Ruleta rusa

12 de marzo del 2019

Opinión de Maria Fernanda Rojas

Ruleta rusa

Por segunda vez en menos de un mes, Bogotá pasó un fin de semana en alerta por la mala calidad del aire, con una serie de medidas que no atacan el fondo del problema y, por el contrario, sus efectos reales son dudosos. En la primera ocasión, a mediados de febrero, se implementó la restricción de pico y placa para vehículos particulares, se recomendó el uso de tapabocas y evitar las actividades físicas en algunos sectores de la ciudad. Ese fin de semana, según Fenalco, se vio disminuida la actividad comercial en promedios superiores al 40 por ciento, siendo los más afectados restaurantes, parqueaderos, talleres de servicios y centros comerciales.

Superada la emergencia, la ciudad volvió a su actividad regular y no se conocieron decisiones de fondo de la administración para abordar el problema de la calidad del aire. Por el contrario, las señales que envió el Distrito fueron de no estarse tomando el tema con la suficiente seriedad. Por ejemplo, la semana pasada se conoció un estudio que concluye que a una persona le bastan 140 minutos en Transmilenio para ingerir toda la contaminación que, según la evidencia científica actual, debe tolerar un ser humano en 24 horas.

El estudio fue realizado por el grupo interuniversitario Calidad del Aire, conformado por investigadores de las universidades Nacional, Los Andes y La Salle. Confirmó los resultados tanto de estudios anteriores como de mediciones independientes que durante los últimos años han realizado ciudadanos como el ingeniero Daniel Bernal y el médico Gonzalo Díaz. Sin embargo, hasta el momento, la administración ha desestimado los resultados de estas investigaciones.

Por ejemplo, durante las discusiones que lideré exigiendo movilidad cero emisiones en la nueva flota de Transmilenio, el alcalde Peñalosa defendió la compra de vehículos diésel afirmando: “Hay una mejora enorme para la calidad del aire de Bogotá. Aquí lo que tenemos hoy operando son buses con tecnología Euro II y vamos a pasar a buses con tecnologías Euro V y VI, donde el 41 por ciento serán de gas”. Así, el Alcalde desperdició la oportunidad de cambiar el diésel cancerígeno por tecnologías limpias.

Una posición igual de despreocupada ante el problema ha mostrado el secretario de salud, Luis Gonzalo Morales. En respuesta a un derecho de petición a mediados de febrero, Morales escribió: “estudios han indicado que la contaminación del aire per sé no es un factor causal directo de enfermedad o mortalidad (…)”. No cita el secretario los estudios que dan base a su afirmación, pero concluye: “actualmente no se tiene establecido un umbral por debajo del cual no se afecte la salud, por lo cual no es posible establecer afectación directa asociada a la calidad del aire”.

Preocupa que el funcionario a cargo de cuidar la salud de los bogotanos, en sus declaraciones parezca no estar dando importancia a la abundante literatura científica, normas nacionales y recomendaciones internacionales relativas a la contaminación del aire. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene definidos desde el año 2005 una serie de valores guía sobre la concentración de contaminantes en el aire a los que deben aspirar los gobiernos.

En Bogotá, el estudio “Contaminación atmosférica y enfermedad respiratoria en niños menores de 14 años en Bogotá” (Solarte, Caicedo y Restrepo) determinó: “El número total de consultas por enfermedad respiratoria en niños menores de 14 años está asociado con la concentración de PM10 en los días precedentes. Un aumento de 10 μg/m3 en la concentración de PM10 produce un aumento de por lo menos el 8 por ciento en el número de consultas por enfermedad respiratoria en los niños menores de 14 años”.

En este mismo sentido ha llamado la atención el Departamento Nacional de Planeación, que estableció que en Colombia la mala calidad del aire es una de las principales causantes de costos en la salud asociados a la degradación ambiental. Solo la contaminación del aire correspondería a $15,4 billones de pesos. De igual forma, el Conpes 3943, para el mejoramiento de la calidad del aire (2018), establece que: “dentro de los efectos en la salud asociados a la contaminación del aire se encuentra la inflamación y disminución de función pulmonar, aumento de casos o síntomas de asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), mayor morbilidad y mortalidad respiratoria y cardiovascular”.

El fondo de todo este debate debe girar en torno a las decisiones que deben tomarse frente a una crisis ambiental que amenaza con convertirse en parte del paisaje. La ciudad contaba con un Plan de Descontaminación del Aire desde 2010 cuyas metas quedaron en el aire. El alcalde Peñalosa mediante el decreto 335 de 2017 eliminó algunas de las medidas para reducir la contaminación (como filtros obligatorios para motores diésel) y estableció que la ciudad necesitaba actualizar su estrategia de descontaminación. Casi dos años más tarde, tal tarea sigue inconclusa. Esto quiere decir que estamos mal, y ni siquiera sabemos para dónde vamos.

Todo esto pone en evidencia que estamos ante un problema de enormes dimensiones, y negar su existencia en contra de la evidencia científica no parece la mejor de las estrategias. Con su actitud la Alcaldía ignora premisas básicas como los principios de precaución y prevención, ampliamente desarrollados en la jurisprudencia colombiana. Los ciudadanos no pueden subirse a Transmilenio confiando en el azar para encontrarse en el afortunado porcentaje de personas que logran mantenerse sanas, a pesar de la mala calidad del aire. Y la política pública de salud no puede consistir en pedirle a los ciudadanos que jueguen a la ruleta rusa todos los días.

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