Retos del nuevo MinDefensa

El nuevo Ministro de la Defensa, doctor Luis Carlos Villegas, encuentra un difícil panorama en materia de seguridad en el país que supone una minuciosa revisión de los planes de acción que se llevaron a cabo durante los últimos años bajo la administración de Juan Carlos Pinzón. Con respecto a este último, vale la pena decir que Pinzón fue un ministro aguerrido en la comunicación, responsable en la rendición de cuentas ante el legislativo y decente en el proceder. Se reconoce su sincero afecto hacia las Fuerzas Armadas, y de igual manera el profundo conocimiento que tuvo de las mismas. También su empeño y liderazgo en la aprobación del fuero penal militar en el Congreso, y de proyectos importantes como el acuerdo de cooperación militar con la OTAN que fue recientemente tumbado por la Corte Constitucional, por supuestos vicios de trámite en la aprobación en el legislativo. A pesar de lo anterior, las cifras en las que se encuentra el estado de la seguridad del país no son nada alentadoras. El más reciente informe de abril de 2015 sobre de Logros de la Política de Seguridad y Defensa para la Prosperidad (PISDP) del Ministerio de la Defensa, presenta varias cifras en rojo en temas neurálgicos para el orden público del país que merecen todo el examen del Congreso y la opinión pública, y por supuesto, correctivos urgentes por parte del nuevo jefe de la cartera de defensa. Vale la pena mencionar, que las cifras presentadas a continuación se examinan respecto a 2010, año en el que el presidente Uribe terminó su mandato. Se hace de esta manera, pues es importante resaltar que desde la llegada del presidente Santos a Casa de Nariño, el país ha sufrido un serio retroceso en materia de seguridad. Si bien es cierto que ha habido avances en temas trascendentales como la disminución del homicidio en el país el cual pasó del 34% en 2010 a 28% en 2014, los temas en rojo son muchos más. Según el informe del Ministerio de la Defensa, el hurto común aumentó durante los últimos 4 años en 48%; el hurto al comercio en 66% y el hurto a personas en 53%. Esta primera tanda de resultados demuestra que el accionar de la delincuencia común ha aumentado y por lo tanto, que hay falencias en la estrategia de seguridad urbana, en donde ocurre la mayoría de los mencionados delitos. ¿Hace falta más cámaras de seguridad? ¿está operando correctamente la denuncia ciudadana? ¿ha funcionado el Plan Cuadrantes de la Policía Nacional? Sigamos con un tema crítico que debe prender todas las alarmas. La extorsión en el país ha aumentado 261% durante los últimos 4 años, cifra preocupante que puede ser mayor pues no se tiene claro cuánto puede ser el subregistro en este tema, debido a que no toda extorsión es denunciada a las autoridades por miedo a represalias por parte de los criminales. ¿Qué ha pasado con este dramático incremento? Es importante mencionar que la cifra presentada abarca tanto a guerrillas, BACRIM y delincuencia común, también es necesario decir que en muchos casos los 3 grupos actúan en conjunto en diferentes regiones del país, como una especie de dragón con varias cabezas. Decíamos entonces que en el país hay menos asesinatos, pero mucha más extorsión, esto demuestra un cambio operativo de la criminalidad, un proceder más sofisticado, menos violento en la práctica, pero más agobiante para el ciudadano que tiene que pagar a la delincuencia para poder vivir tranquilo; una tragedia silenciosa para miles de colombianos. Pasemos al capítulo sobre el terrorismo. Durante los últimos 4 años, los ataques terroristas se han incrementado en un 62% hasta abril del presente año. La cifra debe ser mayor, pues mayo y junio de 2015 han sido los meses de la reactivación operativa de las FARC, tras la ruptura del supuesto cese unilateral al fuego. El impacto económico del terrorismo se sentirá en la economía y el medio ambiente, puesto que adicional a los bajos precios del petróleo y del estancamiento en la producción colombiana, ahora debemos sumar los miles de barriles que se han dejado de producir o transportar por ataques a la infraestructura petrolera o por el vertimiento obligado a los transportadores de crudo. Ni hablar del impacto ambiental, el cual tardará casi dos décadas en ser curado en departamentos como el Putumayo por el infame accionar de las FARC. Para terminar, examinemos las cifras sobre desmovilizados y miembros de grupos armados al margen de la ley (GAML) muertos en combate: De 2010 a 2014 hubo una reducción en 49,9% de las desmovilizaciones individuales, al igual que una reducción del 40% durante este mismo periodo de bajas a miembros de estos grupos. Las anteriores cifras demuestran desaceleración en la operatividad de nuestra fuerza pública, pues hay menos desmovilizados y menos muertos en combates de los grupos armados ilegales. ¿Por qué insiste el gobierno en que la guardia no se ha bajado? Las cifras demuestran lo contrario. Los retos para el nuevo Ministro de la Defensa son enormes, la seguridad del país está en mal estado y por lo tanto es urgente que se revise lo que no ha funcionado y  se corrija el rumbo. No es sano en este orden de ideas que se siga hablando de un nuevo ministro para el postconficto. ¿Cuál postconflicto? No es serio que el Presidente de la República hable en estos términos de Colombia cuando la situación del país es tan diferente a la expuesta en los discursos internacionales. Ojalá el nuevo Ministro quiera a la fuerza pública como lo hizo su antecesor y ponga freno al aumento de la inseguridad del país. Dejemos el tema del postconflicto para cuando se haya corregido lo anterior. Post Scriptum: Perdió el país con el hundimiento en el Congreso del proyecto de ley que habilitaba a las Fuerzas Militares para combatir a las BACRIM. Se hundió por falta de interés del gobierno y ausencia de parlamentarios en la Cámara de Representantes. @FedericoHoyos