¿Quién defiende a los contratistas por servicios?

9 de abril del 2015

¿Primas, cesantías y vacaciones? Son lujos exclusivos para quien tenga un contrato laboral.

Los miles de profesionales que trabajan para el Estado a través de contratos por prestación de servicios están sometidos a terribles abusos no por la falta de normas claras , sino por falta de voluntad política de su mayor contratante.

Cuando un contrato por prestación de servicios termina se suman tres tragedias muy delicadas para estas personas: les toca “regalarse” mientras el jefe de turno (llámese ministro, jefe de contratación, director de departamento, gerente) autoriza las renovaciones. Si no hay nuevo contrato, nadie responde por este tiempo dedicado a la entidad, y si llegan uno nuevo, el tiempo trabajado no es reconocido porque es un hecho cumplido.

Es un periodo en el que no hay protección en salud porque como no hay contrato, no hay pago, están desprotegidos. No hay ingresos y las familias viven días de tensión y angustia porque las obligaciones alimentarias, de servicios públicos, bancarias, estudiantiles, impuestos y demás, no dan espera. Es decir, los contratistas por prestación de servicios tienen, al año, una temporada en la que se convierten en ciudadanos de peor clase a instancias del Estado, precisamente su empleador. Primas, cesantías, vacaciones? Son lujos exclusivos para quien tenga un contrato laboral. No hay derecho!

Quede claro que por contratistas no me refiero a los que logran negocios multimillonarios en las entidades del gobierno de turno, en las Altas Cortes, en los organismos de control o en el Congreso de la República y que en muchas ocasiones son cuotas para ‘enmermelados’. No, mi preocupación y solidaridad es con esos profesionales, la mayoría en una edad en la que están criando familia los que se ven sometidos a esta especie de humillación laboral.

Los casos dan vergüenza en un país en donde el gobierno saca pecho  por la supuesta disminución del desempleo, pero no repara en esta otra agonía.

Es el caso de Diana Milena Carrillo ( Q.E.P.D ), de 25 años de edad, graduada como Tecnóloga en Gestión Documental y vinculada bajo esta nefasta figura de contrato por servicios en el Ministerio de Agricultura por un millón trescientos mil pesos mensuales. Cuando se le acabó el contrato al final del año debió trabajar gratis, le retiraron la protección en salud, se enfermó, nadie salió en su ayuda, y murió ante su familia impotente. Es terrible, y el Estado ha guardado silencio cómplice.

Para que exista un contrato laboral, se deben cumplir tres condiciones: Subordinación, Remuneración y prestación personal de la labor. Teniendo en cuenta lo anterior, un gran porcentaje quizás más del 80%, de las personas contratadas por prestación de servicios cumplen con las tres condiciones del contrato laboral.

Es urgente que se haga justicia para tantas personas que llevan hasta 20 años trabajando por contrato de prestación de servicio con el estado, este sector de trabajadores que suman más de 170 mil en todo el país, mientras que hay algo más de 100 mil de planta.

Los contratistas por prestación de servicios son una pieza clave en el engranaje de la maquinaria estatal. No son nóminas paralelas. Son el refuerzo técnico y profesional de todas las entidades de gobierno. No se entiende porque a sabiendas de esta realidad , de que las plantas de personal de las instituciones son insuficientes, nada se hace por reestructurar las instituciones con el fin de legalizar las vinculaciones de estos trabajadores.

La suma de iniquidades es notoria, pero no se habla de ello, es tabú. Estamos ante un sector acosado por la debilidad de la normas y el Estado es indiferente, claro está, que no es el único caso en el que la desigualdad cabalga por el lomo de la politiquería.

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