Muchas perspectivas y expectativas se plantearon los simpatizantes de Santos al iniciar su gobierno, y pues no era de esperar, sus anuncios lo dejaron como el maquinista de la gran locomotora Colombia. Los de reactivar la minería permitiendo de algún modo “acceder” a Santurbán hicieron opacar un poco el tren de los minerales; por el otro lado, el tren de la infraestructura se paralizó y hoy este gobierno no tiene obras fuerza que destaquen su gestión en infraestructura. En fin, sólo promesas. A esto se suma el adefesio y falacia de “reforma” al sistema de administración de justicia, un proyecto de acto legislativo lleno de desparpajos y paradigmas excluyentes que hacen inviable el servicio público de acceso a la justicia, servicio y valor indispensable de una sociedad organizada que pretende desarrollarse en todo sentido, en pro de la concordia para construir, entre otras, la paz que tanto anhelamos los colombianos.
Quiero referirme a los puntos críticos que, desde mi perspectiva como abogado, encuentro como despropósitos con la Justicia. El primero es la modificación del artículo 116 de la Constitución Nacional con el que se pretende nada más y nada menos que “trasladar” a particulares funciones jurisdiccionales, funciones de administrar justicia con la premisa errónea que hay que descongestionar los despachos judiciales; y aún más grave que a título “gratuito” se le pretende imponer facultades jurisdiccionales a particulares, entiéndase ello investir a un grupo de abogados de los 210.000 que están inscritos, con las mismas calidades de juez de la república para fallar diferentes procesos. ¿Usted se imagina los intereses que podrían mover si casos importantes llegasen a caer en manos de abogados inescrupulosos? ¿Estaría de verdad respetándose el principio constitucional de gratuidad de la justicia?
Más grave aún, lo que trae la reforma es la ampliación de periodos para magistrados de altas cortes. Pues ya no tendrían tales periodos de 8 años, la reforma pretende que ellos estén “atornillados” al cargo 12 años, y con una perla: la edad de retiro forzoso ya no serían los 65 años sino 70. ¿Será que una reforma de este tipo nos dará un puesto más digno entre las economías medidas en eficacia de administración de justicia? Lo digo por aquello que nuestra calificación no es que sea poco vergonzante, somos el puesto 149 entre 183 países medidos, tenga usted como referente que para que le fallen una controversia contractual de menor cuantía, la administración de justicia demora cerca de 1.300 días.
Como conclusión podría afirmar que si al gobierno le preocupa mucho el represamiento de los 2 millones 500 mil procesos quietos hay otras caminos, diría yo, para garantizar administración de justicia, celeridad, gratuidad, igualdad en el acceso a la justicia; que pretender descongestionar esos 2 millones de procesos, asignándole tales a abogados en ejercicio sin ningún vínculo con la rama judicial y sin ningún tipo de remuneración. Téngase en cuenta que cerca del 52% de estos procesos son de ámbito civil, donde están intereses económicos de ciudadanos de a pie que lo único que buscan es recuperar activos, encontrar justicia frente a sus intereses económicos y encontrar en el Establecimiento un foro real que administre justicia.
