Reforma a la injusticia y referendo constitucional revocatorio

15 de junio del 2012

A la fecha, la llamada reforma a la Justicia aparenta haber sido morigerada en algunos de sus componentes, pero en realidad es un Caballo de Troya que resultará letal para el país. Una vez aprobada total o parcialmente, no estaremos frente a una reforma sino a una nueva Constitución Política oscurantista, medioeval; añoraremos entonces las […]

A la fecha, la llamada reforma a la Justicia aparenta haber sido morigerada en algunos de sus componentes, pero en realidad es un Caballo de Troya que resultará letal para el país. Una vez aprobada total o parcialmente, no estaremos frente a una reforma sino a una nueva Constitución Política oscurantista, medioeval; añoraremos entonces las conquistas pírricas de la Carta de 1886.

A última hora tratan de introducirle a la reforma a la Justicia la idea de un juez y un tribunal para cada municipio como la justificación de una contrarreforma imperdonable, que solo pretende sobornar la propia voz cantante de la base de la rama judicial, como lo hicieron exitosamente los legisladores con los magistrados a quienes después de alargarles su periodo y extenderles la edad de retiro forzoso jamás se les oyó discrepar. Incluso el presidente de la Corte Suprema llegó a decir que la reforma beneficiaba a la ciudadanía, lo cual es absurdo pues esta no es una reforma a la Justicia, sino una reforma política que pretende sentar las bases de impunidad que tienen en la mira cambios al Estado y recortes a las libertades públicas aún peores.

Los aducidos recortes de la reforma a “la Justicia”, por el contrario, desenmascaran los llamados “puntos de honor” del Gobierno nacional en su silenciosa alianza con Uribe el propio Gaviria y Samper por obtener un marco jurídico insostenible, pero cuyo precio lo pagará la nación toda con más impunidad, y exclusión, pues en adelante la Justicia estará con los ojos desvendados y lista para el mejor postor, rendida a las conveniencias del voraz sector financiero.

Ni siquiera se concibe en la “reforma” un marco normativo de transición claro; hay por ejemplo acciones de pérdida de investidura para fallo, y no se sabe si de aprobarse la reforma tendrán que volverse a iniciar, o esperar la reglamentación e implementación de la reforma para su fallo, y ni qué decir de las causales cuando se pretende eliminar parte nodal de las mismas.

Con el pretexto de la doble instancia como garantía para los juicios contra altos servidores del Estado, se ha entronizado un sistema judicial que los coloca por encima de la ley, sin haber siquiera abordado los problemas reales de la Justicia, pues tampoco lo pretendían; esta es pues una reforma política disfrazada de reforma a la “Justicia”.

Este giro del Congreso no ha sido gratuito, en ello ha contado la protesta de los funcionarios de la rama judicial, que desde el viernes pasado vienen realizando jornadas de suspensión de actividades. En Bogotá más de 300 juzgados de familia, civiles municipales y civiles del circuito, entre otros han estado cerrados al público, adelantándose jornadas de reflexión y análisis sobre la reforma, en las cuales les hemos venido acompañando, junto con la jornada frente al Capitolio del miércoles anterior, así como pronunciamientos de organizaciones sociales calificadas que han mostrado cómo el mayor mérito de la reforma sería su archivo.

Sin embargo, contamos con un referendo constitucional derogatorio como el mecanismo ciudadano único, con fuerza legal, que no pasa por el Congreso, para contener la peor y más letal de las múltiples reformas introducidas a la Constitución del 91. Tras la aprobación de esta reforma es claro que la Constitución del 91 ha dejado de existir.

Quienes deseen vincularse al proceso de recolección de firmas para contener la contrarreforma a la Justicia, bienvenidos. A quienes ya lo han hecho nuestra hora cero es la aprobación de la reforma.

Posdata

La E.A.A.B.: avanzando en la democratización de la contratación

El gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Diego Bravo, con el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación, optó por reordenar el curso del proceso contractual relativo a la construcción de obras de rehabilitación de un largo trayecto de tubería que abastece gran parte de la ciudad, en la misma dirección que lo había solicitado la Red de Veedurías-Red Ver, y la administración de Clara López. Lo que resultaba sorprendente es que el Comité Asesor extrañamente había sugerido al gerente habilitar a un proponente que ponía en riesgo la obra tras no cumplir la exigencia de experiencia específica requerida. Esperamos que la ejecución de la obra dé cuenta de la importancia de un proceso de selección cuidadoso y prologando como el que le ha precedido, y satisfaga las grandes expectativas públicas alrededor del mismo.

Condena a los Nule subraya la necesidad de ir por Gómez, Dávila, Tapia, Iván y Samuel Moreno…

La condena contra los Nule nos da la razón respecto de la cuasi impunidad de que gozan los otros capos del cartel de la contratación en la ciudad, a lo que referimos en varios medios de comunicación la semana pasada, y que El Espectador titulara “¿Se descarriló el carrusel de Bogotá?”. En efecto, mientras el Tribunal Superior les duplicó las penas a los Nule, la Fiscalía General parece más bien un escudero de oficio de Julio Gómez, y su cuestionada familia en la red hospitalaria distrital, de Álvaro Dávila –a quien le permitió disolver y liquidar su sociedad conyugal, para quedar insolvente frente a los perjuicios causados–, y de Emilio Tapia, contra quienes las pesquisas, e imputaciones por múltiples conductas punibles están en el congelador. Y qué decir de Samuel e Iván Moreno en sus muy cómodas condiciones de privación de la libertad. Esperamos igualmente las mismas condenas contra estos últimos, pero la Fiscalía no avanza, o mejor parece no querer avanzar.

¿La Corte Constitucional y Contralora promueven la inaplicación de fallo sobre carrera administrativa?

Extrañamente la magistrada de la Corte Constitucional María Victoria Calle Correa, me comunicó la semana pasada, en un escrito con fecha “mayo de 2012” , que la sentencia C-284 de abril del 2011, “ha sido objeto de varias correcciones, a la fecha se encuentra en firmas” y que “la Secretaria General… cuando el trámite culmine se encargará de comunicarla”. Sin embargo, se le recuerda tanto a la H. Magistrada como a la Contralora General, que al tenor del escrito que me enviara el presidente de esa misma Corporación, magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, el 18 de abril de 2012, los efectos de los fallos de constitucionalidad son a partir del día siguiente de su adopción, 13 abril de 2011 “independientemente de la fecha de su notificación o ejecutoria” –según reiterada jurisprudencia– Inclusive el Presidente de la Corte en ese mismo escrito reiteró como la vigilancia del incumplimiento de los fallos es competencia del Procurador General por lo cual solicitó su intervención.

Frente a lo anterior resulta injustificada la actitud de la Contralora General, quien ha rehusado su acatamiento aduciendo la falta de notificación de tal sentencia, dilatando la convocatoria pública a concurso de méritos para proveer cargos de carrera administrativa –director grado tres–, que son nada menos que treinta, con una asignación superior a los 12 millones de pesos mensuales.

Por lo anterior no resulta claro el propósito de la comunicación de la magistrada Calle Correa, ni cómo ella se sincroniza con la inconsistente argumentación de la Contralora para posponer la convocatoria a concurso de méritos. Aparte de lo anterior, consideramos escabroso que la propia Corte Constitucional, según la magistrada, se tome más de un año para “recoger firmas “y “corregir” un fallo ya adoptado.

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