¿Última palabra?

10 de noviembre del 2013

Esta semana el gobierno anunció un acuerdo con las Farc sobre el segundo punto de los cinco de la agenda del proceso de paz. En seguida el presidente Juan Manuel Santos se dirigió al país para, por una parte, buscar entusiasmarlo y para, por otra, desvanecer preocupaciones.

El principal argumento para diluir inquietudes es que el pueblo será quien tendrá la última palabra respecto de lo que se acuerde en La Habana. El instrumento para que sea la voluntad política de los ciudadanos la que finalmente decida si acoge o no lo convenido es uno o varios referendos, no está nada claro, coincidentes con las elecciones de Congreso y de Presidente. Tampoco se sabe si el o los referendos mezclaran normas de rango constitucional con normas de rango legal.

Por estos días, el Congreso da las últimas puntadas al trámite de un proyecto de ley estatutaria que extingue la garantía consistente en votar en días separados referendos y elecciones. Los proyectos de ley estatutaria tienen un trámite especial consistente en que después de aprobados por el Congreso, deben ser examinados por la Corte Constitucional para cerciorarse de que ninguna de sus disposiciones viole la Constitución y si ello es así, ponerlo a disposición del Presidente para que lo firme y, ahí sí, entre en vigencia.

Además, los proyectos de norma que se someten a consideración del pueblo para su rechazo o aprobación deben estar contenidos en proyectos de ley que se tramiten como ley estatutaria en el Congreso y, en consecuencia, deben ser también revisados de manera automática y previa por la Corte Constitucional para evitar que se viole la Constitución, o se declaren inconstitucionales votaciones de los ciudadanos en las que ejercen su soberanía directamente, así como para evitar golpes de Estado promovidos desde sus cúpulas, que con la apariencia de libre participación ciudadana, en realidad, serían un lavado de activos políticos.

Pues bien, el cronograma no cuadra para que antes de las elecciones de marzo, o de mayo, ni siquiera las de junio, en las que se vota en segunda vuelta la elección presidencial, se expida y examine ni el proyecto de ley que permite la votación el mismo día de elecciones y de referendos. Desde luego, mucho menos alcanza el tiempo para llegar a acuerdos sobre tres temas, para la preparación, trámite en el Congreso y examen de la Corte Constitucional del proyecto o proyectos de ley de referendo que contengan las propuestas de norma para que el pueblo tenga la última palabra.

Para sostener la afirmación de que el tiempo no alcanza basta observar cuánto ha durado el examen de la Corte Constitucional a los 26 proyectos de ley estatutaria que se han puesto en vigencia entre 1994 y 2013, o incluso los últimos 2 proyectos de ley de esta categoría que se expidieron por el Congreso sobre acceso a la información y sobre participación ciudadana que fueron entregados a la Corte Constitucional hace 17 meses y respecto de los cuales no existe sentencia aún.

Si es ostensible que el tiempo no permite un trámite ajustado a la Constitución, ¿cómo es que esta semana nos intentan tranquilizar con una fórmula inviable?

¿Será que el gobierno prepara unos referendos que no cumplirán con las exigencias de ser convertidos en proyectos de ley aprobados por el Congreso y de revisión exhaustiva por parte de la Corte Constitucional, antes de ser sometidos al escrutinio ciudadano?

Si ello fuere así, no estaríamos ante un ejercicio de soberanía popular sino ante un golpe de Estado mediante un plebiscito bonapartista mediante el cual no es el pueblo el que tiene la última palabra, sino el Presidente.

Qué diferencia con el proceso de la ¨Séptima Papeleta¨ que sí fue una auténtica estrategia política y jurídica de origen ciudadano por medio de la cual el pueblo se autoconvocó y no solo tuvo la primera sino la última palabra.

En 2014 en las elecciones nos van a preguntar: ¿quiere la paz con JMS reelegido o la catástrofe con cualquier otro candidato? E insistirán: ¿última palabra?

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