¿Qué Corte Constitucional queremos en Colombia?

¿Qué Corte Constitucional queremos en Colombia?

17 de Noviembre del 2016

La elección de nuevos magistrados de la Corte Constitucional (CC) no es asunto que le quite el sueño a los colombianos: pasa como si fuera algo menor en la vida política o como un forcejeo lejano por el poder, y no como un evento que en el largo plazo puede cambiar, para bien o para mal, el bienestar de los ciudadanos y el futuro institucional del país.  La CC nació con la Carta de 1991, y se le asignó la misión de guardar la Constitución e interpretarla a través de fallos de contenido jurídico más que político. Antes, la Corte Suprema de Justicia era la corporación encargada de interpretar la Carta Política en fallos que se producían de vez en cuando, ya que la Constitución de 1886 era una pieza política y jurídica centenaria, estable y, en cierta forma, menos compleja que la actual, imbuida del espíritu del nuevo constitucionalismo alemán y español.

La CC ha venido ganando terreno, no solo en relación con las demás instituciones de la  cúpula judicial, sino frente a las otras ramas del poder, hasta convertirse en decisora de grandes asuntos públicos y privados y copartícipe en la elaboración de algunas políticas públicas. Debe reconocérsele que gracias a una labor constante, reflexiva y coherente de muchos de sus integrantes, mediante sentencias de constitucionalidad y de tutela y otros actos complementarios —como son las órdenes que imparte a las ramas Ejecutiva y Legislativa y a particulares—, ha edificado un cuerpo de jurisprudencia sólido en muchos campos. Por ella han pasado algunos ilustres juristas, y ha contado con un cuerpo de magistrados auxiliares competente.

Pero en otras áreas la CC se ha excedido, invadiendo terrenos que no le pertenecen, con argumentos jurídicos fabricados a su conveniencia por ella misma. Cuando decide que existe un “estado de cosas no constitucional”  y profiere las denominadas sentencias estructurales se toma la atribución de ordenar al ejecutivo qué debe hacer para llenar los vacíos constitucionales que ella determina; o cuando el Congreso se abstiene de legislar sobre alguna materia donde la CC considera que debe aprobarse  alguna norma legal —por ejemplo en el caso de las parejas del mismo sexo, o del aborto, o de la eutanasia—, ordena al legislativo aprobar leyes para desarrollar la Constitución. Igualmente, mediante diferentes órdenes, ha decidido sobre temas presupuestales, como en el caso de los desplazados (sentencia  T-025, 04); o sobre asuntos económicos, como sucedió con la sentencia relacionada con el UPAC (sentencias C-383,99 y C- 700,99), o en el tema de salud (sentencia T 760, 08). Cuando el Congreso intenta tímidamente legislar en materias que amenazan el poder de la corporación, esta le señala que no puede hacerlo porque iría en contravía de “valores superiores del Texto Fundamental”  el cual es inmodificable.

Podría afirmarse que, en los pasados 20 años, la CC colombiana ha sido de predominio liberal, lo cual en sí no debe tomarse como una crítica, pues también hubiera podido ocurrir lo contrario, es decir, una corte mayoritariamente conservadora. Y aquí no nos estamos refiriendo necesariamente a los partidos tradicionales, sino a posturas filosóficas y jurídicas. Las cortes constitucionales, o las salas, cuando fallan o se pronuncian, suelen asumir una u otra postura, dependiendo principalmente de los miembros que la integran. En muchos aspectos, la Carta de 1991 tiene acento liberal, como por ejemplo cuando crea una nueva generación de derechos individuales y sociales, mientras poco se ocupa de los deberes ciudadanos; si esto es así, no debe ser motivo de extrañeza que la Corte, si interpreta cabalmente el espíritu liberal de la Carta, lo haga respetando esa línea filosófica. Entonces, cabe preguntar: ¿cómo fallaría una corte con sesgo conservador?

Pero más allá de la postura filosófica frente a los nuevos derechos, lo que más debe preocupar con el activismo judicial exagerado es que la CC se ponga por encima de las demás ramas del poder, rompiendo el equilibrio necesario para el ejercicio de los pesos y contrapesos que exige el régimen democrático, y como lo reconoce la doctrina, demarcando políticas públicas con desconocimiento de las limitaciones financieras de la Nación. Más grave aún resultaría que para ganar espacio, la entidad terminaría por politizarse, ahora sí en sentido partidista, o por entrar a un juego de poder autogenerado dentro de la Rama Jurisdiccional, una especie de endogamia, con la irrupción de camarillas o grupos, en donde interactuarían las demás cortes. Esta politización demeritaría a la Rama Judicial, y como todo clientelismo, terminaría seleccionando a personas que no merecen el honroso título de magistrados.

Los medios de comunicación,  dedican centenares de columnas y comentarios al proceso de paz y poco se han interesado por analizar el significado de los cambios que  tendrán lugar en la recomposición de la CC, aunque algunos de ellos vienen denunciando las maquinaciones clientelistas detrás de la elección de nuevos magistrados. En los próximos meses, deberán salir por cumplimiento de sus períodos la actual presidenta María Victoria Calle y los magistrados Jorge Iván Palacio, Gabriel Mendoza y Luis Ernesto Vargas; y por el proceso judicial en su contra, Jorge Pretelt. Se deberá reemplazar  no  uno ni  dos, sino cinco miembros, es decir, la mayoría de una corporación integrada por nueve togados.

No solo en nuestro país se “cuecen habas”, también en las naciones más desarrolladas políticamente. Precisamente, los resultados de la elección reciente en Estados Unidos activan el debate sobre el reemplazo del juez Antonin Scalia, fallecido hace poco: desde hace casi un año, el Senado tiene frenada esta decisión, al no considerar la nominación de Merrick Garland por provenir de un presidente demócrata. Ahora, con el doble triunfo republicano —presidente y Congreso—, este partido designará en los próximos cuatro años no solo al sucesor de Scalia, sino a otros juristas de inclinación conservadora.

El actual rector del Externado y exmagistrado Juan Carlos Henao ha defendido la tesis que predica que el juez constitucional debe ser  actor de las políticas públicas[1] dentro de ciertas condiciones, como cuando actúa  en su calidad de gestor de acciones de inconstitucionalidad, o al fallar tutelas, en lo que él denomina actos de “justicia política” —por encontrar que existe un “déficit de implementación de la Constitución”—, o cuando algún órgano del poder pretende sustituir la Carta en sus postulados fundamentales. Otros expertos consideran que el juez constitucional no es competente para legislar, y menos para administrar, además de que su origen no es popular sino por elección indirecta. La discusión continúa y es del mayor interés.

Frente a las situaciones lamentables que han empañado la confianza en la CC por la presunta conducta de algunos de sus miembros, y por las noticias sobre juego e intereses clientelistas al interior de las cortes, debería existir un clamor nacional para aprovechar la circunstancia de la recomposición de aquella, con el fin de elegir magistrados probos, independientes y honorables. Es el momento para escuchar los conceptos de entidades como la Corporación de Excelencia en la Justicia y De justicia,  y que las escuelas de Derecho opinen sobre los nominados y ejerzan presión ciudadana para que en esta ocasión se terne a los mejores y el Congreso actúe pensando en el futuro de la nación por encima de pequeños intereses parroquiales.

Regreso a la pregunta del título: ¿qué Corte Constitucional queremos los colombianos? ¿Una corporación independiente de los demás poderes y de las corrientes políticas, que anteponga los más altos intereses de la nación, y las reglas de la ley a ideologías o corrientes políticas? No me hago ilusiones, a la opinión pública poco le importa cómo esté constituida la CC, qué tendencias tengan sus integrantes ni la calidad de los candidatos a tan alta magistratura. ¡Que la suerte nos acompañe!

[1] Revista de Economía Institucional, vol. 15, n.o 29 (2013), pp. 67-102

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