía General.

Consultados operadores judiciales  de Córdoba dan cuenta cómo de tiempo atrás el magistrado Pretelt habría manejado la Dirección de Fiscalía de Córdoba, con el respaldo de parlamentarios cuestionados de ese ente territorial, donde por años se aseguraba la inveterada impunidad de grupos armados ilegales, que complementaban su cerrojo con el baño de sangre que por años estos esparcían contra víctimas o denunciantes.

El “Pretelazo”  muestra los rasgos de la captura del aparato de justicia a diversos niveles: toma de decisiones en la cúpula de la Corte Constitucional, lobby constante y selectivo en la administración de justicia,  acceso a propiedades rurales en zonas de paramilitares por parte de magistrados, designaciones y promoción de jueces en función de sus decisiones estratégicas en la generación de impunidad o como intercambio de favores a manera  de cuotas burocráticas o clientelas en la Fiscalía General derivadas de la condición de magistrados…

Plantones por la Justicia y Movilización ciudadana : ¡Justicia ya!

Va siendo hora, por no decir tarde, que la ciudadanía en todas sus diversas expresiones se movilice tanto virtual como públicamente, mediante  plantones ante las cortes en Bogotá y  tribunales en las regiones -al menos una hora diaria-, así como marchas y toda suerte de expresiones simbólicas y ejemplarmente pacificas  en demanda de justicia y de los hondos cambios que la misma por tiempo ha aplazados por años. Lo hicimos para contener la mal llamada “reforma  de la justicia” donde logramos reversar el “orangután” cuando ya estaba ahíta de “bananos” y reversamos como ciudadanos(as) juntos por primera vez en 200 años de historia patria una reforma constitucional aprobada por el Congreso de la República y literalmente lista para sanción presidencial.

La justicia es el contenido superior de la paz. La justicia precisa ser, de igual modo, el otro nombre de la paz. La justicia es el pan de la paz. Es necesario un cambio profundo en el aparato judicial, su integración y contenidos, sus procedimientos y alcances,  a efecto que no siga siendo solo para o mejor contra “los de ruana” sino que precisamente sea para todos, y se ocupe de aplicarse como sin miramientos ni privilegios como nunca antes, esto es con todo el ímpetu, rigor, severidad y peso donde ha estado por completo ausente como es en las propias cabezas de la justicia, de los órganos de control y electorales, de la administración pública en todos sus niveles y en general capaz de contener ejemplarmente los delitos y delincuentes de corrupción de “cuello blanco” sin más miramientos ni dilaciones: ¡Justicia ya!

Otras lupas:

Billonaria tutela engavetada en la Corte Constitucional: Revisión de tutelas  exprés vs. Tutelas de interés nacional

Mientras con Pretelt una revisión de tutela es casi, tutelas del I.S.S. y de Cajanal  por valor superior a $20 billones de pesos  están al despacho desde el primero de febrero de 2012, es decir hace 38 meses.  Tal es el caso del expediente principal 3.358.903 cuyo magistrado ponente es Luis Ernesto Vargas Silva.

@pablobussanc

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