El conejo a las Recusaciones: desequilibrio de poderes y otros males

24 de mayo del 2015

“A la reforma le colgaron tantos cambios que la echaron por el suelo.”

Se le plantea al país una reforma de la Constitución sobre asuntos políticos y de reforma a la justicia pero es tan importante el cómo, como el qué. El debate jurídico sobre impedimentos y recusaciones que planteamos podría viciar el componente  judicial de la propia reforma que pasó del orangután de la reforma del 2012 que tumbamos, a un conejazo de la actual en el Congreso.

La  reforma, mal llamada de equilibrio de poderes, que pese a contener algunas reformas necesarias, terminó  siendo una colcha no solo de retazos sino de rotosos, o mejor un arbolito de navidad al que le colgaron tantos cambios que lo terminaron echando prácticamente por el suelo: senadores regionales, ministros congresistas…inviolabilidad de las decisiones judiciales… inhabilidades para el fiscal y magistrados de solo un año…  una mixtura ácida que no tuvo el debate nacional suficiente y cuando el país apenas empieza a entender de qué se trata ese complejo maremaganun de tecnicismos prácticamente la misma aprobada a pepitazo limpio. La discusión de fondo sobre la reforma a la justicia y el modelo de administración o acusación careció del análisis de fondo con el conjunto de actores de la rama y la sociedad civil, pese a que la reforma a la justicia del año 2013 dejo un sabor amargo, no se construyó una propuesta colectivamente.

Pese a que la reforma contiene elementos valiosos como la eliminación de la reelección -la presidencial se caerá por la nulidad en su expedición tras la condena de los ministros Pretelt otro Pretelt-,y Diego Molano, sumada la Yidis Medina y Teolindo Avendaño-, la silla giratoria, “yo te elijo… tú me elijes”, la supresión de las funciones nominadoras o electorales de las cortes como es la participación en la elección de registrador, procurador y contralor.

Conejazo, zancadilla  Constitucional vs. Gorilazo, a ley  del más  fuerte

Nadie duda de la necesidad de eliminar la Comisión de Acusaciones pero ¿quien asegura que incluso la Comisión de Aforados no pueda ser peor?, en un país  donde todo es susceptible de empeorar hasta trasfondos insondables sobre los que trágicamente dan cuenta nuestro propios infamantes “muladares de la historia”.

Es en Colombia hoy por hoy más importante el quién que el qué… quienes integran la Comisión de Aforados o quienes administran la Rama judicial a futuro será muy importante… particularmente donde no existe una colegiatura seria de abogados, donde pulula una fragmentada participación de funcionarios jueces y magistrados en sus organizaciones gremiales, donde los estamentos de control judicial son pocos y muy afectos a las “mieles del poder”, donde no existen  verdaderos tanques de pensamiento, los cuales generaron el generalizado aspaviento que constituye todo el armazón institucional que pese a todo cada vez menos responde a las necesidades del ciudadano de a pie, ni pretende hacerlo.

Recusaciones e impedimentos éticos y legales: ¿Es ética y legalmente  legítimo este Congreso para hablar de justicia?

¿Quienes pretenden reformar el Estado en sus componentes políticos y especialmente de justicia son las personas indicadas, son estos los parlamentarios más llamados a realizarla?

Un Congreso que le hace caso a Olga Claros, la Fiscal Delegada la lobista del Fiscal Montealegre – que denunciamos formalmente ante Procuraduría y al tribunal de abogados- en cuya lista está hasta el parlamentario del Polo, Iván Cepeda, junto con Horacio Serpa quien participaron en la “vaca” para “no dejar al Fiscal sin lo del mercado¨ así como otros … parlamentarios para restringir la inhabilidad para litigar es claro indicio de lo que ocurre con quien sus habilidades para el litigio quedaron al descubierto  en sus relaciones con Saludcoop que documentamos en el libro recientemente lanzado “Megacartel de la Salud: Saludcoop, Palacino y el Fiscal Montealegre… El desfalco más grande en la historia del país”.

Cuando uno se pregunta quienes son los congresistas que hacen esta reforma se encuentra con que no menos de 76 están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia, y que hay otros que lo son no solo por esta sino por el Consejo de Estado en proceso de nulidad electoral como Jaime Buenahora, presidente de la Comisión Primera de la Cámara, donde se acaba de aprobar la misma, o por perdida de investidura como Claudia López, o Angélica Lozano, cuyo papel clave en la apertura de la reforma hacia temas de interés nacional  no deja  de rayar con el conflicto de intereses en el que han transitado, participado y votado durante ocho los siete debates  la reforma a la Justicia.

Carrusel de los impedimentos: “Yo no te declaras impedido…y tú no me declaras impedido”

En la entrevista de Claudia Palacios para CM&, expresamos como la importancia del procedimiento de reforma y el respeto material y no solamente  formal del conflicto de intereses es más importante que la reforma misma. Recordemos que la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad por sustitución –golpe de estado, fraude a la Constitución- del acto legislativo 1 de 20111, según el cual el conflicto de intereses no operaba para reformas a la Constitución.

No basta por lo mismo que los congresistas se hubieren algunos, no todos, declarado impedidos, y que ellos mismos decidieran unos  con otros negarse los impedimentos sin ningún análisis como consta en las Gacetas del Congreso que recogen la memorial de las sesiones respectivas.

La defensa del interés general y su primacía así como la imparcialidad o desafectación de intereses netamente personales a la hora de decidir sobre asuntos cruciales para el país, es protegida por el conflicto de intereses serio y juicioso, de fondo, que hasta la fecha solo ha sido formal.

La reforma puede tener otros  vicios. Por lo que buena parte de ese articulado puede caerse más adelante, y terminar varios legisladores procesados ante el Consejo  Estado por pérdida de investidura o acciones penales ante la Corte Suprema, pero lo que no se puede aplazar es el examen del trámite de las recusaciones, que son una especie de examen preliminar sobre un asunto central en el tramite  reformatorio  que realice el congreso.

Su amparo es necesario entonces efectuarlo por vía  de la acción de tutela, dado que el trámite  a la recusación planteada por la Red de Veedurías obligaba la suspensión del debate hasta tanto no se fallara de fondo, se practicaran las pruebas respectivas, derivando en la invalidez de lo actuado en la semana pasada dentro del 7º debate por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes del llamado equilibrio de poderes, especialmente en lo relativo al componente de justicia.

El mayor  equilibrio de poderes comienza por el respeto ético y legal del procedimiento que se emplea por el Congreso de la República para reformar la Constitución, y particularmente de la pulcritud ética y jurídica de quienes como congresistas se disponen a efectuarla. ¿Congresistas legalmente cuestionados acaso no están en un conflicto de intereses jurídico y especialmente ético para decirnos  que tipo de justicia debemos tener y que tipo de instituciones judiciales demanda el país? ¿Acaso no es esta una tarea exclusiva o privativa de quienes no tienen ningún interés directo en beneficiarse de los resultados de la reforma, o perjudicar o diezmar a sus jueces, precisamente por no contar con  investigaciones penales en su contra, y así anteponer el interés general?

Otras lupas:

Auditoría Genera: mico a la sombra del conejo

A la sombra del trámite  del mal llamado Equilibrio de Poderes  se está introduciendo subrepticiamente otro factor de desequilibrio mediante la ampliación del periodo de la actual auditora  general, cuya repetición de periodo no ha sido incluido en la lista de funcionarios con prohibida  reelección. Se trata de una reforma  que de paso había  sido negada por la Corte Constitucional, y que el propio Gobierno Nacional había  anunciado la eliminación de la Auditoria, entre otras razones por austeridad del gasto público, sumado a la colosal inoperancia de dicha entidad, y la consabida duplicidad de funciones con la Contraloría General que vigila a las mayormente inoperantes y ruedas sueltas que definen las contralorías territoriales.

@pablobussanc

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