Proyecto de ley de adecuación de tierras: buenas intenciones pero desfinanciado y con un enfoque a mejorar

19 de septiembre del 2019

Por: Enrique Herrera Araújo.

Proyecto de ley de adecuación de tierras: buenas intenciones pero desfinanciado y con un enfoque a mejorar

El riego en Colombia es una materia pendiente. El país cuenta con 18.4 millones de hectáreas para riego de las cuales solo están adecuadas 1.1 millones (el 6%) y muchas están mal operadas. En otros países latinoamericanos la cifra es mejor. Perú tiene cubierto el 40%, Chile el 44%  y México el 66%.

Además, están sin terminar 3 grandes distritos: El de Ranchería en La Guajira, Triángulo del Tolima en el Tolima  y Tesalia-Paicol en el Huila.

Ello explica en parte porque los agricultores están a la buena de Dios, a San Isidro Labrador  para que haga llover y expuestos como ningún otro al cambio climático que cada vez hace menos predecible el pronóstico del clima.

El Proyecto de Ley -PL-busca regular el servicio público de adecuación de tierras y coloca tarifas, cuotas de administración, tasa, recuperación de inversión y, a contrapelo como para balancear la cosa, crea incentivos, subsidios y programas pero no los deja financiados.

Así pues, la ley incorpora el subsidio a la cuota parte de la recuperación de inversiones; el subsidio a la tarifa del servicio público de adecuación de tierras; el   Incentivo de Riego, Drenaje y Protección contra Inundaciones (IRDP) y el Programa de Riego y Drenaje Intrapredial (PRI) pero a ninguno de ellos le asigna fuente de financiación  por lo que sería, como muchas otras, una ley desfinanciada. Es recomendable que la ley obligue a financiar dichos instrumentos de política pública a través de la ley general de presupuesto que, con  un monto determinado -medido en smmlv- durante un período de tiempo, 20 años por ejemplo, garanticen su ejecución. Algo parecido a lo que estipuló en su momento la ley de Agro Ingreso Seguro, que aseguró los recursos en la ley.

Por otra parte, la ley coloca el énfasis en la producción agrícola familiar, la economía campesina y la seguridad alimentaria y no en la creación de valor agregado agrícola, utilidad y rentabilidad agropecuaria y por esta vía no le imprime a la agricultura el enfoque de una actividad empresarial o agroindustrial que dé réditos y se convierta en un negocio rentable, porque la confina a la subsistencia.

En este mismo sentido, es recomendable evaluar a las Asociaciones de Usuarios en su historial de administración y operación de los Distritos de Riego para así, quizás, eliminar su condición de ser personas jurídicas sin ánimo de lucro porque si los Distritos tienen un modelo y concepción empresarial quien lo administre y opere -la Asociación de Usuarios- debe tener tal condición y no otra. No debe parecerse a la junta de administración de un edificio tal y como se asimila hoy. En buena hora el PL abre la posibilidad a los privados para ser ejecutores de los proyectos y ser también los prestadores del servicio público de adecuación de tierras y posibilita  que una entidad territorial desarrolle igual papel en la construcción y operación de distritos multipropósitos.

Además en el PL la concepción de lo que es un  distrito de riego está enfocada a la infraestructura física y ello era así en el ayer, en la primera mitad del sigo XX  y por lo mismo no aborda conceptos nuevos como agrotech, economía circular, agricultura climáticamente inteligente, etc. Es más, los distritos podrían denominarse Distritos de Transformación Productiva Agrícola, DTPA para romper a través del lenguaje, patrones culturales que lo amarran al riego y a la infraestructura física, al pasado pero no le avizoran el futuro.

También y por fortuna el PL permite las Alianzas Pública Privadas  como fuente de financiación para la construcción de los distritos en un esquema que está por validarse  pero que es necesario, en la complejidad propietaria colombiana, tenerlo como salida operativa y financiera para  los distritos de mediana y gran escala.

Así mismo, es recomendable que las  funciones del Consejo Nacional de Adecuación de Tierras (CONAT) no sean trasladadas al Ministerio de Agricultura sino que las  asuma el Consejo Directivo de la Agencia de Desarrollo Rural -ADR-. Es más, la ADR debe ejercer de Banca de Inversión del sector rural y en tal sentido formular, estructurar y viabilizar proyectos productivos asociativos y buscar fuentes de financiación o acercar estructuradores, con el territorio y con fondos de capital de riesgo.

Por último, se debe permitir la construcción de distritos de pequeña escala  bajo la modalidad de obras por impuestos y al igual que el Perú incorporar otros ejes, por ejemplo: Manejo sostenible de agua y suelos; tecnificación del riego; innovación, agrotecnología   y reconversión productiva y diversificación.

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