Carruseles, Procuraduría y Petro

15 de diciembre del 2013

“Ordoñez expresó la inconveniencia de que el procurador tuviera funciones respecto a cargos de elección popular.”

La decisión de la Procuraduría respecto de la destitución del alcalde de Bogotá, con base entre otras en quejas  formuladas por la Red de Veedurías, sumada a las declaraciones sobre la existencia  de una confabulación de las empresas privadas operadoras de basura para colapsar el sistema de recolección de basuras como “regalo” de Navidad al alcalde, el pasado fin de año.

La destitución del Alcalde de la Capital de la República por parte del Procurador General  pese a lo trascendental como decisión disciplinaria revela las grandes fallas en el diseño institucional de los órganos de control en general, requiriéndose las reformas entre otras que pasamos a indicar.

La  reforma  de la  Procuraduría por el Candidato a Procurador Alejandro  Ordoñez

En primer término habrá que recordar que fue el propio Procurador  General, Alejandro Ordoñez, quien en su primera postulación para el cargo, contando con el voto de Petro como parlamentario, expresó la inconveniencia  de que la cabeza de tal institución tuviera  funciones disciplinarias respecto de funcionarios de elección popular – lo cual en su momento incluiría paradógicamente  a Piedad  Córdoba como parlamentaria, y ahora  Gustavo Petro como Alcalde Mayor de Bogota entre muchos otros.

Curiosamente por alguna circunstancia dicha reforma jamás  fue ventilada, vale decir presentada al Congreso, pero precisa  incorporarla  entre las posibles reformas de dicho ente de control.

Propuesta de control judicial o revisión obligatoria a las decisiones de destitución

Hasta ahora las decisiones sancionatorias contra servidores públicos de elección popular, como la de destitución del alcalde de Bogota, con base en la Carta de 1991, y el Código Disciplinario vigente -aprobados por Petro-  quien también sería  conveniente  que la tomara la Procuraduría  General siempre que la segunda  instancia o revisión se realizara de manera  directa por un juez o tribunal judicial, con un trámite  rápido, automático, para que de esta forma no hubiera que esperar años antes de saber si la decisión fue o no bien tomada por la Procuraduría. Hoy día  dicho control es eventual, mediante  demanda separada y puede tardar varios  años. Usualmente, concluyen sus periodos antes  de que la justicia emita su fallo definitivo.

Elección  popular  de Procurador  General, Defensor del Pueblo… y Contralor General.

Hoy día cuando todo ciudadano tiene derecho a escoger quien lo defienda, la ciudadanía  no puede escoger su defensor, el Defensor  del Pueblo es elegido por quienes es preciso defender el pueblo: el Congreso de la República. Otro tanto ocurre con el Procurador  General, que por encima de sus méritos para ser elegido, precisa de la habilidad para ser ternado por el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia o más aun del Presidente  de la República, lo que supone  en cualquier caso una  capacidad política  de alto nivel.

Cuando es el Congreso de la República el encargado de elegir al Procurador General entre la terna elaborada por Corte Suprema, Consejo de Estado y gobierno Nacional, se entiende cómo se va perdiendo el sentido técnico de sus respectivos roles minando la legitimidad social que les debería acompañar como guardianes de la ética  social, más que de las predicas y confesiones partidistas, religiosas particulares del titular de cada despacho, en general.

Otras “asustadurias” de bolsillo: contralorías territoriales y personerías municipales

Igual cambio debería operar  respecto de los contralores  territoriales, departamentales, municipales  o distritales, así como de personeros  municipales o distritales, donde asambleas y concejos ferian estas posiciones de manera  más grotesca.

¿Cartel de las basuras? El Fiscal General así como el Procurador General deberían abrir investigación contra los operadores privados de basuras en la ciudad

Tanto la Fiscalía  como la Procuraduría deberían abrir investigaciones inmediatas con base en las declaraciones de Emilio Tapia, y las que este  anuncia de Manuel Sánchez, capos del cartel de la contratación en las basuras, con miras a determinar si hay un cartel de las basuras. Si el caos  fue  creado por los mismos artificialmente, de igual manera  todo el peso de la ley deberá recaer sobre los mismos, así como las consiguientes  por las eventuales prácticas de colusión que Tapia  denuncia – y que tiene por  que saber, dado que estaba encargado de estructurar dichos procesos en la administración de Samuel Moreno-. De ser así los mismos serian responsables del daño ambiental.

Finalmente cabe preguntarse por qué ni la Fiscalía  ni la Procuraduría han avanzado con las investigaciones contra  los concejales  y la del gobernador  de Cundinamarca Álvaro Cruz, por el cartel de la contratación, donde literalmente sin lugar  a dudas “se robaron” la ciudad.

@pablobustossanc

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