¡Pudo haber sido peor!

No deja de sorprender la falta de coherencia de este Gobierno en el manejo de las tensiones sociales. La protesta legítima ya no es válida, es inocua porque no impacta: no conduce a nada. El Ejecutivo se volvió experto en ceder al chantaje de los violentos. Las armas y el delito son los que capturan su atención para el trámite de los reclamos. El Estado quedó hipotecado en La Habana. Las Farc lo saben y el Gobierno también. De ahí la negativa a establecer una mesa única para conjurar el paro agrario, so pretexto de que sería trasladar a Bogotá las negociaciones con las Farc en Cuba. Ahora no puede negar que es rehén de los diálogos. Así las cosas, si el Gobierno es consciente que desde La Habana programaron una estrategia de paros escalonados y de largo plazo, ¿por qué no enfrenta el tema? Incluso, si tiene clara la infiltración guerrillera en las manifestaciones –la de “dignidad cafetera”, el Catatumbo y ahora la agropecuaria– pregunto ¿por qué en lugar de traer la mesa de La Habana a Bogotá, no lleva los paros a Cuba y suspende la negociación, hasta que exista garantía de que en “la calle” están los legítimos afectados, es decir, los productores agropecuarios arruinados y no los milicianos farianos que propician los desórdenes? Ahí está la clave. Pero el Gobierno prefiere subestimar el fermento real del malestar social y menospreciar la protesta pacífica. Un camino peligroso que le puede dejar sorpresas indeseables. A fin de cuentas sus anuncios de millonarias inversiones ya no convencen y es evidente la fractura de la confianza ciudadana. El Gobierno no escucha, no resuelve, no previene, interviene en forma torpe y tardía, promete pero no cumple y su tecnocracia acusa una parálisis insostenible. Ahí está la crisis del sector cafetero, los transportadores o los lecheros que llevan años, no meses, tratando de hacerse oír por las instituciones que, según el Presidente Santos, son el canal para resolver los disensos. Pero, claro, como no hay violencia no hay negociación, ni trámite efectivo de los derechos. Causa escozor la conclusión del Presidente frente al paro agropecuario: “No ha sido de la magnitud que se esperaba”, menos en las regiones donde las guerrillas activaron las vías de hecho para debilitar políticamente al Gobierno. A esos puntos violentos, no llegan los escuadrones del Esmad, sino los ministros. En Pasto, por ejemplo, se prohibió el ingreso de los lecheros a la mesa de concertación con los indígenas, cuando son ellos los que están atizando las refriegas y generando perjuicios a la economía regional. ¿Cuánto tiempo debe esperar, entonces, el sector productivo para que el Gobierno separe el grano de la paja, asuma la responsabilidad ante la problemática acumulada en estos años y dialogue con los actores legítimos? El precio de un paro prolongado, con bloqueo de vías y violencia rampante, es alarmante en Meta, Arauca, Boyacá, Risaralda, Nariño, Putumayo, Antioquia y Cauca. Sabe el Gobierno que el impacto de la eventual pérdida de la producción de café, arroz, papa, cebolla, leche, legumbres o frutas, no se sentirá únicamente en el campo y el bolsillo de los colombianos, sino en las cifras de la economía. Es hora de remontar en el desastroso manejo de la crisis y habilitar un ejercicio democrático, para atender los reclamos legítimos, sobre la base de que la autoridad no es negociable. En ese esfuerzo el Ejecutivo está obligado a sincerar el diagnóstico, para atender problemas comunes a los subsectores y, sobre todo, acabar con la arrogancia que discrimina y retalia en privado, pero en público esgrime un discurso demócrata y amplio. @jflafaurie